En estos días asistimos al debate del proyecto de presupuesto y ley tarifaria para el año 2021 enviado por el Jefe de Gobierno porteño. En un informe que realizamos para la Fundación Urbe, dirigida por el legislador Juan Manuel Valdés, puntualizamos que, tomando como año base el 2007 (aún el PRO no gobernaba la CABA), y descontado el efecto de la inflación, el gasto público en cultura y en administración fiscal cae, mientras que en relación al PBG, en las funciones de salud, educación y servicios urbanos se presupuestan para 2021 guarismos similares a los de diez años atrás.

Resulta preocupante el desfinanciamiento al Programa de Fortalecimiento a Grupos Comunitarios (comedores). El monto para 2021 es de 8.187 millones pesos (13 por ciento más en términos nominales, pero con inflación prevista de 29 por ciento para 2021, representa una caída real del 12 por ciento).

La estrategia del gobierno capitalino apuesta a conseguir más recursos para compensar la pérdida de los fondos de la coparticipación federal, otorgados en exceso desde 2016 por Macri, pero ahí también se ve la marca en el orillo: buscan recaudar 7.700 millones de pesos gravando con el impuesto a los Sellos a las compras con tarjetas de crédito (se usa la excusa que existe en ocho provincias, incluida Buenos Aires).

De aprobarse, las consecuencias serían: a) afectará el poder adquisitivo de los porteños que realizaron operaciones con “Ahora 12 y 18”, con tres meses de gracia, y verán sumado en sus resúmenes el nuevo impuesto; b) desincentivará el uso de ese medio de pago, algo que iría contra la bancarización de las operaciones y c) aumentará el precio de los bienes y servicios abonados de esa forma.

Existen otras fuentes de financiamiento, subexplotadas hasta ahora, para obtener más recursos. En el impuesto inmobiliario/ABL y en las patentes de Automotores (en conjunto) se podrían captar 11.272 millones de pesos adicionales. ¿Cómo hacerlo?: ampliando la cantidad de tramos y la escala de alícuotas en ambos tributos con un esquema similar al que tiene la provincia de Buenos Aires.

La escala máxima del inmobiliario alcanza a propiedades desde 1,2 millones de pesos de valor fiscal, que abonan una suma fija de 6.300 pesos más un 0,70 por ciento por el monto que excede el límite. De aplicar a esos casos una escala creciente, más progresiva que la actual, donde las propiedades que superen los 5 millones de pesos (32.043 según la AGIP) pagasen 55.900 pesos más el 2 por ciento por el monto que exceda ese límite, se podría aumentar la recaudación del inmobiliario en 4.425 millones de pesos y la del ABL en 4.204 millones de pesos adicionales.

De introducir una reforma similar en los Automotores de más de 1,6 millones de pesos de valor fiscal (incluso con alícuotas levemente inferiores a las que tiene la provincia de Buenos Aires), se podrían recaudar otros 2.643 millones de pesos adicionales.

Estos problemas tributarios y de recorte del gasto se dan en forma simultánea a pagos muy altos de intereses de la deuda (proyectados en 8 por ciento del gasto total para 2020 y 2021), con una deuda pública del gobierno porteño que es, por habitante, un 56 por ciento mayor que la bonaerense y además el 60 por ciento está nominada en moneda extranjera.

Cuando el PRO inicia su decimocuarto año de gobierno, sólo se ve ajuste del gasto público, regresividad tributaria y una composición y volumen de deuda que contradice la política de sustentabilidad marcada por el gobierno nacional. 

(*) Investigadores y becarios de la Universidad Nacional de General Sarmiento.