La Comunidad diaguita calchaquí Las Pailas, en Cachi, sostuvo que recibió una advertencia de la policía de forma oral instando a que desaloje parte del territorio de forma pacífica porque había unja orden del juzgado 8, sin embargo, desde la Justicia negaron que hubiera existido tal medida. 

Ayer los miembros comunales se organizaron en asamblea permanente para oponerse a esa supuesta medida de desalojo autorizado. El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso una mesa de diálogo, a llevarse a cabo en enero, a pedido del Colectivo de Abogades Populares y del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS).

"Nos estamos convocando en el lugar. Agradecemos a las organizaciones sociales y de derechos humanos que han comenzado a difundir nuestro comunicado. Momentáneamente se suspendió la orden de desalojo hasta el miércoles. Estamos pidiendo una mesa interinstitucional", sostuvo el delegado del Pueblo Diaguita Calchaquí en el Consejo de Participación Indígena (CPI), Juan Condorí. 

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó a Salta/12 que se realizará una mediación con un grupo interdisciplinario en la segunda quincena de enero y negó que hubiera orden de desalojo. La Comunidad enfrenta desde hace años una disputa del territorio con Florencia Wayar, quien esgrime que tiene la titularidad registral y realizó una denuncia contra los diaguitas calchaquíes este 6 de diciembre.

La semana pasada el fiscal Ezequiel Molinati decidió el archivo de una denuncia de miembros y autoridades de la Comunidad Las Pailas contra Wayar, a quien acusaban por usurpación y turbación de la posesión en territorio ancestral. La mujer envió a una persona con una máquina para arar parte del territorio en disputa. La abogada de la comunidad, Verónica Huber, especificó que hubo una disputa judicial previa, en la que el juez penal Héctor Martínez rechazó la restitución del inmueble a Wayar y consideró que debía hacerse el reclamo por la vía civil, también había dispuesto la medida de no innovar que ya venció.

Condorí indicó que quieren una mesa de diálogo con las autoridades judiciales y con los organismos de derecho indígena de la Provincia y de la Nación "para resguardar los derechos colectivos". Ya pidieron intervención al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). "La Comunidad ha sido poseedora y fue relevada por la Ley 26.160, mediante la cual el Estado está obligado a resguardar y suspender desalojos de las comunidades indígenas", afirmó. 

El delegado indicó que no les consta que Wayar sea la titular de las tierras, pero manifestó que enfrentan ataques sistemáticos por el territorio. "El sector más poderoso está favorecido con los guiños del Poder Judicial que viene desconociendo las pruebas que presenta la Comunidad", aseveró.

Wayar realizó la denuncia en la Comisaría 61, adjuntó un plano de mensura de la matrícula 1025, fracción 15. Esgrimió que los propietarios son tanto ella como María Carolina Wayar y Oscar Gerardo Wayar. 

El Juzgado de Garantías 8 dispuso que en un plazo de 48 horas representantes de la Comunidad Las Pailas presenten la documentación pertinente del relevamiento del INAI en el marco de la ley 26.160. Del mismo modo, instó a la denunciante a que presente la documentación que la acredita como propietaria. 

Además, ordenó que el personal policial "especializado" se constituya como refuerzo en la finca Las Pailas e impida el paso de personas "ajenas al inmueble". 

Algunos miembros de la Comunidad dijeron que fueron informados por la policía, sin notificación escrita, que tenían un plazo de 24 horas para desalojar y que hubo advertencias de posibles detenciones. La Comunidad sostuvo que no se notificó a las autoridades comunales y "salió este lunes a resguardar la posesión". 

El representante en el IPPIS por el Pueblo Diaguita Calchaquí, Héctor Fabián, contó a Salta/12 que presentó documentación en la Comisaría 61 fundamentando la posesión comunitaria e invocando la ley 26.160. 

Dijo que la policía se presentó "a generar miedo y es una persecución constante". "Ellos no entienden nuestra relación con el territorio. La auxiliar fiscal siempre cajoneó y archivó nuestras denuncias", afirmó. En contraposición, señaló que hubo celeridad para tramitar las denuncias en contra de la Comunidad. "Nunca analizan la realidad que estamos atravesando", aseveró.

"Nos sentaremos en una mesa que nos permita las garantías para ser escuchados y resolver la cuestión de fondo. No queremos que dilaten la situación. La fiscalía tiene documentación que acredita la posesión comunitaria. Queremos soluciones", afirmó Fabián.

El Colectivo de Abogades Populares se comunicó con el procurador para pedirle que haya una instancia de diálogo y el funcionario accedió.