En General Mosconi, a solo unos kilómetros de Tartagal, descubrieron que al menos en una comunidad del Pueblo Wichí, sus habitantes recolectaban agua en bidones que antes fueron usados con productos agroquímicos de las fincas colindantes.

Pero a ese hallazgo, que ya fue denunciado por la diputada del departamento San Martín, Gladys Paredes, se sumó la denuncia que realizaron algunos vecinos de la zona, quienes aseguraron que desde la finca El Amparo fumigan dos o tres veces al año a muy pocos metros de las viviendas de los barrios más alejados de Mosconi.

A Rodolfo Peralta lo separa una calle del emprendimiento agrícola mencionado y fue quien alertó a los medios de comunicación sobre lo que estaba sucediendo, cansado de ver como se le “secan y queman” las plantas y verduras de la hectárea donde vive y produce junto a su familia.

Peralta contó que en ese emprendimiento, de alrededor de de unas 500 hectáreas pegadas a barrios como Martínez Saravia, 20 de Febrero, 447 Viviendas y a la Comunidad wichi del Paraje Kapi, se produce soja, maíz y últimamente chía, y que fumigan con los tractores denominados “mosquitos” al menos dos o tres veces al año “sin tener en cuenta ni los metros permitidos ni cómo está circulando el viento”. 

El pequeño productor dijo a Salta/12 que ya en abril había llamado al 911 para preguntar “si estaban autorizados a usar glifosato, porque corría viento y estaban fumigando”, sin embargo, nunca recibió una respuesta desde las autoridades policiales ni las municipales, que son las que deben controlar y llevar un registro de quienes utilizan agrotóxicos.

También afirmó que el producto que utilizan es glifosato y lo sabe debido a que dejan “todos los envases y bolsas tiradas”, y dijo que él mismo fue testigo de cómo algunas familias wichí se llevaban los bidones que había dejado la empresa que estuvo realizando tareas, “les pedí que no los lleven, que los dejen, pero se negaron porque, pobrecitos, ellos no tienen agua y entonces les sirve para acarrearla”. 

“Yo no puedo ser cómplice de todo esto y por eso lo denuncié a los medios”, manifestó Peralta. Anoticiada de lo sucedido, la médica y diputada del Frente de Todos, Gladys Paredes, se comunicó con las autoridades locales, quienes se acercaron al paraje y corroboraron lo que el vecino decía.

“Yo denuncié a la policía para que retiraran los bidones a las familias y para que al finquero y a quien manejaba el camión mosquito le realicen el correspondiente apercibimiento”, expresó la legisladora. Paredes recordó que la responsable de realizar el control y el registro de quienes hacen uso de agroquímicos es la municipalidad, “son ellos los que tienen que determinar, junto con los empresarios, cuál será el destino final de los recipientes”.

La diputada destacó que tras lo sucedido llamó a muchos de los concejales de Mosconi, Aguaray, Salvador Mazza, Embarcación y Tartagal “para que hagan valer la ley, porque los municipios no están haciendo nada”.

La normativa provincial (ley 7.812) que regula la implementación de productos químicos utilizados para la producción agrícola, prohíbe que las fumigaciones terrestres se realicen a menos de 500 metros de las zonas suburbanas y urbanas, mientras que en caso de las fumigaciones aéreas se extiende la prohibición a los 3.000 metros de las viviendas.

Paredes informó que ya se comunicó con el senador Manuel Pailler, también de su misma bancada, para modificar la ley provincial “y hacerla como la de Córdoba”, que prohíbe cualquier tipo de fumigación a menos de 3.000 metros de las zonas pobladas, “es la única forma que te asegura que no va a llegar a las casas, con 500 metros ya está comprobado que se mete hasta en las colchas”.

Paredes contó que cuando realizó su diplomatura en Salud Pública y luego la maestría Materno Infantil uno de sus profesores fue el biólogo cordobés Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y ganador de un premio Nobel Alternativo. Con él, integraron la investigación que se realizó en el barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba y que corroboró que gran cantidad de “leucemias, cánceres y malformaciones” que se producían estaban asociados a las fumigaciones.

“Yo ya venía hablando con él por el tema de los desmontes aquí en el norte, y ahora me aseguró que la mínima distancia que debe haber es de por lo menos 2.500 a 3.000 metros en fumigaciones por tierra”, detalló la legisladora.

El senador Pailler afirmó que este miércoles mantendrá un encuentro con la diputada, “vamos a presentar un proyecto de reforma de la ley provincial”, en los artículos que indican las distancias de fumigación y aquellos que detallan qué hacer con los residuos “para que se tenga que cumplir”, anticipó. Y aseveró que en todo el departamento “es costumbre que las comunidades usen esos bidones para llevar el agua”.

Si bien ninguna autoridad municipal respondió al llamado de este medio para conocer cómo procederán contra los responsables de explotar la finca, desde el pueblo apuntaron a Miguel Ojeda, un empresario de la zona y que llegó a ser concejal y candidato a intendente acompañando a Alfredo Olmedo y Juan Carlos Romero en 2015.