La Justicia de Morón le redujo casi dos años la pena al cura Julio Cesar Grassi, condenado a 15 años por abuso sexual agravado contra un menor, al otorgarle el beneficio del “dos por uno” una semana después de que la Corte Suprema confirmara la condena. Nueve años, cuatro meses y 20 días es lo que le resta cumplir al cura, según el cálculo que aprobó el 28 de marzo pasado el presidente del juzgado. La resolución trascendió ayer, cuando el abogado querellante, Juan Pablo Gallego, alertó sobre lo que consideró una medida “absolutamente ilegal” porque se “aplica una ley cuya derogación es anterior al cumplimiento de la pena”, se “está aplicando a un reincidente y no corresponde”, y “se desacató el fallo del tribunal superior”. El letrado, además, informó que apeló la decisión. 

El Tribunal en lo Criminal Uno de Morón, el mismo que dictó la condena contra Grassi, que la Corte Suprema confirmó el 21 del mes pasado, decidió recortar el tiempo de reclusión del cura aplicando la ley 24.390, derogada en mayo de 2001, que establecía un doble cómputo para quienes estuvieran más de dos años en prisión sin sentencia.

Con la firma del presidente del Tribunal, Claudio José Chaminade, la medida recordó que Grassi estuvo detenido desde el 23 de octubre al 21 de noviembre de 2002; luego, bajo prisión domiciliaria entre el 7 de marzo de 2012 y el 31 de mayo de ese año y finalmente, en el último período de detención, desde el 23 de septiembre de 2013 hasta la actualidad. Según el nuevo cálculo, el cura pedófilo recuperará su libertad el 10 de agosto de 2026, tras la reducción de la pena en un año, nueve meses y 20 días.

En diálogo con PáginaI12 Gallego explicó que “es un error jurídico enorme, porque la derogación es anterior al cumplimiento de la pena. Además, en el cómputo incluyen fechas como el 23 de octubre, cuando Grassi estaba en un programa de televisión en canal 9, a donde la policía lo fue a buscar y el salió escondido en el baúl de un auto. Recién al otro día se entregó”, remarcó el letrado.

Según el abogado, la aplicación de este beneficio sólo se le podría computar al cura durante el tiempo cumplido en el penal de Campana antes de que se produjera el fallo de última instancia producido por la Corte Suprema, es decir desde el 9 de septiembre de 2013 hasta el 21 de marzo pasado.

“Recordemos que, casi como una burla, estaba supuestamente detenido en una quinta de 7200 metros frente a la fundación sin ningún tipo de control. Y cuando nos quejamos de esta situación, finalmente fue conducido al penal de Campana, pero él tenía un acuerdo con el servicio penitenciario que le permitió armar una gran oficina”, señaló Gallego.

El abogado se mostró sorprendido porque “los jueces tenían todos los elementos para no equivocarse. Resulta sugestivo que jueguen con una causa tan pública, tal vez, pensaron que iba a pasar porque eran un par de años menos”, y advirtió que “ esto se da en un contexto donde la Iglesia no lo ha sancionado ni apartado a Grassi”. 

Gallego sostuvo que “además que la resolución implica un desacato al fallo de marzo de la Corte Suprema, le están aplicando la ley a un reincidente, lo que no corresponde. Porque el fallo no lo menciona, pero Grassi está condenado también por pagar un alquiler con fondos públicos”.

En noviembre pasado, el cura fue condenado por el Tribunal Oral Criminal nº 3 de Morón a dos años de prisión en suspenso por malversación de fondos donados a la Fundación Felices los Niños, que él presidía.

“Lo que vemos es otra vez el poder de fuego de Grassi en la Justicia de Morón. Primero para evitar la condena y ahora con el invento del dos por uno. Pero en el apuro por favorecerlo, se equivocaron. Esta es una situación de gravedad institucional y si no se rectifica voy a pedir a la Corte Suprema por medio del per saltum que corrija este desastre”, y que “hagan uso de su capacidad disciplinaria para que los jueces acaten y den cumplimiento a su fallo”, advirtió Gallego.

El letrado aseguró que el cura es un “pederasta feroz que ha destrozado la vida de menores a su cargo” y que ha demostrado tener una gran capacidad  económica que le permitió contar con “25 defensores particulares accionando de forma permanente en la justicia para eludir el rigor con que corresponde que sea tratado un pedófilo”.

“Hoy que la sociedad esta movilizada y conmovida por el crimen de Micaela, y vemos lo que implica un fallo, se corre el riesgo de que este abusador sexual obtenga beneficios que adelanten su salida a la calle”, advirtió el abogado.