“El proceso judicial de los crímenes de lesa humanidad está en estado de emergencia”, reiteraron abogados querellantes en las causas que abordan los hechos ocurridos entre 1974 y 1983 relacionados a los delitos del terrorismo de Estado en Argentina. Lo hicieron en un nuevo encuentro de la mesa de diálogo institucional que organiza la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad desde hace varios años y que los reúne con fiscales, organismos de derechos humanos y representantes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo para evaluar problemáticas y pensar soluciones conjuntas. La lentitud en el avance de las investigaciones y la poca concreción de los juicios son las causas fundamentales de la situación de emergencia, a la que la vejez de los sospechosos, imputados y condenados por esos delitos y los recortes en presupuestos destinados a áreas que antes fortalecían el proceso de Memoria, Verdad y Justicia completan. Fuentes de la Porcuraduría de Crímenes contra la Humanidad que lideran Jorge Auat y Carolina Varsky destacaron lo multitudinario de la reunión. “Se notó que hay mucho para decir y con cierta urgencia”, plantearon. Los asistentes también destacaron la presencia, por primera vez desde que se lleva a cabo, de la procuradora Alejandra Gils Carbó. La Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, dos actores fundamentales para solucionar el complejo estado de situación, estuvieron ausentes.  

Pablo Llonto, abogado querellante de las causas relacionadas con los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar en Campo de Mayo, fue el primero de varios participantes que tomaron la palabra durante la jornada de ayer en hablar. También hicieron uso de la palabra José Schullman, de la Liga Argentina por los derechos del Hombre y un representante de Hijos Santa Fe; el fiscal Javier De Luca y Pablo Vassel, de la Cámara de Casación. 

En primer lugar, Llonto pidió a los organismos de derechos humanos “la exigencia conjunta de la renuncia” de Claudio Avruj a la Secretaría de Derechos Humanos. El pedido que realizó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que reciba a las agrupaciones pro genocidas fue, dijo, “la gota que rebalsó el vaso”. Luego, insistió en lo que vienen denunciando desde hace tiempo: la lentitud de las investigaciones sobre los crímenes del terrorismo de Estado y la demora en la concreción de los juicios. Son cuestiones que habían quedado planteadas en la Mesa de Diálogo Institucional de año pasado y que también reclamaron a la Corte Suprema, pero “la situación hoy es de estado crítico”. 

“Estamos en estado de emergencia”, reconstruyó Llonto. “Así como se declara la emergencia en otras áreas cuando la situación es alarmante, nosotros seguimos reclamando como el año pasado que se declare en emergencia al proceso judicial de lesa humanidad”, completó. Esa emergencia tiene cara de falta de recursos: “Faltan jueces y faltan espacios físicos para desarrollar las audiencias. Para encontrar soluciones hace falta mirar hacia el Poder Judicial”, señaló la fiscal Ángeles Ramos, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, impulsora de la mesa de diálogo. Hace poco menos de un mes, el área publicó las estadísticas actualizadas que grafican el estado de desaceleración de causas y juicios por crímenes de lesa humanidad. 

Los organismos y los abogados que participaron coincidieron. “La receta argentina existe: al poder judicial le pedimos que copie el modelo del Juicio a la Juntas, cuando las audiencias eran de lunes a viernes desde las 15 en adelante, después del horario de juzgado. Entonces, había pasado año y medio del fin de la dictadura. Ahora tenemos 33 años de democracia y en lugar de acelerar los tiempos, pisan el freno”, denunció Llonto y señaló que “la Corte no cumplió con el compromiso que asumió ante familiares y organismos en noviembre pasado de trabajar para acelerar este proceso”.   

Si bien la principal responsabilidad recae en el Poder Judicial, la evaluación de ayer no desconoció que la emergencia responde a “un cambio de época”. En ese sentido, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta advirtió que “el proceso de memoria, verdad y justicia dejó de ser una política de Estado”. “El Ejecutivo desmanteló casi todas las dependencias que asistían a querellas y jueces vinculadas a búsqueda de testigos e información. Los principales funcionarios tienen un discurso desde el que plantean cierto abandono del camino recorrido. Lo que venía pasando en el Poder Judicial antes de diciembre de 2015 se reforzó este último tiempo: Hoy está claro que para la Justicia el juzgamiento de los crímenes de lesa dejó de ser una prioridad, por eso necesitamos que el Ministerio Público redoble esfuerzos, que vuelva a ocupar un lugar preponderante en la acción judicial, hoy son los únicos que cuentan con recursos”, remarcó. Entendió la presencia de Gils Carbó como una señal en ese sentido.