Jor es de Coronel Dorrego, un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires. Desde hace siete años vive en Tilcara, Jujuy y se hizo socorrista porque cuando necesitó abortar estuvieron ellas acompañándola, esa red federal que como acción directa y feminista acompaña abortos con información y cuidado. Es viajera y cocinera. El verano del 2015 se fue a trabajar a la costa y se enteró de que estaba embarazada. Las grupas de socorristas de la zona estaban complicadas, por eso decidió ir a Bahía Blanca, donde tenía compañeras que la conocían de su militancia social en las calles y de las radios comunitarias. Jor estaba de 13 semanas y a través de la gestión de las socorristas pudo abortar en un hospital público el mismo día que cumplía 31 años. Cuando le dieron el alta fue hasta la casa de una de las socorristas para devolverle las sábanas que le había prestado y ahí estaban todas esperándola con pizza y cerveza para festejar su cumple. En el brindis prometió formar, a su regreso a Jujuy, una grupa. 

Socorro Rosa Quebrada y Puna existe desde mediados de 2016 y es parte de Socorristas en Red (feministas que abortamos). “Después de semejante acompañamiento amoroso no tuve alternativa”, cuenta Jor vía WhatsApp.

Jor tuvo su formación como socorrista junto a las compañeras jujeñas y del NOA en las plenarias regionales. Y con las compañeras de La Revuelta de Neuquén, de Las Hilando de Córdoba y otras socorras de Tucumán tuvo su formación in situ, que es un formato de acompañamiento que tienen las grupas de socorristas que deseen tenerlo y puedan encararlo. Está apuntado a casos complejos donde es necesaria la presencia porque quien desea abortar no tiene con quien hacerlo. El primer acompañamiento in situ de Jor fue el de Mercedes, que tenía 38 años, era cosechera de ajo, no sabía leer ni escribir y criaba sola a un hijo de 9. Su embarazo llegó a las 13 semanas y abortó acompañada por Jor, que estuvo con ella, la tapó con una manta y le preparó un té. Mercedes le dijo que nunca nadie la había tratado con tanto cariño y a Jor se le arrugó el corazón. Juntas pasaron la noche en vela hasta que Mercedes expulsó por completo el embrión. Dos años después, le envió un mensaje a Jor para agradecerle por haberla acompañado. Le contó que estaba aprendiendo a escribir, que estaba contenta de estar en pareja y que ahora sí era el momento de darle un hermanito a su hijo adolescente.

“Me sigue pareciendo la militancia más hermosa”, dice Jor en un audio y trae también la historia de Lía, que tenía más recursos (algo que no es habitual en la zona de Tilcara) y cuando se enteró de su embarazo fue al consultorio privado del médico que en el hospital público es objetor de conciencia. El médico le pidió cuarenta mil pesos por colocarle las pastillas de misoprostol. Lía los pagó. Pero él le colocó una cantidad menor a la recomendada y la mandó a la casa. Cuando ella se dio cuenta de que la medicación no hacía efecto volvió. El médico de la doble moral le pasó el número de las socorristas y le dijo que era todo lo que podía hacer. Y no le devolvió ni un peso. Lía llegó a la grupa con la desconfianza propia de quien busca ayuda y es estafada. Finalmente se animó, confió en ellas y pudieron acompañarla. “Es de esas socorridas que, por su propia historia, hoy son pañuelo verde, se acercan a nosotras y caminamos juntas”, cuenta Jor.

“Después del debate de 2018, se abrieron muchas puertas de hospitales y tuvimos la posibilidad de discutir mano a mano con profesionales de la salud. Antes era más difícil que nos dieran bola a un grupo de feministas que íbamos a la puerta del hospital a plantear alguna cuestión”, observa Jor. Y señala también las complicaciones que siguen ocurriendo: “En La Quiaca, por ejemplo, donde no hay Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir, una piba de 16 años que necesita hacerse una ecografía tiene que ir a un consultorio privado o cruzar a Villazón, Bolivia, porque en la ciudad les hacen sentir miedo y culpa. Este tipo de cosas siguen pasando, en Jujuy y en todo el país. Por eso, la ley va a traer la obligación de que algún médico o médica de ese hospital público atienda los derechos de las pacientes.”