El 20 de octubre último los integrantes de la Comunidad Tusca Pacha de Los Alisos, en Palpalá, a 16 minutos de la capital jujeña, vivieron una jornada de zozobra con la ejecución de una sentencia de desalojo de la familia Maraz, medida que se llevó a cabo con represión y la detención de 4 referentes. 

La resolución, del juez Jorge Zurueta, se dictó en una causa iniciada por denuncia de la inmobiliaria Sucre, cuya propiedad adjudican al secretario de Asuntos y Relaciones Municipales de la provincia, Javier Gronda, y a Alfredo González, y que desde junio de 2019 disputa tierras del margen del río Los Alisos, donde la Comunidad del Pueblo Kolla viene practicando la agricultura y ganadería desde hace unos 50 años. La denuncia se hizo contra la familia de Maraz, pero el predio es parte de un territorio comunitario de 80 hectáreas, que era inundable y fue recuperado por las familias productoras. 

La Comunidad sostiene que el interés por esta tierra se despertó entonces. Y denuncian que esta acción se enmarca en una política del gobierno jujeño. "La Policía es el instrumento represivo del gobierno racista de Gerardo Morales y sus empresarios amigos", afirman en un video difundido tras el desalojo.

En el video también aseguran que este trabajo colectivo confronta con el capitalismo y la codicia empresaria, para quienes "nuestras vidas no importan", así como "para el gobierno provincial y la policía nuestras vidas, nuestro trabajo, no valen nada".

La Comunidad afirma que está siendo hostigada por tres vías: con acciones directas de la inmobiliaria, a través de medios de comunicación cercanos al oficialismo jujeño y con la Justicia. En este último caso, denuncian que la causa contra Pedro Lindorfo Maraz avanzó sin que tuviera defensa, a pesar de que había pedido formalmente desistir de su anterior abogada y designar en su lugar a Natalia Peñaloza.

La letrada integra Abogados y Abogadas del Noroeste Argentina en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), organización que al cumplirse un mes del desalojo publicó una producción fotográfica sobre Tusca Pacha. Se puede ver aquí https://andhes.org.ar/wp-content/uploads/2020/11/Photobook-Comuniad-Tusca-Jujuy.pdf

En el trabajo se recuerda que en Jujuy hay 315 comunidades indígenas reconocidas "y otras tantas más en proceso de 'reconocimiento'", se pide al gobierno de Morales que respete a las familias y sus formas de vida y no viole la normativa vigente, que suspende los desalojos. "Tusca Pacha es uno de los tantos casos donde se criminaliza solo por ser indígena", afirma la organización. 

Una campaña orquestada 

El conflicto territorial comenzó en abril de 2019, cuando González y Gronda intentaron cerrar un camino vecinal y pretendían que las familias firmaran papeles. 

El desalojo se había previsto para diciembre del año pasado, pero sobrevino la feria judicial y luego la pandemia y así se llegó a octubre de este año. Para Deymonnaz, hubo “una campaña muy orquestada” para mostrar que las tierras no estaban ocupadas. 

Como ejemplo, contó que el mismo día del desalojo fue Canal 7, el único canal de aire de la provincia, "a filmar cuando ya habían pasado la máquina, entonces se ve todo tierra y las máquinas nivelando tierra y el periodista de Canal 7 diciendo 'acá no se producía nada, acá no hay familias campesinas, hablamos con los vecinos y no existe ninguna comunidad indígena'”. Un informe “nefasto”, concluyó. Además, desde el martes 20 de octubre al viernes 23, “salieron dos ministros, un secretario y dos legisladores radicales, todos diciendo que esto era una toma de tierra y que no van a permitir tomas de tierra”.

Deymonnaz dijo que viven con el temor de que haya acciones sobre el resto del territorio. “Estamos temiendo todo el tiempo que quieran avanzar". Al día siguiente (21 de octubre) "hubo un intento de la firma de pasar la máquina sobre un sector de aproximadamente una hectárea", pero no se concretó porque “toda la Comunidad los paró de hecho” y porque el maquinista se negó a romper la casa. 

Migración 

Lo del racismo y la discriminación tienen que ver con expresiones en medios en Jujuy en los que se estigmatiza a los comuneros por ser de origen boliviano o del Pueblo Kolla. Efectivamente, Maraz tiene nacionalidad boliviana. Y otros, la mayoría en realidad, son hijos o nietos de familias de la Puna y la Quebrada que emigraron a Palpalá y San Salvador, “como muchas familias que hay por acá”.

Los empresarios objetan también que la Comunidad es muy nueva o dicen que no existe. “Por supuesto, porque él hizo la regla", retrucó Deymonnaz. Inicialmente las familias estaban agrupadas en la Comunidad Mayu Los Alisos, pero la acción empresarial quebró la unidad, esta Comunidad decidió expulsar a la familia Maraz y no reclamar como territorio el campito donde cultiva. Entonces un grupo de familias organizó la Comunidad Tusca Pacha de Los Alisos, encabezada por quien hasta entonces era la vicepresidenta de Mayu Los Alisos, Juana Mamaní.

Deymonnaz advirtió que potencialmente todo el territorio va a tener los mismos conflictos porque “no sabemos bien los manejos de títulos en esa zona. Mucha gente siempre creyó que eran títulos fiscales porque eran márgenes medio inundables del río, otros creen que hay títulos privados a nombre de algunos empresarios, uno es este González, o no sabemos si en realidad era una cosa y después era otra, si los títulos eran fiscales pero como la zona dejó de ser inundable, además la gente con el trabajo cotidiano durante años y años, fue limpiando las piedras y volviendo el lugar mucho más habitable, sembrándolo". Encima, la municipalidad de Palpalá usaba una parte del territorio para depositar residuos. 

Precisamente, este basural motivó que la Secretaría de Agricultura Familiar comenzara a trabajar en el lugar. Ahí estuvo, como técnica territorial, la actual delegada en Jujuy de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar, Anastasia García, una de las demoradas el día del desalojo, y una de las despedidas por el macrismo. Se eliminó el basural y con las acciones de los agricultores y ganaderos el terreno dejó de ser inundable y "evidentemente la tierra se valorizó. Dejó de ser un lugar marginal”.

García señaló que el gobierno de Jujuy nunca llevó adelante un proceso de regularización de la tierra. En 2012 Agricultura Familiar empezó un relevamiento socioproductivo y territorial que terminó en diciembre de 2015 con la propuesta de ordenanza municipal que el Concejo Deliberante de Palpalá aprobó declarando de interés municipal a ese territorio por ser un área de producción de alimentos periurbana de la agricultura familiar. 

En 2016 el Programa ProHuerta ejecutó un proyecto de cosecha de agua de lluvia con tanques.

García recordó que en 2012 la empresa inmobiliaria no estaba ahí. “La aparición de la empresa es nueva. De hecho, nosotros cuando hacemos todo el relevamiento en 2014 vamos a Inmuebles, averiguamos quiénes figuran ahí como titulares registrales, ahí es como que las familias se enteran que hay titulares registrales", relató. Hay antecedentes de una familia que hizo un juicio de prescripción adquisitiva y la Justicia se lo rechazó con el argumento de que la zona es inundable y por lo tanto no podía prescribir. 

La funcionaria criticó asimismo que se siga diciendo que "esas familias no son indígenas o son recién llegadas y no indígenas" cuando "la ley dice claramente que la determinación de pueblo indígena es autodeterminación, entonces hay como una ignorancia de ese punto”. En el mismo sentido señaló “que la existencia de persona jurídica o no, es meramente declarativa, no determina la existencia del pueblo el tener o no una persona jurídica”. Mujeres de Tusca Pacha denunciaron que son víctimas de violencia de género por parte del Estado jujeño:

Ese territorio tuvo dos oleadas de ocupación. Una cuando se instaló Altos Hornos Zapla, "que viene mucha gente de distintos puntos de la provincia y el país. Y es en este territorio que muchas comunidades kollas se instalan a la orilla del río para reconstruir su vida productiva y cultural". Luego hubo otra oleada en la década del 90, motivadas por la desocupación, muchas familias buscan el trabajo en el campo para sobrevivir. 

Un proceso sin defensa 

La abogada Natalia Peñaloza viene reclamando la nulidad de los actos procesales que terminaron con el desalojo, basada en que “se ha convertido en un juzgamiento de un imputado sin abogado defensor”. 

El 8 de octubre Peñaloza se presentó como defensora de la Comunidad y de Maraz. El desalojo se dictó el 18 de ese mes, durante esos diez días el juez Zurueta nunca respondió al pedido de que se tuviera a la abogada como defensora. En cambio, hubo presentaciones del abogado de la firma que fueron sustanciadas rápidamente, “se evidencia ahí una violación al principio de igualdad”, afirmó Peñaloza.

Aquel escrito del 8 de octubre, que fue recibido por Mesa de Entradas, no fue agregado al trámite, y tampoco otros dos escritos presentados por Peñaloza. Y “ahora en ese marco, todos los escritos que vuelvo a presentar, me dicen que son extemporáneo”, a pesar de que los presentó en tiempo y forma, sostuvo la letrada, quien recurrió la resolución del 27 de octubre por la que el juez no hizo lugar a otras presentaciones suyas, “por no ser letrada nombrada hasta esta instancia del proceso, formalmente defensora del imputado Pedro Lindorfo Maraz”.

Afirmó que esa resolución “agrava el derecho de defensa y debido proceso”, señaló que dejó sin abogado defensor al acusado. “El fallo lesiona garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa, no permitiendo el ejercicio normal y habitual de la defensa. Resultando una nulidad absoluta insubsanable”, sostuvo.