Dirigentes de los pueblos Atacama y Kolla realizaron una colecta de firmas y una caravana por la localidad de San Antonio de los Cobres, la más poblada del departamento Los Andes, en rechazo a las modificaciones que el Ejecutivo provincial quiere realizar a la ley 6.294 de Regalías Mineras, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y se encamina a ser sancionada por los senadores. El proyecto propone reducir el monto total que reciben los municipios por las regalías del 50% al 20%.

Para atacamas y kollas los cambios perjudicarán “directamente a la economía” de los pueblos de esa zona, donde habitan gran parte de ellos. En un comunicado de rechazo a esta decisión del gobierno provincial recordaron que los recursos de la minería “no son renovables” y que sus poblaciones sufren necesidades básicas insatisfechas, “sin nombrar el daño a nuestra Pachamama debido a la gran contaminación que genera la minería”.

Tras la media sanción que obtuvo el proyecto en la Cámara Baja, los referentes originarios realizaron un petitorio y comenzaron una colecta de firmas de los vecinos de la zona, y ayer recorrieron las calles de San Antonio de Los Cobres en una marcha que culminó en la plaza central pasado el mediodía.

“Esta es la gota que rebalsó el vaso”, dijo a Salta/12 Alfredo Casimiro, delegado del Consejo de Participación Indígena (CPI, ante el INAI) del Pueblo Nación Atacama, quien aseguró que los pueblos originarios de la Puna están soportando muchos atropellos ya que, entre otras cosas, no se les permite la participación con respecto a la explotación y exploración minera.

El delegado del CPI contó que los funcionarios provinciales prometieron pavimentar las rutas que unen los principales pueblos con los emprendimientos mineros, “pero eso no beneficia en nada a nuestros territorios y va a lograr que se extraigan más rápido nuestros recursos naturales”.

Casimiro se manifestó muy molesto con los cambios en el reparto de regalías que propone el gobierno y las contraprestaciones que ofrece. “Es una picardía”, sostuvo, y aseguró que se otorgan permisos a través de la Secretaría de Minería, pero sin respetar el marco del derecho indígena, “lisa y llanamente lo violan”.

Para el referente originario, son ellos los que van a sufrir las consecuencias ambientales sin siquiera una retribución. “¿Cuál es el desarrollo que va a quedar para las comunidades”, preguntó. A su vez afirmó que nunca los consultaron sobre las modificaciones de la ley, violando nuevamente su derecho a ser informados y a dar su consentimiento.

Casimiro informó que hoy bajarán a la capital salteña para entregar en persona el petitorio al presidente de la Cámara de Senadores, el vicegobernador Antonio Marocco, y al mandatario provincial Gustavo Sáenz.

Por su parte, el cacique Kolla Pedro Lázaro explicó que la reforma de la ley perjudicará a los pueblos de la Puna, “somos los que tenemos la materia prima y no podemos seguir sufriendo postergaciones”, sostuvo, y detalló que en sus comunidades no poseen plantas depuradoras, por lo que deben darle agua contaminada por las exploraciones a sus animales, “tampoco tenemos un buen Hospital”. 

“Nosotros como comunidades exigimos que se cumpla con la consulta libre, previa e informada, algo que nunca hacen y arreglan directamente con las mineras”, expresó Lázaro. Para el líder kolla, la Legislatura no debe sancionar el proyecto, “se nos van a ir todas nuestras riquezas y no nos va a quedar nada”, aseguró. Y defendió que la ley 6.294 debe continuar tal y como está, con el 50% de las regalías mineras en manos de los municipios, pero añadió que se debe avanzar a que los pueblos originarios puedan controlar el destino de esos recursos y garantizar que sean volcados en sus poblaciones.

Las modificaciones 

El Ejecutivo provincial pretende, ahora que algunas explotaciones mineras dejaron la etapa de exploración para pasar a la de producción, echar mano a las regalías y de esa manera engrosar la recaudación provincial. Funcionarios como Ricardo Alonso, secretario de Minería, también argumentan que significará “poner las cosas más o menos a la altura de lo que se hace con el petróleo” y federalizar los recursos.

La normativa provincial data de los años 80 y establece regalías con un tope del 3%, de las que quedaban un 50% para los municipios en donde se desarrolla la extracción, mientras que la otra mitad se destinaba a un Fondo Especial de Promoción Minera.

A partir de que se aprueben los cambios, los municipios pasarán a recibir solo el 20% de las regalías y al Fondo de Promoción llegará el 10%, mientras que el restante 70% quedará en manos del Ejecutivo provincial. Además, la nueva ley también fija que el porcentaje de regalías será del 3% y no menor.

El 20% correspondiente a los municipios también se distribuirá. El 11,25% será para aquellos donde se origine la producción minera; el 6,25%, para los que no producen pero se encuentran dentro del departamento productor y el 2,5%, para los municipios ubicados en departamentos no productores.

En tanto, el Fondo Especial de Promoción Minera destinará la mitad para promoción y capacitación; el 2,5% será para tareas de fiscalización, control y estímulo y el 2,5%, a políticas de prevención y mitigación ambiental y social.

Los intendentes de Tolar Grande y San Antonio de Los Cobres, Sergio Vilanueva y Alberto Carral, también habían manifestado su malestar por cómo se diminuye el índice de regalías, “entendemos que hay que ser solidarios y cooperar con los demás, pero que no nos bajen tanto los índices a nosotros”, sostuvo Villanueva.

Sin embargo, debieron aceptar esas modificaciones “porque el gobierno quiere recaudar”, y resignarse a negociar algunas obras como la pavimentación de la ruta provincial que une Tolar Grande con Cauchari, y la que va a Santa Rosa de los Pastos Grandes.

Los referentes de la Cámara de Proveedores Mineros, todos oriundos de la zona, también se manifestaron en contra de la reforma de la ley y apoyaron el petitorio que los pueblos originarios entregarán hoy a las autoridades gubernamentales y del Senado.