Sin responder preguntas, el exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas buscó desligarse del espionaje sobre los presos kirchneristas que los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide entienden que él dirigió con acuerdo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante los últimos dos años de la gestión de Mauricio Macri. Como no logró explicar por qué los agentes de la AFI tenían fichas de los presos en sus teléfonos, derivó la responsabilidad en uno de sus subordinados y negó que desde la exSIDE se hayan filtrado las escuchas que se hacían en las cárceles.

Acompañado por su abogado Andrés Coronato y sin la presencia de Alejandro Pérez Chada, Arribas se sentó frente a la computadora para negar los hechos por los que lo imputaron los fiscales Incardona y Eyherabide y pidieron la ampliación de su indagatoria. Al exSeñor Cinco lo acusan por haber articulado con el SPF para espiar a los presos por su orientación política -- en este caso, por haber sido funcionarios del kirchnerismo o por ser empresarios o gremialistas cercanos -- y por haber realizado escuchas ilegales en las cárceles, tanto a las personas que ahí estaban detenidas como a sus abogados y familiares. “Niego terminantemente haber dirigido o formado parte de una organización criminal”, dijo Arribas y remarcó que los fiscales querían “empañar su gestión”. El amigo "más atorrante" de Mauricio Macri acumula más de una media docena de denuncias por su paso por la AFI, desperdigadas en varios juzgados del país. Incluso ya fue indagado por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, lo que sería una señal de que no se trata de un encono de la fiscalía de Lomas.

Lo que no pudo negar Arribas fue la existencia de un convenio de cooperación que la AFI --que él dirigía-- y el SPF firmaron en junio de 2018, pero trató de correr el foco de la situación de los presos kirchneristas. Dijo que, en realidad, tanto él como el entonces director del SPF, Emiliano Blanco, estaban preocupados por el avance del crimen organizado en las cárceles y, por eso, los dos organismos buscaron trabajar conjuntamente. Dijo que como el Primer Comando Capital (PCC), una banda surgida en las cárceles brasileñas, avanzaba, él creyó conveniente tener información desde las cárceles. “Necesitábamos entender si Argentina estaba siendo objetivo de conquista para esta banda criminal”, sostuvo Arribas, e invocó su temor sobre el PCC para justificar la creación de una red de inteligencia sudamericana de la que se sabe poco hasta la fecha.

Lo que aparece a todas luces difícil de explicar para todos los imputados de la causa es cómo los agentes de la AFI conocidos como los Súper Mario Bros tenían en sus teléfonos las fichas de los presos kirchneristas. Arribas no se explayó, pero sí dijo que las relaciones entre los espías de la AFI y el SPF existían desde antes de que se firmara el convenio. “Es ridículo establecer una conexión entre el convenio y las actividades de inteligencia ilegales y la relación con los agentes del SPF”, protestó.

Arribas insistió que la responsabilidad por lo que hacían los Súper Mario Bros le cabía a la dirección operacional de Contrainteligencia, que, para junio de 2018, ya estaba en manos de Martín Coste, un agente que está enemistado con la cúpula de la AFI macrista y que no está imputado en esta causa --pese a sí estar procesado por el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria--. Es claro que Coste era un funcionario clave de la AFI, pero, en todo caso, era un subordinado de Silvia Majdalani y del propio Arribas.

El exSeñor Cinco también rechazó que la AFI fuera la responsable de las filtraciones de las escuchas a los presos y declaró que la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) sólo transcribió escuchas a pedido de un juez. Incardona y Eyherabide sostienen que la DAAJ, el área que dependía directamente de Arribas y fue la que más se expandió durante su administración, usaba causas existentes para buscar excusas para ampliar las escuchas telefónicas que se hacían en el penal de Ezeiza. Esas transcripciones, entienden los fiscales, terminaron llegando, por ejemplo, a manos de Elisa Carrió y del fiscal Carlos Stornelli, que las usaron para torpedear la investigación del juez Alejo Ramos Padilla sobre el D'Alessiogate.

Arribas sostiene que sólo contestará preguntas cuando esté definido quién es el juez competente de la causa, que, para él, debe ser uno de los tribunales de Comodoro Py. Esa decisión está ahora en manos de la Cámara Federal de Casación.

La ronda de indagatorias continuará esta semana. El jueves será el turno de Majdalani y el viernes deberá responder Alan Ruiz. La expectativa está puesta en lo que digan la semana próxima dos de los funcionarios de la DAAJ, que hasta ahora nunca declararon ante la Justicia. Se trata de Juan Sebastián De Stefano, exdirector de Jurídicos de la AFI, y de Bernardo Miguens, un exempleado del juzgado de Claudio Bonadio que recaló en la AFI macrista. Después de la indagatoria del 17, los fiscales estarán en condiciones de definir qué procesamientos o sobreseimientos piden. En esa decisión también deberán contemplar al secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, y a la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, entre otros.