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Que en Argentina los abortos deban realizarse de manera clandestina no solo cuesta en vidas y traumas psicológicos; no solo profundiza la desigualdad social. También le cuesta más dinero al país: los costos de servicios médicos en promedio de los abortos inseguros son diez veces superiores que la inversión en garantizar la provisión de tecnología moderna e innovativa. Es que uno de los argumentos de quienes están en contra de la legalización del aborto tiene que ver con una frase que la ortodoxia aplica a situaciones varias: "el Estado no puede pagar ese gasto".
Durante la exposición que dio comienzo a una nueva discusión del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo el ministro de Salud Ginés González García se encargó de rebatir este argumento con números: si se cuantifican los costos del aborto tanto privados como para el sistema de salud público bajo el escenario actual de ilegalidad a valores de octubre del 2020; los tratamientos hospitalarios e internaciones por diferentes complicaciones que puedan surgir cuestan en Argentina 51.902 millones de pesos anuales estimando un número muy conservador de 457.553 abortos. Este dato resulta de una actualización del estudio "Abortos seguros e inseguros: Costos monetarios totales y costos para el sistema de salud de la Argentina en 2018", de las investigadoras Sonia Tarragona y Malena Monteverde.
La Organización Mundial de la Salud estima que el 74 por ciento de los abortos ilegales en América Latina terminan tomando contacto con el sistema de salud ya sea para una consulta o producto de un aborto incompleto, aumentando el costo tanto para el sistema público como privado. De acuerdo al informe, los tratamientos menos costosos son para finalizar abortos incompletos, entre 35 mil y 86 mil pesos promedio; seguido del tratamiento por hemorragia severa que cuesta entre 98 y 171 mil pesos.
A medida que los cuadros son más graves, los tratamientos son más costosos: habrá que pagar entre 302 mil y 545 mil pesos por perforaciones generadas por el uso de elementos punzantes y entre 550 y 900 mil por una infección generalizada conocida como shock séptico.
Del total de abortos inseguros que se complican y por lo tanto toman contacto con el sistema, el 50,8 por ciento requerirá un raspaje para finalizar un aborto incompleto, 14,4 por ciento necesitará tratamiento del foco séptico, el 1,6 por ciento presentará una septicemia, el 7,2 por ciento deberá ser tratado por una hemorragia severa, el 1,1 por ciento habrá sufrido lesiones graves en útero, vejiga o intestino, y el restante 0,4 por ciento presentará un shock séptico que, en el 90 por ciento de los casos, conducirá a la muerte.
Para realizar abortos seguros también existen diferentes métodos y protocolos recomendados por la OMS. Pueden ser realizados utilizando drogas (aborto medicamentoso) o procedimientos ambulatorios simples (los abortos quirúrgicos que se realizan mediante aspiradores manuales o eléctricos). El más recomendado por la OMS es el uso de misoprostol y mifepristona, como primera línea (o misoprostol solo como alternativa cuando la segunda medicación no está disponible), aspiración manual endouterina como segunda línea y la dilatación y el raspaje como opción menos segura, pero no insegura si lo realiza personal capacitado. En todos los casos, los riesgos son mínimos y las intervenciones quirúrgicas son simples por lo que presentan menores costos; sin contar el ahorro que acarrea cualquier complicación resultado de una práctica de aborto insegura.
El costo unitario por prácticas de aborto seguro alcanza los 6082 pesos con misoprostol, y más del doble (15.620 pesos) con aspiración manual intrauterina. Considerando un escenario en el que todos los abortos se realizan de la forma más económica, con medicamentos, los costos descienden de 51.902 a 5.907 millones de pesos anuales.
Un dato no menor es el referente a la fabricación de misoprostol. En la provincia de Santa Fe, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) estatal es quien fabrica y provee el medicamento. La expectativa es que, en caso de que se apruebe la ley, puedan haber otros laboratorios estatales encargados de producir el medicamento.
Si bien el estudio no discrimina por gasto público y privado, resulta todavía más relevante dimensionar que el país en su conjunto podría ahorrar una gran cantidad de recursos si se implementaran los protocolos recomendados, sin tener en cuenta otros costos no monetarios y más complejos de cuantificar, como los relacionados con pérdida de productividad, de días laborables, consecuencias psicológicas, etc.
Al ser consultado por este diario acerca del impacto de la ley específicamente en la salud pública, Ginés González García es determinante: "Ahorrar internaciones, ahorrar dolores, ahorrar muertes, ahorrar dinero. Es todo ganancia. No pierde nadie. Nadie va a ser obligado ni incentivado. Muy por el contrario, quien quiera continuar con el embarazo vamos a darle mucho más apoyo del que tuvo hasta ahora. La idea es que no se transforme en una tragedia, tanto si quiere abortar como si quiere continuar con el embarazo".
