El Senado le dará media sanción este jueves a la ley de movilidad que impulsa el Gobierno. El Frente de Todos cuenta con los votos del oficialismo y algunos legisladores de la oposición. El proyecto deberá luego pasar por Diputados y aprobarse antes del 31 de diciembre, cuando vence el plazo de la suspensión de la movilidad. De convertirse en ley, el primer aumento con la nueva fórmula será en marzo de 2021.

Expertos en seguridad social se mostraron a favor de los tres cambios que se introdujeron sobre el proyecto original del Poder Ejecutivo. De aprobarse, los aumentos serán trimestrales, y no semestrales. Además, la suba del 5 por ciento de diciembre no será a cuenta. En cuanto a la variable del salario que se tomará para el cálculo de la fórmula, ésta será la mayor entre la medición del Ripte o del Indec. 

La sesión en la Cámara Baja está convocada para este jueves a las 14 horas. Según pudo saber este diario de fuentes parlamentarias, el Frente de Todos necesita 37 votos para aprobar el proyecto de ley de movilidad, y cuenta con 42, debido a que acompañarán senadores de otros partidos de Río Negro y Misiones.

Cambios

El proyecto de ley de movilidad fue elaborado por el Ministerio de Economía, Trabajo y Anses. Luego, el Senado le introdujo modificaciones. El artículo que establecía que el aumento del 5 por ciento de diciembre sería a cuenta del de marzo había generado rechazo incluso entre miembros del Frente de Todos, como la diputada Mirta Tundis.

Entre los promotores del proyecto de movilidad, como el abogado previsional Miguel Fernández Pastor, se destacaba que incluir en la fórmula sólo la medición del Ripte “implicaría un perjuicio para los beneficiarios”. Entre 2009 y 2017, mientras estuvo vigente la fórmula de Cristina Kirchner, el Ripte superó en un 15 por ciento al índice de salarios del Indec, aunque en las 14 observaciones semestrales, en 5 fue superior el valor del Indec. El dato surge del informe de Serio Carpenter, del Instituto Argentino para el Desarrollo (IADE). “La elección del mayor de dos índices diferentes fue en beneficio de la movilidad”, escribió en su último informe.

En cuanto a la periodicidad de las actualizaciones, la fórmula continuará con la modalidad aplicada por Cambiemos, con cuatro aumentos trimestrales, en marzo, junio, septiembre y diciembre y no semestrales, como era con Cristina Kirchner y como se había dicho inicialmente. Los aumentos semestrales entrañan un “riesgo”, había asegurado Fernández Pastor, dado que cuando se producen picos inflacionarios, “el retraso en percibir el aumento significa una pérdida transitoria de poder adquisitivo”.

Mantener los aumentos trimestrales había sido uno de los pedidos de abogados y economistas que no apoyan los parámetros de la fórmula (salarios y recaudación), dado que consideran que debería mantenerse el ajuste por inflación, tal como sancionó Cambiemos en 2017 en base a recomendaciones del FMI. Es el caso del economista Rafael Rofman, ex Banco Mundial, quien en su último trabajo en Cippec escribió: “La periodicidad de los aumentos debe ser suficientemente alta para evitar demoras que resulten en deterioros significativos del poder adquisitivo”. Esto varía según cada país, pero en Argentina debería ser de este modo debido a la historia de alta inflación.

Más allá de los cambios impuestos, quienes se oponen a la fórmula rechazan que uno de sus componentes sea la recaudación y que no incluya como parámetro a la inflación. Sobre esos puntos, no hubo modificaciones. El último informe publicado por la Dirección de Estudios de la Seguridad Social de la Anses hace referencia a estos puntos. Establece que una fórmula que incluya el índice de precios al consumidor otorgaría un mayor incremento cuando se contrae la economía y caen los salarios. Pero dice que “la tendencia de las economías es de crecimiento” y que la inflación está “implícita” en el componente del salario, que suele acompañar la carrera de los precios, y en la evolución de los recursos tributarios, con el 90 por ciento de los impuestos que dependen de los precios.

Además, agrega que con la inflación las prestaciones pueden mantener el poder adquisitivo, pero con la recaudación, aumentan en términos reales, dado que el componente procíclico permite compartir las mejoras en la economía. “Resulta menester que los haberes recuperen el poder de compra”, anticipa el documento. La fórmula del gobierno de Cristina elevó los haberes un 26 por ciento en la década que estuvo vigente, pese a que hubo dos años recesivos (2014 y 2016).