El exdiputado provincial peronista Darío Scataglini declaró ayer ante los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, en el marco de la causa que investiga las relaciones judiciales y legislativas con el juego clandestino. El ahora exasesor de la Cámara baja, debió explicar sus contactos con el zar del juego, Leonardo Peiti, en representación del senador Armando Traferri. Los investigadores encontraron una llamada de éste, con la secretaria del capitalista de juego clandestino en nombre del senador. 

El propio Traferri lo explicó ayer:  "Peiti hace un tiempo pretendía mediante un convenio interprovincial, explotar juegos de azar en locales de la lotería de Santa Fe, presentó una carpeta con el proyecto y las autorizaciones de otra provincia. Le encomendé a un ex diputado provincial, Dario Scataglini, que se encargara de atenderlo. De allí, proviene mi conocimiento de su persona. Y los contactos habidos, siempre tuvieron que ver con esa cuestión. Pero evidentemente eso lo conocen los fiscales que haciendo de la realidad veraz una deformada mentira, llevan con su guión a conseguir de Ponce Asahad que se verá, en días, continuará su detención en modo domiciliario; llevándolo a vincular a Peiti conmigo, pero en un contexto diametralmente diferente”.

Más allá de la lectura de Traferri, ayer otros legisladores pidieron profundizar los dichos de Ponce Asahad. Una de ellas fue la diputada provincial del PJ, Matilde Bruera, quien advirtió que las acusaciones del exfiscal rosarino "afectan a la institucionalidad” y por lo tanto “deben ser investigadas” por la Justicia. “Esas acusaciones deben ser aclaradas e investigadas, tienen que ser debatidas en la Legislatura”, propuso la diputada de Encuentro por Santa Fe, que lidera María Eugenia Bielsa.

Bruera señaló que “está abierto el debate jurídico sobre la ley que regula el Ministerio Público de la Acusación y la disciplina de los fiscales. El control de la Legislatura a los fiscales no puede afectar la independencia de poderes. Hay que apelar a la mayor responsabilidad institucional y transparencia”.

Además, la diputada se mostró preocupada porque “se le dieron facultades absolutas a la Legislatura para el control a los fiscales y el sistema republicano determina que el control no puede afectar a la independencia de poderes. En otras palabras, no es constitucional que diputados y senadores provinciales juzguen a fiscales”.

En este punto, la abogada agregó que “veo con mucha preocupación que diputados y senadores pongan en tela de juicio al fiscal (Adrián) Spelta, que podría ser separado de su cargo”, enfatizó. Cabe aclarar que finalmente hoy la Asamblea Legislativa no tratará la posible sanción Spelta,  fiscal jefe de Homicidos.  Spelta es quien en su momento, habilitó la prisión domiciliaria a Ema Pimpi Sandoval, condenado por la balacera a la casa del exgobernador Antonio Bonfatti. Sandoval después fue ultimado por sicarios.