Desde París. El fanatismo sangriento del islamismo radical llevó el Ejecutivo francés a preparar una nueva legislación que apunta a desmontar la influencia de esta corriente en la sociedad, a proteger a los empleados públicos, particularmente de la educación nacional, de la amenaza radical, a exigir que las asociaciones cumplan con los requisitos de la laicidad, a instaurar más transparencia en los cultos y, por último, a restringir la educación de los menores de edad en los hogares. El proyecto de ley mediante el cual se reafirman “los principios republicanos” es una consecuencia de los atentados yihadistas que sacudieron a la sociedad francesa en los últimos meses. Hubo dos que conmocionaron a la sociedad: el 16 de octubre de 2020 el profesor Samuel Patay fue decapitado por un joven checheno en los alrededores del liceo de Bois-d'Aulne. El asesino, Abdouallakh Anzorov, se vengó del profesor de historia y geografía porque Samuel Patay había mostrado a sus alumnos las caricaturas de Mahoma publicadas por el semanario Charlie Hebdo. El 29 octubre, un tunecino de 21 años que había llegado hace unos días a Francia, Brahim Aouissaoui, irrumpió en la basílica Notre-Dame de la Assomption, en pleno centro de Niza, y decapitó también a un hombre y dos mujeres.

El proyecto de ley que llegó este miércoles al Consejo de Ministros se presentará en la Asamblea Nacional a principios de 2021. Los debates se anuncian acalorados. La mayoría parlamentaria está dividida en torno al texto y al concepto central de laicidad sobre el cual se apoya la sociedad francesa. Precisamente, en estos días se cumplen los 115 años de la llamada Ley de la Laicidad a través de la cual se avala la libertad de culto y la absoluta neutralidad del Estado frente a las diversas religiones. Precisamente, la defensa de ese modelo asumida por el presidente Emmanuel Macron luego de los atentados había desencadenado una ola de protestas, manifestaciones contra Francia en el mundo arabo musulmán, así como el boicot de los productos franceses. La ley cuenta con muchas disposiciones, pero responde, esencialmente, a la estrategia del presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo centro es contener “el separatismo islamista”. Sin embargo, el texto resultante es una suerte de compromiso entre los objetivos presidenciales y gestos dirigidos a los musulmanes para calmar los temores de que la ley estaba específicamente destinada a los seis millones de musulmanes que residen en Francia. También se buscó apaciguar la controversia que surgió luego de los atentados y de la posición defendida por Macron a favor de la laicidad y del derecho a blasfemar. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fue uno de los dirigentes más críticos y agresivos contra la presidencia francesa. El Primer Ministro francés, Jean Castex, dijo que este proyecto de ley “no es un texto contra las religiones, ni contra la religión musulmana en particular. Es, por el contrario, una ley de libertad, una ley de protección, una ley de emancipación ante el fundamentalismo religioso”. En una entrevista publicada por el vespertino Le Monde, el jefe del Ejecutivo enfatizó el hecho de que “el enemigo de la República es una ideología política que se llama el islamismo radical”. A principios de octubre de 2020 Emmanuel Macron esbozó un primer modelo de este texto. En sus inicios se llamó “ley contra el separatismo”, pero los atentados del mismo mes de octubre cambiaron su naturaleza, aunque no así sus objetivos: combatir la influencia radical en barrios del país y llevar a cabo una suerte de pedagogía global para evitar que muchos sectores musulmanes sigan creyendo que sus imperativos religiosos están por encima de las leyes de la República.

El proyecto de ley consta de dos partes. Con la primera se trata de garantizar “el ejercicio libre del culto” y, con la segunda, de garantizar el respeto de los valores republicanos. El primer segmento se focalizará muy particularmente en la supervisión de la financiación y la manera de funcionar de las numerosas asociaciones religiosas que están activas en el país. Por ejemplo, el proyecto instituye la obligación de firmar un documento en el cual, las asociaciones que buscan subvenciones estatales, se comprometan a respetar los valores de la República y a respaldar la igualdad entre hombre y mujeres. Siempre hubo mucho más que sospechas en torno a la actividad real que desempeñaban muchas asociaciones religiosas, más concentradas en el adoctrinamiento que en otras actividades. El proyecto sanciona igualmente el recurso a los certificados de virginidad, refuerza el control de la poligamia y los matrimonios forzados en los que, muchas veces, se obliga a mujeres muy jóvenes a contraer matrimonio. Las autoridades locales se encargarán igualmente de que los servicios públicos mantengan una línea neutra, sin hacer concesiones de horarios o genero.

Un articulo del proyecto de ley prevé penas de cárcel para toda persona que amenace, acose o agreda a un miembro del servicio público, que fue lo que pasó con el profesor Samuel Patay. También se sancionará a quienes difundan informaciones relativas “a la vida privada, familiar o profesional” destinadas a encontrar a una persona cuya localización pone en peligro su integridad física. El proyecto de ley adoptado este miércoles por el Consejo de Ministros está muy lejos de haber llegado a un consenso. La mayoría presidencial en la Asamblea no se presentará unida a la discusión y muchos sectores críticos juzgan que la ley de Macron les da un golpe muy fuerte a todos los cultos religiosos.

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