Amado Boudou le pidió al juez Daniel Obligado que le permita continuar el cumplimiento de la pena por el caso Ciccone en su domicilio y con el régimen de vigilancia electrónica, que el mismo tribunal le concedió en abril de este año porque tiene hijos mellizos de 2 años y la Ley de Ejecución Penal prevé el acceso a la prisión domiciliaria para proteger el “interés superior” de las niñas y los niños menores de 5 años. La presentación de la defensa del exvicepresidente resalta que la misma fiscal de ejecución que el viernes último pidió que cumpla la condena en la cárcel, Guillermina García Padín, por lo menos en cuatro casos de condenados por la tragedia de Once consideró que podía cumplir la pena en sus casas por tener hijos pequeños.

El revuelo por la posibilidad de que Boudou vuelva a prisión se desató, fogoneado por los medios afines a la oposición, después del fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública sin analizar nada sobre los hechos y responsabilidades. Usó el famoso artículo “280” del Código Procesal Civil y Comercial que le permite no dar argumentos de nada y rechazar planteos por considerarlos “inadmisibles”. El máximo tribunal tampoco se expidió, porque no estaba planteado, sobre la situación de detención domiciliaria del exvicepresidente. Lo que ocurrió el viernes último fue que la fiscal Padín y el fiscal de juicio Marcelo Colombo plantearon que, como después del fallo supremo, Obligado declaró firme la condena, ahora “pierden operatividad las previsiones del artículo 210 inc. j) del Código Procesal Penal Federal, que habilitaron, con fecha 6 de abril y 5 de agosto de 2020, la morigeración de los encierros carcelarios dispuestos por el señor juez respecto de Amado Boudou y José María Núñez Carmona”.

Ante ese reclamo de la fiscalía, que deberá ser resuelto por Obligado, Boudou hizo una presentación –a través de sus abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort-- en la que le recuerda al juez que la propia fiscal ya en otros casos marcó que se debe dar prioridad los informes de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de la Defensoría General de la Nación y los de su Equipo Interdisciplinario. También los de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal del Poder Judicial que van en igual sentido. El planteo de todos ellos es priorizar lo que dice la propia ley de Ejecución Penal cuando la persona condenada tiene hijos/as menores de 5 años: la prisión domiciliaria para el cumplimiento de la pena es “una herramienta legal tendiente a armonizar el interés punitivo del Estado con el respeto a los derechos fundamentales de los niños y las personas con discapacidad”. Es una “alternativa a la prisionización, destinada fundamentalmente a tutelar a la menor a su cargo, sus derechos y garantías y, concretamente, de su integridad física y psíquica. Es decir, para analizar la procedencia del beneficio se debe observar la particular situación vivenciada o padecida por la menor sujeta a su cuidado, debiendo primar así el ‘interés superior del niño’”, dice la presentación de Boudou, invocando análisis anteriores de la propia fiscal.

La representación de los hijos de Boudou en la causa, está a cargo de la Unidad Funcional de Asistencia de Menores que ya fue muy clara en dictaminar que “la relación paternofilial es esencial en el desarrollo psíquico de un niño, y que la separación puede repercutir en su salud psicofísica. Asimismo, que los efectos adversos de la prisionización repercuten en forma diferenciada en los niños, según su resistencia personal, edad y circunstancias sociales; que la institución carcelaria es un ambiente hostil y violento como para que ingrese un niño y que el encarcelamiento de un progenitor puede producir un severo impacto psíquico en sus hijos, más aún contemplando que León y Simón Boudou García tan solo tienen dos años de edad”. En el mismo sentido se expidió el equipo Interdisciplinario. Todos argumentos utilizados en otros casos de condenas firmes, como cuatro en el expediente sobre le accidente de Once, por la misma fiscalía, avalados por jueces de ejecución y asumidos por la Cámara de Casación Penal también. Los informes de Ejecución Penal hablan también de la función de la presencia del ex vicepresidente en su casa, donde vive con la madre de sus hijos, la mexicana Mónica de la Fuente, y traduce una buena conducta.

Núñez Carmona, que había obtenido domiciliaria por razones de salud, también hizo un planteo para continuar la pena en su casa. El juez Obligado todavía no corrió vistas a las partes, ni es seguro que lo haga. Pero tendrá que dar una respuesta a los fiscales y a los condenados, en medio de las presiones de la poderosa colación político-mediática-judicial que intenta reinstalar la demonización de ex funcionarios del kirchnerismo.