Se escucha una y otra vez, en medio de la crisis, hablar de inclusión financiera. ¿De qué se trata? Durante la pandemia la necesidad de hacer efectivo el pago de subsidios de emergencia puso en el centro de la escena la inclusión financiera como herramienta para llegar a poblaciones de las cuales el Estado no tenía registro. 

Esta situación actualiza una serie de debates luego de que, en los últimos años, el sistema financiero haya aparecido como parte del problema más que de la solución. 

El planteo es a partir de la crítica teórica y práctica a las finanzas que la perspectiva feminista ha desplegado en los últimos años. Nos situamos como parte de ese proceso que ha propiciado el encuentro de experiencias sindicales, organizaciones populares, académicas, políticas, institucionales. Desde una lectura feminista, el paisaje de los números y las líneas (de pobreza, de deuda, de inflación) involucra cuerpos concretos. Queremos problematizar al menos cuatro puntos.

En primer lugar, las herramientas que se proponen como parte de la llamada “inclusión financiera” en el momento actual se inscriben en un contexto estructurado por cuatro años de endeudamiento externo y doméstico (registrado y no registrado) que, no hay que dejar de decirlo, implican cifras de récord histórico que se traducen en capacidad extrema de chantaje de un modelo de valorización financiera. Por eso preguntamos: ¿no debería cualquier tipo de política financiera tener en cuenta que esa “inclusión” se hace al interior de los mismos circuitos de valorización y deuda que producen la situación de pobreza y despojo?

Luego, constatamos de varias maneras que la pandemia llevó a una enorme población a un proceso acelerado de precarización. A ella están dirigidas mayoritariamente las nuevas formas de inclusión financiera a través del cobro de subsidios de emergencia. Una vez que se deja de cobrar ese subsidio excepcional, ¿en qué consistirá la inclusión financiera? Dicho de manera más directa: el subsidio se suspende, pero la cuenta queda y ¿para qué servirá?. ¿Qué significa la producción de una nueva población con inscripción bancaria pero sin ingresos asegurados?

Un tercer elemento es a la vez local y global. La crisis tiene una dimensión geopolítica: ¿cómo se inscriben este tipo de propuestas, financiadas por organismos multilaterales, respecto de la discusión sobre las causas de la crisis?

Finalmente, parece clave cómo el movimiento feminista ha demostrado y politizado la interconexión de violencias económicas y violencias machistas, con especial énfasis en las violencias financieras del endeudamiento doméstico. En esa línea, es fundamental pensar el encuadre amplio de las herramientas financieras, tomando en cuenta el aumento exponencial en la coyuntura actual de la violencia doméstica.

Política global

La llamada “inclusión financiera”, a la vez que tiene una agenda nacional, hay que enmarcarla en un proceso global que señala a la crisis del 2008 como hito fundamental. De este modo, aún si en la actualidad en Argentina estos términos puedan usarse para nombrar procesos variados que van desde la inscripción bancaria para cobrar subsidios sociales hasta el desarrollo de instrumentos financieros para proyectos autogestivos, es importante conocer la dimensión geopolítica en la que surge esta propuesta.

Las políticas denominadas de “inclusión financiera” conforman así una segunda ola de financierización de las poblaciones más precarizadas luego de la era de los microcréditos. Un hito de este avance se puede leer en el documento del Banco Mundial de 2008 titulado Finance for all  (“Finanzas para todos”). Allí se postula la necesidad del desarrollo de mercados “más inclusivos” y un cambio de paradigma con el desarrollo de productos y servicios financieros que incorporan nuevas tecnologías, de modo de llegar a sectores no bancarizados pero que disponen de algún tipo de conexión digital. 

En el 2011, en la “Alianza para la Inclusión Financiera” se renueva la retórica ya conocida de la “Alianza para el Progreso” (la que hablaba de las poblaciones fracasadas del Tercer Mundo), ahora versión high tech. A partir de aquí, algunxs autorxs definen a la “inclusión financiera” como un “nuevo consenso de Washington” para ilustrar la confluencia de actores que van desde los funcionarios y diseñadores de políticas públicas hasta los fondos de inversión, con el apoyo explícito del G20.

En América latina, estas políticas funcionaron en algunos casos como respuestas a exigencias sociales y populares que demandaron recursos y servicios. Es decir, la expansión de políticas de subsidios y ayudas -que se hizo a través de la expansión de la bancarización sobre los sectores más precarizados- estuvieron impulsados por agendas antiausteridad que, sin embargo, encontraron en la mediación financiera su clave. Esta situación exige lecturas para poner en relación los momentos de crisis, las dinámicas de protesta y las lógicas financieras.

Laboratorio financiero

La primera acepción de inclusión financiera que hoy circula es la inscripción de nuevxs usuarixs en el sistema. Esto implica incorporar a quienes están por fuera de todo régimen bancario. Nos interesa problematizar qué pasa con esta situación frente a la pandemia. Aquí hay una coyuntura específica: la extensión de subsidios de emergencia a millones de personas en estos meses, muchas de las cuales han tenido que bancarizarse para obtenerlo. Por lo tanto, en un primer nivel de análisis, se constata que la bancarización permitió el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para una amplia población que vio restringidos sus ingresos frente a las medidas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Es decir, que efectivamente la bancarización jugó un rol central en la capacidad del Estado para intervenir en la situación de emergencia y hubo una clara intención del gobierno de favorecer a la banca pública en esta tarea. Sin embargo, a la luz del rol del sistema financiero en el contexto de endeudamiento estructural del que hablamos, hay cuestiones que no pueden pasarse por alto.

La bancarización de les no bancarizades implicó casi 2 millones de personas abrieran por primera vez una cuenta bancaria para poder acceder al pago de IFE. La primera lectura general y con cierto consenso es que estas personas pasaron a estar incluidas financieramente. Aquí no podemos dejar de señalar la aparición de nuevas tecnologías para mediar ese cobro, donde la disputa entre empresas de fintech privadas y bancos públicos es estratégica. 

El Banco Provincia y el Banco Nación lanzaron billeteras virtuales sin costo para la población no bancarizada. A su vez, se lanzaron líneas de crédito como política paralela a los ingresos de emergencia (créditos créditos para trabajadorxs registradxs autónomos y monotributistas, para pago de sueldos). 

Aquí hay que agregar la medida que tomó el gobierno nacional de suspender el pago de las deudas de Anses y los créditos hipotecarios, lo cual alivia la situación económica de los 5,6 millones de jubiladxs y pensionadxs que tienen deudas con el organismo a la vez que da cuenta de la magnitud del endeudamiento doméstico de los sectores más empobrecidos. 

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la pandemia generó una explosión de las deudas domésticas como manera de sobrellevar la pérdida de ingresos en esos meses y el encarecimiento de la vida diaria. Aquí entonces es importante destacar que la inclusión muchas veces se hace sobre una población que ya se encuentra endeudada, incluso de maneras no registradas formalmente.

Contextualizar

La llamada inclusión financiera en la pandemia es, en primer lugar, un registro, de quienes se dice que están “por debajo del radar”. Pero, ¿la apertura de una cuenta bancaria es sinónimo de inclusión financiera? El carácter circunstancial de esta medida no garantiza de por sí la “continuidad virtuosa” en el sistema financiero. Si no se corresponde con políticas de servicios públicos gratuitos y de calidad y políticas de transferencias de ingresos mayores que la dinámica inflacionaria, la permanencia en el sistema financiero de una población sin ingresos o con ingresos intermitentes e insuficientes puede convertirse en un mero vehículo para la toma de nuevas deudas personales.

En ese sentido, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, el endeudamiento llega antes que la cuenta bancaria. Es decir, que la inclusión financiera es generalmente de sujetos ya endeudades. Por otro lado, la bancarización de mujeres y personas trans y travestis está dada principalmente por cobro de AUH, IFE y/o Potenciar Trabajo. Esto refuerza el dato ya conocido de que la inclusión financiera de las mujeres y personas trans se juega en situaciones laborales de informalidad y precarización.

Por esto, es necesario subrayar y contextualizar esa “inclusión”, ya que: 

1. Se inscribe en un momento de empobrecimiento y precarización acelerada.

2. Conecta una población con ingresos insuficientes, o directamente sin ingresos, al interior de circuitos bancarios partícipes del endeudamiento privado a tasas altísimas de lo últimos años.

3. A su vez, pone a disposición datos de esta población recientemente bancarizada que podrían ser comercializados y/o utilizados para direccionar nuevas ofertas crediticias.

En síntesis, queremos problematizar la idea de inclusión por lo menos en tres aspectos: adónde se incluye; en qué contexto se efectúa esa inclusión; y en qué condiciones se asegura la permanencia en el circuito financiero de poblaciones fuertemente empobrecidas a la vez que se extraen sus datos. Estos puntos deben abrirse al debate público, en contraposición a la opacidad y el secretismo que caracteriza al sistema financiero.

"Género" 

La incorporación de cierta agenda de género al interior de la inclusión financiera en esta nueva etapa data de 2013 cuando se publica Oecd/infe policy guidance on addressing women’s and girls’ needs for financial awareness and education que es la base que toma el G20 para asumir en su declaración de ese año la necesidad de educar financieramente a mujeres y niñas. Un año después se organiza el “Primer encuentro de discusión sobre inclusión financiera de mujeres” en el Global Policy Forum que tuvo lugar en Trinidad y Tobago. Así, la Red para la Inclusión Financiera de OCDE es uno de los organismos internacionales que construye la política de inclusión/educación financiera para mujeres.

Para el 2015 ya se crea el W20 teniendo entre sus ejes fundacionales, la inclusión financiera. El Women20 es otra de las usinas que construyen los lineamientos internacionales en materia de inclusión/educación financiera de las mujeres que más alcance tiene por su repercusión en medios de comunicación masivos, lo que la amplifica a sectores no especializados. 

En 2016 se organiza la Segunda Conferencia sobre inclusión financiera de la mujer en Tanzania y publica el plan de acción DENARAU, entre cuyas acciones se encuentra alentar a relevar informacion de inclusion financiera desagregada por “sexo” e incluir consideraciones de género en los planes de inclusion financiera. Esta es la tercera organización global con más alcance en materia de inclusión financiera de las mujeres. 

En 2018 se realiza en nuestro país la cumbre de líderes del G20 y el W20 tiene lugar con su agenda de inclusión financiera basada en apertura de cuentas para las precarizadas y acceso al crédito para las emprendedoras bajo el lema de que las mujeres son mejores pagadoras. También se lanzan una serie de iniciativas privadas que traman las finanzas con las mujeres: aparece en Argentina “Mujer financiera” con una cartera de cursos y “Mujeres en Carrera” que tiene una plataforma de educación financiera y negocios. Se crea “Mujeres en Finanzas Chile” y “Mujeres en Finanzas México”. 

El uso de un lenguaje en clave de género en el ámbito internacional se construye entre la Red internacional de educación financiera de OCDE, la Alianza para la Inclusión Financiera y el Women 20.

Una pedagogía financiera feminista

Queremos proponer algunos ejes para la discusión de lo que prefigurativamente llamamos pedagogía financiera feminista, como parte de la apertura del debate.

* La pregunta a desarrollar es cómo nos desendeudamos y qué otros dispositivos serían útiles y necesarios como herramientas de apoyo a iniciativas para la producción y reproducción social en contextos de despojos generalizados.

* Diseñar herramientas financieras en relación a otras políticas públicas. No hay forma de desendeudamiento sin provisión de servicios públicos gratuitos y de calidad, acceso a la vivienda y redes de provisión de alimento y medicamento desdolarizadas. Este punto se reveló de máxima importancia durante la pandemia cuando el dinero proveniente del IFE y de otros subsidios fue mayormente absorbido por los bancos, supermercados, empresas de telecomunicación, empresas de plataformas y pago de deuda por alquileres, evidenciando que esas suman son no sólo insuficientes, sino que van a parar a los actores económicos más concentrados.

* Producir programas de pedagogía financiera involucrando a lxs actorxs de los territorios, relevando los saberes y estrategias existentes y apuntando a las necesidades de recursos concretos y de desendeudamiento al mismo tiempo. Esto implica, en la práctica, confrontar el modelo del “iletrado financiero” (figura que sostiene la idea de “educación financiera”), a la vez que se denuncian los engaños de las corporaciones en los préstamos, tasas de interés.

* Generar nuevos indicadores de inclusión financiera que no se reduzcan a la inscripción bancaria, que registren los comportamientos financieros de LGBTIQ+ (todos los reportes de inclusión financiera actuales sólo registran de manera binaria a varones y mujeres) y relevar otras herramientas disponibles o futuras (créditos de mutuales, cajas de ahorro solidarias).

* Generar información de endeudamiento privado con perspectiva de género y diversidad. Colocación de créditos para consumo desagregado por género, por rango de edad, por situación laboral (formal/informal), por tipo de ingreso, por tipo de garantía, por condición de vivienda, por lugar de residencia. Es necesario registrar de manera más desagregada el endeudamiento en mujeres en situación de trabajo informal y empezar a registrar el endeudamiento en la población trans y travesti. Sin la información real y exhaustiva de endeudamiento no hay manera de avanzar en dispositivos acordes al estado de situación real.

* Reconocer a les trabajadores bancaries como parte decisiva de los dispositivos de pedagogía financiera. Esto se basa en el dato de la cotidianidad de que generalmente la educación financiera se tramita de manera individual entre les trabajadorxs bancaries y las personas usuarias del sistema financiero cuando se acercan a una entidad bancaria.

* Tramar la pedagogía financiera en la lógica de un servicio público y como medida de prevención de las violencias. El diagnóstico de la violencia económica y financiera como clave de las violencias machistas exige una perspectiva que busque generar autonomía económica con horizontes temporales de largo plazo

* Integrante del GIIF-UBA y docente UNTREF.

** Integrante del GIIF-UBA, investigadora Conicet y docente UNSAM.

*** Militante bancaria. A cargo de la Gerencia de Promoción de Políticas de Género, Resguardo del Respeto y Convivencia Laboral-BCRA.

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