El Pazo de Meirás, residencia veraniega de Francisco Franco, pasó a manos del Estado español después de años de litigios con los herederos del dictador. El palacete de finales del siglo XIX, situado en La Coruña, había sido declarado este año propiedad pública tras un fallo judicial. Ahora se efectivizó la entrega de llaves de manera provisional al Estado hasta que haya sentencia firme, ya que la misma fue recurrida. De esta manera la familia Franco tuvo que abandonar el lugar después de más de 80 años de usufructo. La abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, que recibió la llave, sostuvo que el inmueble nunca debió dejar de ser propiedad estatal. La residencia cuenta con 697 bienes históricos y artísticos que permanecerán en el lugar. La medida judicial se enmarca en el proceso de revisionismo histórico contra la dictadura franquista que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez.
Reparación histórica
Este edificio histórico era el lugar donde Franco -fallecido en 1975- veraneaba con su familia y celebraba los Consejos de ministros estivales. El dictador, gallego de nacimiento, lo convirtió en uno de los símbolos del régimen y tras su muerte, su viuda recibió de manos del rey Juan Carlos, el título de Señora de Meirás. Sin embargo, en septiembre pasado un juzgado de La Coruña sentenció que el inmueble fue un regalo que se hizo en su momento al jefe del Estado y no a Francisco Franco a título personal. Además llegó a la conclusión de que la compraventa de 1941, con la que el dictador logró inscribir la finca a su nombre en el Registro de la Propiedad, fue una simulación, por lo que quedó nula. La propiedad pasó de forma provisional al Estado hasta que la sentencia quede firme. Ahora el gobierno central y el Ejecutivo regional de Galicia deberán negociar el uso futuro del edificio.
La jueza Marta Canales hizo entrega del edificio, declarado como bien público. La abogada general del Estado afirmó que se trataba de una reparación histórica. “El contenido del Pazo de Meirás va a seguir como está hoy a la espera de que haya una sentencia firme. Hay enseres que son claramente personales que se van a entregar en los próximos 20 días”, explicó Castro Rey. La Justicia española había hecho el inventario de las 697 obras históricas que deberán permanecer en el lugar. Antes de entregar las llaves las autoridades legales hicieron una inspección visual para garantizar que las mismas siguieran allí. “La familia Franco solo podrá retirar los objetos de estricto uso personal o que, por sus características, nada aporten a la significación del Pazo como Bien de Interés Cultural", sostiene la resolución judicial. El inmueble había sido de la reconocida escritora gallega Emilia Pardo Bazán (1851-1921), una ferviente activista por los derechos de las mujeres.
Encuentro con la verdad
El Pazo de Meirás reabrirá sus puertas al público en cinco o seis semanas, según anunció la vicepresidenta primera de España Carmen Calvo. La también ministra de la Memoria Democrática, que integra el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dijo que la batalla judicial iniciada por su gobierno por este inmueble dignifica la democracia. Además recordó a los miles de hombres y mujeres que durante décadas reclamaron que el lugar sea patrimonio público. Según la vicepresidenta, los visitantes del lugar se encontrarán “con la historia y la verdad de lo ocurrido: con la presencia de Franco allí, pero con una mirada propia de la memoria democrática y del relato democrático”.
En línea con la restitución histórica que busca el gobierno español, conformado por el PSOE y Unidas Podemos, en octubre de este año se había ordenado la exhumación de los restos de Franco. El cuerpo del dictador fue trasladado desde el Valle de los Caídos a un cementerio privado de su familia. Sánchez había catalogado este evento como una gran victoria de la democracia española. “La determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo guió siempre la acción del gobierno", había escrito el presidente en sus redes sociales. Además el mandatario había señalado que la democracia española tomaba prestigio a los ojos del mundo.
Además el gobierno socialista presentó en septiembre pasado un proyecto de ley de Memoria Democrática que condena la dictadura franquista y pretende saldar una deuda histórica en España. El texto prohíbe cualquier tipo de exaltación de la figura de Franco. Además normativamente incorpora el concepto de "víctima de la Guerra Civil" y “dictadura franquista", siguiendo parámetros internacionales en materia de Derechos Humanos. A su vez condena el golpe de Estado de 1936, así como la dictadura que se instauró luego. El proyecto tiene un pilar muy importante en materia de educación. Los plantes de estudio de escuelas primarias y secundarias tendrán como asignatura la “Memoria Democrática”. También la formación en profesorados. El texto legal aún no fue tratado por el Congreso español y se espera que llegue al recinto en el primer semestre de 2021.
