Cambio cultural. Una pareja de novixs se abraza delante de un gran pañuelo verde con letras blancas que dice “Aborto Legal” y lleva el símbolo de la Campaña, que cuelga entre dos postes de luz, sobre la avenida Callao, casi esquina Sarmiento, a pocas cuadras del Congreso. Érica, de 26 años, y Karin, de 29, posan como si estuvieran debajo de una pérgola con flores en el Rosedal. Una amiga les saca la foto. Ella, de cabello largo, oscuro y lacio, vestida con un short negro y remera blanca, tiene atado en su cartera un pañuelo verde. El, un poco más alto, con camisa negra y jeans, la rodea con su brazo. La imagen podría resumir el cambio cultural, revolucionario, acontecido en los últimos años: es una foto romántica junto a un pañuelo gigante en reclamo del aborto legal, seguro y gratuito. Dejó de ser un tema tabú. “Nunca abortaría, pero apoyo a las mujeres. Me gusta la libertad de elegir”, dice Érica para fundamentar su presencia. Es enfermera y vive en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Él es de Quilmes. Érica cuenta que estuvo en la vigilia del 2018. Por entonces no eran novios. Para él es la primera vez entre la marea verde. Se quedan para bancar hasta que salga la media sanción de la ley de Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se está debatiendo por esas horas, todavía, en la Cámara de Diputados. Son más de las 10 de la noche. A esa altura, faltan unas 9 horas para poder celebrar. En las calles, la mayoría son mujeres, jóvenes. Se baila al ritmo de Sudor Marika, que toca en un escenario montado en Callao y Perón. Hay grupos que cenan en meses en la vereda de alguna pizzería o bar, otros hacen ronda sentados sobre el asfalto, todavía caliente por la tarde de calor agobiante. Se respira alegría.

Un siglo 

Hace casi cien años, un Congreso donde no entraban las mujeres reguló el acceso al aborto en el Código Penal y estableció que no es punible cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en caso de un embarazo producto de violación. Pero recién a partir de 2012, es decir, apenas hace 8 años, la Corte Suprema aclaró en el fallo FAL los alcances de esos permisos para abortar después de una seguidilla de casos de niñas y adolescentes violadas que tuvieron que enfrentar obstáculos arbitrarios e ilegales de profesionales de la salud y funcionarios judiciales “antiderechos” que pisoteaban sus derechos. Seguí muchas de esas historias, busqué darles visibilidad. Las primeras que cubrí son de fines de los ‘90. ¿Cómo llegué a involucrarme tanto con el problema del aborto? Sin dudas, conocer en mis veintes, cuando descubría el feminismo, a pioneras en la lucha por su legalización como Dora Coledesky --que falleció en 2009-- y Martha Rosenberg, dos históricas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Con una ley de paridad que promovió el ingreso de mujeres a la Cámara de Diputados de telón de fondo, ahora se dio media sanción al proyecto que regula la IVE: se busca que podamos abortar en la legalidad sin dar explicaciones hasta la semana 14 de gestación. Tres de las cuatro comisiones que dictaminaron están presididas por diputadas. La aprobación de la ley --impulsada esta vez desde el Gobierno-- será un paso fundamental hacia la autonomía sobre nuestros cuerpos, para garantizar que la maternidad sea una elección y no una imposición. Ahora, la decisión está en el Senado.

Archivo

Reviso mi archivo de notas viejas, en papel, y encuentro una, bien amarilla, algo ajada, que publiqué el 22 de noviembre de 1998. Se refiere al caso de una joven con discapacidad mental, cuya madre reclamó el aborto admitido en el Código Penal desde 1921, pero un juez de Instrucción de la Capital Federal le negó la autorización y, sin ese permiso legal, en el Hospital Santojanni, de la ciudad de Buenos Aires, se rehusaron a practicar la interrupción del embarazo. “Una chica violada pide abortar y todo el mundo se pasa la pelota”, dice el título. La foto que ilustra el artículo es justamente de Dora Coledesky, que actuaba como representante legal de la familia de la niña. En la misma página amarillenta se destaca un recuadro que da cuenta de un caso ocurrido en Misiones un año antes, en 1997: aun con la venia de un juez de Posadas, los médicos del Hospital Ramón Madariaga se habían negado a realizarle un aborto terapéutico a una mujer con epilepsia. Ni siquiera habían tenido en cuenta el dictamen de una junta médica convocada por el magistrado, que había confirmado que la vida de la mujer corría riesgo, de continuar con la gestación. Pero el entonces obispo de Posadas, Adolfo Delgado, hoy arzobispo emérito de San Juan de Cuyo, ponía el grito en el cielo y equiparaba el aborto con la pena de muerte. En el debate de estos días en Diputados se volvieron a escuchar comparaciones de ese tipo. Ahora suenan arcaicas. Las mujeres que abortan no son asesinas ni criminales: son mujeres desesperadas frente a una gestación que no quieren continuar --por las razones que sean, en este caso por razones de salud--: son víctimas de un Estado ausente que las empuja a la clandestinidad, a la cárcel --como a Belén, en Tucumán-- o a la muerte: recuerdo los casos de una niña de 13 años de Salta, en 2011, de María Campos, en 2018 en Santiago del Estero, o más recientemente, en noviembre, de Mariela, en Córdoba. Y tantas más. En 1997, la fuerte presión eclesiástica lograba en aquel momento su cometido: la mujer de Misiones, de condición muy humilde, finalmente anunciaba que seguiría adelante con el embarazo. La mujer como incubadora, envase: sin derecho a decidir. El drama de Lucía, la niña tucumana, mostró que todavía esa perversa trama antiderechos sigue vigente en algunas provincias.

Es el goce

Si se aprueba en el Senado la Ley de IVE, varios diputados “celestes”, entre ellos Pablo Torello, del PRO por la provincia de Buenos Aires, amenazaron, durante la extensa sesión que se prolongó hasta la mañana de este viernes, con ir a la Justicia para reclamar su inconstitucionalidad. Los mismos sectores que hoy se aponen a la regulación de la interrupción voluntaria de embarazo --es decir, a ampliar derechos sexuales y (no) reproductivos para las mujeres y otras personas con capacidad de gestar-- litigaron contra la distribución gratuita de anticonceptivos a partir de la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable --Ley 25.673 aprobada el 30 de octubre de 2002--. No se trata del aborto. En realidad, no quieren que el Estado entregue métodos a quienes no pueden pagarlo en una farmacia. No quieren que una mujer pueda prevenir un embarazo no intencional, elegir si tener o no hijos y cuándo tenerlos. No quieren que se pueda separar el goce sexual de la procreación. Varias de las presentaciones en la justicia contra la entrega de anticonceptivos las hizo la ONG El Portal de Belén, de Córdoba, organización católica. Pretendió impedir el reparto de DIU y luego de la llamada píldora del día después; también buscó prohibir el protocolo de atención de abortos legales en esa provincia, que por su acción estuvo suspendido desde 2012 hasta el año pasado, también esgrimiendo falsamente su inconstitucionalidad.

No quieren ESI

Es mentira también que quieran impulsar la educación sexual integral, como repitieron en estos días varios diputadxs celestes: en 2018, después de que la Ley de IVE fuera rechazada en el Senado, se sacó dictamen de comisión en Diputados para eliminar la objeción de conciencia institucional de la ley de ESI --artículo 5-- que les permite a colegios confesionales adaptar los contenidos a su ideario institucional (y no dar información sobre anticonceptivos, por ejemplo), y los mismos sectores conservadores --católicos y evangélicos-- que ahora marchan contra la legalización del aborto, se movilizaron con el slogan “Con mis hijos no te metas”, e imágenes de vírgenes, para impedir que se avance con esa reforma. Y no se avanzó.

Un faro

La mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe criminalizan a las mujeres que abortan por su propia voluntad. Pero hoy la marea verde trasciende las fronteras de Argentina, movilizada en cada territorio, para seguir ampliando derechos. A nivel internacional, 6 de cada diez mujeres en edad reproductiva viven en países que permiten ampliamente el aborto: la mayoría son del llamado Primer Mundo. Acá se puede ver el mapa del aborto. En los últimos 25 años --desde la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo que tuvo lugar en El Cairo y donde se definió por primera vez a los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos a la actualidad-- 15 países reformaron su legislación para permitir el aborto a demanda de la mujer (entre ellos Uruguay, Irlanda, España, Sudáfrica, Suiza, Albania, Guyana, Nepal); y 18 países revocaron la prohibición completa y establecieron normativas que lo legalizó en distinta circunstancias (como Chile, Irán, Colombia, República Democrática de Congo, entre otros). Las reformas se llevaron adelante en países de una amplia diversidad de regiones geográficas y continentes, mayoritariamente en África. La posible sanción en Argentina volverá a encender la llama y empujará debates en otros países de la región, donde, por ejemplo, en El Salvador --y República Dominicana, Nicaragua y Honduras--, el aborto está siempre criminalizado: ni siquiera está despenalizado cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o en casos de violación y pueden terminar con condenas de 30 o 40 años de prisión. Siempre son las mujeres de sectores pobres las que sufren la persecución. En El Salvador, como en otros países, adoptaron el pañuelo verde.

Justicia social

Con el aborto no se come ni se genera empleo, está claro. Pero es una práctica que atraviesa todos los sectores sociales: las mujeres y personas con capacidad de gestar más ricas y las más pobres abortan, también lo hacen las católicas y quienes profesan otras religiones. Pero las que no tienen recursos ni información, quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, son las que pagan con su cuerpo y con su vida las consecuencias de la clandestinidad. Nadie obligará a quien no quiera abortar a hacerlo. Solo se trata de meter en la legalidad a las que hoy abortan en condiciones de riesgo. #QueSeaLey.