Desde Madrid.De no mediar alguna sorpresa de último momento España tendrá ley de eutanasia antes de fin de año. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados dio luz verde esta semana al proyecto presentado por el grupo parlamentario del PSOE con el apoyo en bloque de todas las formaciones de izquierda. Tanto el debate como la votación permitieron sacar a la luz los matices que dividen a la derecha. Mientras que los conservadores del Partido Popular y los ultras de Vox se pronunciaron en contra con términos catastrofistas, los liberales de Ciudadanos lo apoyaron. La propuesta salió adelante con 22 votos a favor y 14 en contra. Cuando llegue al pleno del Congreso la ley se aprobaría con una proporción de de apoyos similar.

Las posiciones puestas de manifiesto en la comisión parlamentaria, el paso previo para que los proyectos de ley puedan ser incluidos en el orden del día del pleno del Congreso para su debate y posterior aprobación, permiten adelantar que antes de que concluya el año habrá una ley española que garantice el derecho a una muerte digna. A diferencia de lo que sucede en otros sistemas parlamentarios, en España el Senado es una cámara de segunda lectura que puede matizar pero no vetar una ley aprobada por los diputados. El respaldo conseguido por el proyecto, además de dar vía libre a una norma que supone ampliación de derechos, pone en evidencia la capacidad de alcanzar acuerdos de calado de la mayoría progresista que permitió dos semanas atrás la aprobación de los presupuestos.

El objetivo de la ley es dar cobertura jurídica a la asistencia médica que se preste a personas que atraviesan una situación terminal, ya sea porque sufre una enfermedad incurable o porque padezcan una situación de sufrimiento irremediable que no pueda ser mitigado y que el paciente considere inaceptable. Quienes soliciten la asistencia médica para morir podrán detener el proceso iniciado con la petición en cualquier momento si así lo deciden.

En el momento que se apruebe, España pasará a ser el quinto país del mundo con la legislación más avanzada en esta materia tras Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá, aunque en varios estados de Estados Unidos y en otros países como Nueva Zelanda, Australia o Suiza no se persigue el suicidio asistido, si bien no existen leyes específicas que lo amparen.

En España el debate sobre la eutanasia lleva años formando parte de la agenda política, especialmente tras algunos casos resonantes. En los años noventa, el de más trascendencia fue el de Ramón Sampedro, un marinero gallego que pasó 30 años postrado tras sufrir un accidente que lo dejó tetrapléjico a los 25 años y cuyo caso inspiró la película de Alejandro Amenábar 'Mar adentro’. Más recientemente, otro caso conmocionó a la opinión pública española. Fue el de María José Carrasco, una mujer enferma de esclerosis múltiple en fase terminal a la que su marido, Ángel Hernández, ayudó a morir tras décadas dedicado su cuidado. Hernández admitió haber asistido al suicidio de su mujer y la Fiscalía lo acusó primero de violencia de género, lo que causó gran escándalo, y y después de asistencia al suicidio, por lo que solicitó una condena de seis meses de prisión. El fiscal, sin embargo, adelantó que no se opondría a la concesión de un eventual indulto.

Pese a estos antecedentes, cuyo debate público puso en evidencia un mayoritario respaldo social a que se regule el derecho a la muerte digna, durante el debate celebrado en la comisión se escucharon argumentos que parecieron retrotraer al país a discusiones anteriores, cuando las fuerzas de derecha se opusieron a otras normas de avance social como la ley de divorcio, de interrupción voluntaria del embarazo o de matrimonio igualitario.

La diputada de Vox Lourdes Méndez llegó a decir que la ley tendrá unas consecuencias aterradoras, que implantará “la cultura del descarte y de la muerte” y que su objetivo no es eliminar el dolor, sino “eliminar determinados enfermos” para aliviar el colapso del sistema sanitario. Vaticinó además que se coaccionará a las personas más vulnerables “para que pidan morir”.

El portavoz del Partido Popular José Ignacio Echániz no se quedó atrás al calificarla de injusta, inoportuna, un “ejercicio de ingeniería social” y un “retroceso de la civilización”.

La diputada socialista y ponente de la ley, María Luisa Carcedo, médico de profesión, respondió a estos embates con un argumento que levantó el aplauso de los grupos de la izquierda: “Espero que nadie de ustedes ni se su entorno tenga que utilizar esta ley”, les dijo. Destacó además que todas las encuestas enseñan un apoyo abrumadoramente mayoritario a la regulación de este derecho. Desde Unidas Podemos, la diputada Rosa María Medel subrayó que se trata de una norma que no obligará a nadie.

El objetivo de la norma es regular la aplicación de la eutanasia y dar cobertura legal a la ayuda médica para morir a personas en determinadas situaciones, tanto mediante la aplicación de los medicamentos adecuados por parte de un médico como facilitando que sea el propio afectado quien se la suministre a sí mismo. Además, se pretende que constituya una prestación pública que puedan solicitar quienes padezcan una enfermedad grave e incurable o quienes sufran padecimientos graves, crónicos o que invaliden para una vida con un mínimo de dignidad. Quienes lo soliciten deberán tener capacidad para hacerlo de manera independiente, informada y consciente.

La norma establecerá que la muerte asistida podrá realizarse tanto en centros sanitarios como en el domicilio de los afectados y para poder hacer uso de este derecho, el paciente deberá superar varios filtros, por lo que se insiste en el carácter garantista de la ley. El proceso se iniciará en el médico que esté al frente del tratamiento, quien deberá dar su aprobación. Dos semanas después, el paciente deberá repetir la solicitud, tras lo cual será informado por el facultativo de las opciones alternativas. Sólo si tras esta etapa el enfermo mantiene su petición, el proceso seguirá adelante.

Seguidamente, el facultativo tendrá que consultar la situación con otro médico, que tendrá que comprobar si se cumplen todas las condiciones previstas y enviar su dictamen a una comisión gubernamental que tendrá que dar su aprobación final. Los plazos sólo se podrán acortar si los médicos diagnostican una pérdida inminente de conciencia.