A casi diez meses de la muerte de Carlos "Bocacha" Orellano, hallado en el río Paraná dos días después de haber salido a bailar al boliche Ming, en La Fluvial, cuatro policías fueron imputados por incumplimientos y falsedades; y uno quedó en prisión preventiva. El querellante Salvador Vera adelantó que el martes se realizará una medida de reconstrucción del hecho en el que perdió la vida el joven de 24 años.
La acusación de los fiscales de las unidades de Homicidios y Violencia Institucional Patricio Saldutti y Gonzalo Fernández Bussy apuntaron a delitos cometidos durante la actuación de los uniformados en el caso. Gabriel Nicolossi y Carina Gómez son los agentes que ese 24 de febrero hacían adicionales en el boliche donde estuvo "Bocacha". Saldutti les atribuyó incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica agravada en relación a que "en horas de la madrugada, en su función de adicionales y al presenciar, en inmediaciones del lugar, la presunta caída de Orellano a las aguas del río, dieron aviso a la central 911 --aproximadamente a las 5.35-- y Prefectura, omitiendo informar una interacción entre ellos y personal de seguridad del boliche con Orellano", esa misma noche. Tampoco dieron aviso inmediato a Fiscalía. Además, "se retiraron sin documentar debidamente su actuación, lo que le impidió al personal de Prefectura ahondar en la información para las primeras acciones de búsqueda y rescate", expresa la acusación. También se les achacó "haber insertado en el acta declaraciones falsas al hacer constar que observaron 'detrás de las barandas de seguridad, una persona acostada sobre el suelo y que en un momento desaparece, como si hubiese caído al agua...'", pese a la interacción que se considera "acreditada" entre Orellano, dos empleados de seguridad del boliche y ellos. "Esta situación de relevancia fue intencionalmente omitida, en perjuicio de la investigación", reza la imputación.
En tanto, Pablo Bagli y Brenda Leis, que se desempeñaban como comisario y sumariante de la seccional 2ª, fueron acusados por Fernández Bussy por incumplimiento de deberes al "haber omitido cumplir en forma inmediata la orden de la fiscal Valeria Piazza Iglesias, quien ordenó recabar y secuestrar las cámaras de seguridad de la zona". Además, por consignar "una fecha errónea" en ese pedido.
Saldutti dio más detalles: "Estamos a la espera del informe final de autopsia y de exámenes complementarios que nos van a decir las causas de la muerte, por eso se imputó a dos policías que trabajaban como adicional por los incumplimientos y falsedades, ante el choque entre lo que se pudo reconstruir del hecho hasta el momento y lo que consta en el acta", dijo. "Todavía no podemos evaluar si el cuerpo cayó con o sin vida al río, y otros datos. Sí podemos hacer estas imputaciones. Cuando tengamos informes que estamos esperando podremos determinar las responsabilidades", agregó ante la consulta de si habrá más personas acusadas, ya que la familia de la víctima insiste con que deben ser imputados empleados de seguridad del local nocturno y el dueño del boliche.
En tanto, el abogado querellante Salvador Vera señaló tras la audiencia que "las imputaciones policiales son relevantes porque dan cuenta que la versión policial no es cierta, que fue hecha para conducir a engaño y que el caso se investigue como un accidente, como un chico que se cae y se ahoga cuando en realidad se trata de una muerte en un contexto de agresión por parte del personal de seguridad, en el ámbito del boliche", dijo sobre su teoría del caso. "Entendemos que la versión policial es falsa y que se da una escena con diferentes secuencias, dentro y fuera del boliche, y un tercer momento que posiblemente se dé en la zona del balcón sur, donde se encontraron manchas de sangre".
La autopsia realizada en el Instituto Médico Legal no detectó signos de violencia y concluyó que la causa de la muerte es “indeterminada”. Ante ello se esperan análisis complementarios del equipo forense de la Corte de la Nación. Además, a comienzos de este mes, fue exhumado el cuerpo de la víctima para la toma de una muestra ante una nueva pericia de la que aún se esperan resultados que se apuesta que permitan avanzar en la investigaciones sobre la autoría del hecho.
