El senador Armando Traferri salió ayer del Centro de Justicia Penal un poco más arrinconado de lo que estaba, al llevarse la certeza de que los fiscales que lo citaron decidieron pedir al Senado que le quite sus fueros legislativos para imputarlo de un delito penal vinculado al pago de coimas y explotación del juego clandestino. "No quiso que lo imputemos porque se amparó en sus fueros. Por eso hoy mismo (por ayer) iremos al Senado a pedir el desafuero del senador Traferri para poder imputarlo, porque tenemos evidencias suficientes para hacerlo", revelaron ayer al mediodía los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, luego de la audiencia a la que el senador sanlorencino llegó a media mañana al Centro de Justicia Penal. Sin embargo, la intención declamada no se asentó en la mesa de entradas del Senado, en Santa Fe.
Traferri ratificó el contenido del escrito que había presentado el miércoles, con el que desmintió toda vinculación dolosa con la organización de juego clandestino, tal como el fiscal destituido -y preso por esa causa- Gustavo Ponce Asahad lo había involucrado. Para los fiscales, el descargo no le alcanza al legislador para despegarse de ciertas pruebas que lo incriminan en la asociación ilícita investigada, que tiene como principales imputados al fiscal regional de Rosario (destituido) Patricio Serjal, al ex fiscal de grado Ponce Asahad y al capitalista de juego Leonardo Peiti.
La cita de ayer fue la reacción inmediata de los fiscales al contragolpe ensayado por Traferri y su abogado. "Lo llamamos para que brinde explicaciones sobre ese escrito. Consideramos que es inconsistente con la evidencia que tenemos en la causa, por eso le preguntamos si era su voluntad desaforarse voluntariamente y admitir que lo imputemos. Su abogado dijo que no correspondía, que no puede renunciar a sus fueros, entonces vamos a solicitar su desafuero para poder llevar adelante la audiencia imputativa", señalaron los fiscales.
Es un tecnicismo constitucional al que la defensa de Traferri apeló para ganar tiempo. Sostiene que debe ser la Cámara de Senadores (presidida por Alejandra Rodenas, miembro de su mismo espacio político) el organismo le quite los fueros a un senador, y que él no puede renunciar a eso per se. Para quitarle los fueros se precisa el voto de los dos tercios de los senadores presentes en el recinto. El jefe del bloque peronista, con sus senadores leales y sus aliados del Frente Progresista, detentan el control de esa cámara.
Los fiscales entienden lo contrario: "Hay casos de legisladores que han renunciado voluntariamente a sus fueros", indicaron ayer. El primer antecedente de esta era democrática se remonta al cordobés Eduardo Angeloz cuando en 1996 era senador y fue acusado de enriquecimiento ilícito. El último en renunciar a sus fueros es el ex senador pampeano Juan Carlos Marino, cuando fue denunciado por acoso sexual en 2018.
"Traferri entiende que él no lo puede hacer, por eso vamos a proponerle a la Cámara de Senadores que nos citen la semana que viene para dar explicación fundada del caso, y por la cual vamos a solicitar el desafuero. Estimamos que tenemos elementos para imputarle al senador un hecho delictivo", dijeron con serenidad Edery y Schiappa Pietra en rueda de prensa.
"Le preguntamos al senador si ratificaba el escrito que presentó el miércoles, dijo que sí, y vemos que no es consistente con la evidencia que tenemos. En base a eso preparamos una imputativa, y como no accedió es que iremos al Senado a pedir el desafuero y explicar por qué", recalcaron.
Hasta donde pudo saberse, los fiscales no efectivizaron ayer el pedido desafuero, tal como dijeron, puesto que ese trámite debería formalizarse en la Mesa de Entradas de la Cámara, en la capital provincial, no en la delegación Rosario.
Pero igual hubo reacción institucional desde el Poder Legislativo para avalar la ofensiva de los fiscales Edery y Schiappa Pietra. La comisión de Información y Seguimiento que investiga a los ex fiscales procesados emitió ayer un comunicado para expresar "su preocupación por los hechos de gravedad institucional de público conocimiento y manifiesta su apoyo al trabajo de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery".
"Es un momento que exige responsabilidad de parte de todos quienes integramos poderes del Estado, para no generar interferencias en la tarea de los fiscales. Al mismo tiempo, impulsamos la necesidad de la transparencia en todos los procedimientos como presupuesto básico de una mejor democracia", concluyeron los diputados Joaquín Blanco, Carlos Del Frade, Agustina Donnet, Maximiliano Pullaro, Matilde Bruera, Mónica Peralta, Juan Cruz Cándido, Lionela Cattalini y Ximena Sola.