Por segundo día consecutivo, el presidente Alberto Fernández criticó públicamente el funcionamiento de la cabeza del Poder Judicial. "En la Corte Suprema la apertura de recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmoso que no puede tolerarse y debe ser corregido", sostuvo el Presidente y comentó que en el voluminoso informe que le acercó el Consejo Consultivo de juristas hay opiniones diversas sobre cómo debe modificarse el funcionamiento de la Justicia, pero que nadie le dijo que todo debe seguir igual. La Corte Suprema quedó nuevamente en el ojo de la tormenta luego de su decisión de no aceptar el recurso extraordinario que le presentó el ex vicepresidente Amado Boudou y las furibundas críticas que le dedicó a sus integrantes en una carta la vicepresidenta Cristina Kirchner. Con todo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró que no está en los planes del Gobierno iniciarles juicio político para destituirlos. "No estamos pensando en ese tipo de cuestiones. No tenemos ningún pedido presentado y tampoco un requerimiento de esas características, para nada", subrayó.

Fernández había sido muy duro con la Corte Suprema unos meses atrás, en septiembre, cuando su titular Carlos Rosenkrantz anunció en los medios opositores su decisión de convocar a un acuerdo extraordinario para tratar los pedidos de per saltum presentados por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, quienes trataban de impedir sus traslados. "¿Qué es lo que está buscando?", se había preguntado entonces el Presidente sobre la decisión de Rosenkrantz. La Corte luego firmó un fallo salomónico, aceptando que esos jueces se mantuvieran en sus puestos hasta tanto se designen a sus reemplazantes. 

Por un tiempo no hubo novedades hasta que la semana pasada los cinco jueces de la Corte, sin dar ningún fundamento, declararon "inadmisible" el recurso de queja presentado por Boudou, con lo que en los hechos dejaron firme su condena por el caso de la imprenta Ciccone. En una carta a propósito del aniversario del gobierno, Cristina Kirchner se refirió en términos muy duros al máximo tribunal e incluso especuló con la posibilidad de que los supremos empezaran a partir de ahora a dictar fallos de tipo económico para condicionar a la Casa Rosada.

El Presidente retomó entonces sus críticas al tribunal. En una entrevista con FM La Patriada, fue consultado sobre el proyecto de reforma judicial que tiene media sanción del Senado y que, según adelantó la ministra de Justicia, Marcela Losardo, integraría el listado de temas de sesiones extraordinarias para que Diputados lo debata durante el verano. "Lo que está en el Congreso es una reforma de la justicia federal, que hay que corregir, pero el problema judicial argentino va mucho más allá", advirtió Fernández. Sostuvo que si bien los temas del fuero federal eran los que más aparecían en las noticias porque tiene a su cargo las causas por corrupción, en verdad "el problema judicial es algo más profundo que empieza por la Corte Suprema".

Justamente, hizo mención al caso del per saltum presentados por los tres jueces trasladados a dedo por el gobierno de Mauricio Macri y resaltó que se trató de una de las dos únicas veces que la Corte aceptó un recurso de este tipo en la última década. En cambio, no lo hizo ante la presentación de Boudou, un ex vicepresidente condenado a 5 años y diez meses de prisión en un caso en el que no existen pruebas efectivas que lo responsabilicen. Entre otras irregularidades, el "arrepentido" del juicio, Alejandro Vandenbroele, recibió dinero para comprarse un hotel boutique en Mendoza. 

Ante esa diferencia de criterios para aceptar recursos, el Presidente evaluó que se trataba de una discrecionalidad muy grande que le parecía nociva. "No puede tolerarse y debe ser corregido", remarcó. La comisión de 11 juristas que le acercó un voluminoso trabajo con sus propuestas de reforma, consideró mayoritariamente conveniente que la Corte Suprema empiece a trabajar con criterios más estrictos en cuanto a su  competencia y jurisdicción y los plazos en los que debe expedirse. También aconsejaron la creación de un tribunal intermedio que intervendría antes que el máximo tribunal. En cambio, salvo dos opiniones, no hubo una mayoría que aconsejara modificar la cantidad de miembros, que es actualmente de cinco. 

Esas modificaciones, y otras que se proponen en el trabajo, deberían quedar plasmadas en proyectos de leyes que deberá elaborar el Ejecutivo. Pero lo que no hará, aseguró Santiago Cafiero, es iniciarles proceso de juicio político a los jueces. "No estamos pensando en ese tipo de cuestiones. No tenemos ningún pedido presentado tampoco”, subrayó. No obstante, coincidió con las críticas presentadas por Cristina Kirchner que, según el jefe de Gabinete, sirvieron para volver a promover el debate público sobre la actuación de la Justicia.