El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) informó a la jueza de Garantías Claudia Puertas que el territorio de la Comunidad Diaguita Calchaquí Las Pailas, en jurisdicción del municipio de Cachi, "ha sido relevado" en el marco de la ley 26160 y este organismo "reconoció la ocupación actual, tradicional y pública" de estos habitantes originarios mediante "Resolución INAI N° 50/14, con la cartografía georreferenciada, dando cuenta de la demarcación perimetral del territorio comunitario”.
La jueza Puertas interviene en una causa iniciada por una denuncia del 6 de diciembre de la particular María Florencia Wayar, quien tendría la titularidad registral de estas tierras que disputa con la comunidad originaria. La magistrada pidió al INAI que informara si se había relevado este territorio como de ocupación ancestral de pueblos originarios. En el contexto de esa causa el 9 de diciembre la Policía reprimió y detuvo a cuatro diaguitas, dos de ellos autoridades comunales.
En un comunicado el INAI informó que su presidenta, Magdalena Odarda, respondió al oficio de la jueza, "ya que se encuentran en juego derechos de la Comunidad Originaria Diaguita Kallchakí Las Pailas, cuyo territorio ha sido relevado por Expediente Administrativo N° E-INAI- 50113-201" en el marco del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, previsto por la ley 26160, que declaró la emergencia de la propiedad comunitaria indígena y prohíbe los desalojos.
El organismo indicó que intervino debido a que "se tomó conocimiento de que por orden de la Fiscalía actuante, fuerzas policiales irrumpieron en el territorio relevado, en apoyo a los titulares registrales en un claro posicionamiento en contra de los derechos de los miembros de la Comunidad Las Pailas, quienes vienen ejercieron la defensa material de sus derechos comunitarios".
Asimismo, destacó que ese procedimiento se realizó "sin orden judicial, generando así una enorme preocupación y este Instituto Nacional, en conjunto con otros organismos de derechos humanos, solicitamos que se garantice el debido proceso, a modo de que se efectivice el respeto a las pautas culturales y la defensa de los derechos específicos que les han sido reconocidos a las comunidades originarias y a sus miembros".
En el mismo sentido, recordó la plena vigencia de la ley 26160, que "también suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación". E indicó que pidió "cooperación de los estamentos de todos los poderes públicos a fin de efectivizar la implementación de políticas públicas indígenas, en virtud del cual indefectiblemente se espera que las autoridades locales –de los tres poderes- recepten los nuevos principios de defensas de los derechos indígenas y evitar actos de gobierno y/o sentencia judiciales que puedan redundar en un menoscabo de la posesión o el uso de las tierras que pertenecen a las comunidades indígenas".
El INAI pidió también a la jueza que haga "un control de convencionalidad entre las normas internas y las convenciones de derechos humanos en materia indígena adoptadas por el Estado, en relación a la actuación del Ministerio Público Fiscal y sus auxiliares en la actuación del día de ayer (por el 9 de diciembre)".
Titularización, la gran deuda
Tras la represión y la detención de miembros del Pueblo Diaguita, el fiscal Ezequiel Molinati llegó a un acuerdo para iniciar una mediación en enero venidero y que mientras tanto, las partes en conflicto se mantengan sin realizar cambios en el territorio disputado. Ese acuerdo posibilitó que las cosas se calmaran.
Para la Comunidad, el acuerdo no fue quizás lo mejor, pero es bienvenido si posibilita que "las máquinas (de la titular registral) no sigan avanzando, no sigan trabajando", dijo Ulises Yanes, delegado de la Comunidad Las Pailas y de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Salta (UPNDS). "A nosotros no nos dejan trabajar, a la familia, hace diez años, respetando justamente todo el proceso legal, para no profundizar el conflicto y esta gente viene ahora y se mete", criticó, sin embargo.
Por esta desigualdad que deben soportar consideran que la solución pasa por la titularización de los territorios. "Pero hasta ahora no hay voluntad política para avanzar en eso. Imaginate, cuando hicimos el pacto del bicentenario en el 2010 hicimos una comisión justamente para empezar a abordar un anteproyecto de ley de propiedad comunitaria. Y que se ha presentado en el 2014 y nunca se llegó a tratar", lamentó Yanes, para quien "ésa es la gran deuda".
Yanes afirmó que la Comunidad reclama esta solución de fondo, porque viven una situación de "constante asedio a la familia (Mamaní, que reside justo en el punto en conflicto de un territorio más grande) de parte de la Policía", contó que cuando la familia intentaba "regar, hacer algo, ya caía la policía y le decía que había una medida de no innovar". Señaló que buscando una solución de fondo hicieron denuncias penales contra la titular registral, pero "todas las denuncias se han ido archivando" y "por eso es que siempre pedimos al Estado que se empiece a resolver la cuestión de fondo que tiene que ver con la titularización".
Yanes contó que en lo inmediato están pidiendo una aclaratoria a la jueza sobre la consigna policial que ordenó para evitar el ingreso de personas ajenas al lugar disputado, porque la auxiliar fiscal María Juárez Mattar "interpretaba como ajenos a nosotros y no a la otra parte".
Y hay aún más derechos que falta conquistar, "después falta avanzar sobre las tierras aptas y suficientes que dice la Constitución" porque "todavía hay un montón de territorio en manos de unos cuantos y los hermanos se siguen yendo del territorio porque no hay lugar, una forma de desarrollarse acá, eso es lo que está faltando".
