En el Día de los Derechos Humanos, recordado anteayer, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia dictada el 8 de mayo de 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta en la conocida como Causa Orán, Causa Arra o UNSa II, en la que se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 32 personas en el territorio de Salta. 

La decisión, de la jueza Ana María Figueroa y los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, confirmó por la pena de prisión perpetua impuesta por el TOF 1 al militar Virtom Modesto Mendíaz, que fue jefe de la Policía de Salta, y al ex comisario Joaquín Guil, que fue jefe del área de Seguridad. También confirmó la pena de 5 años impuesta al oficial de Gendarmería Diego Alejandro Varas, que fue jefe del Escuadrón de esa fuerza en Orán, y de 4 años que recibió el ex comisario Arturo Madrigal, que fue jefe del Destacamento en Embarcación. 

Mendíaz fue condenado en calidad de autor mediato de las desapariciones del contador Raúl Humberto Machaca y del trabajador de comercio y militante montonero Daniel Roberto Loto Zurita. 

Guil fue condenado en relación a los secuestros y desapariciones de Carlos Humberto García, Nora Ester Saravia, Miguel Ángel Arra, Carlos Alberto Rivero y Pedro José Tufiño, todos vinculados a la Universidad Nacional de Salta, ámbito en el que también militaba Machaca, por el que también fue condenado Guil. El hombre fuerte de la Policía de Salta tuvo también participación en la desaparición de Zurita. 

Varas fue condenado por la privación ilegítima de la libertad del sindicalista rural Raúl Benjamín Osores, quien el 10 de abril de 1976 se entregó a la Gendarmería en Embarcación, en un intento por lograr la libertad de su compañera, Pía Viltes. 

Al día siguiente Osores fue derivado al Escuadrón 20 de Orán, donde fue torturado. El 7 de mayo fue trasladado al penal de Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta. Su rastro se pierde el 12 de mayo de 1976, día en que en el libro de novedades de la cárcel se registró su liberación. La histórica militante de derechos humanos Lucrecia Barquet lo vio ese día en la fila para salir, pero a último momento lo retuvieron. 

Madrigal fue condenado en relación a la desaparición de la militante peronista y estudiante de antropología Slvia Sáez de Vuistaz, considerado responsable de liberar la zona para facilitar que fuera secuestrada de su casa en Embarcación y luego no investigó este hecho.

La defensa de los condenados había realizado una serie de planteos: cuestionaba que estos hechos se hubieran calificado como delitos de lesa humanidad, consideraba prescripta la acción penal; sostenía que se habían afectado principios como el de plazo razonable, de legalidad, irretroactividad de la ley penal y de congruencia, y consideraba arbitraria la sentencia en cuanto la valoración de las pruebas respecto de las condenas a Mendíaz, Guil y Varas. Además, planteaba la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua y cuestionaba el monto de las penas. 

En este proceso también fueron condenados los jefes militares Héctor Ríos Ereñú, que fue jefe del Regimiento de Monte 28 con asiento en Tartagal, y Miguel Raúl Gentil, que también fue jefe de la Policía de Salta. Pero ambos fallecieron mientras se sustanciaba el trámite de las apelaciones, que demandó 3 años. 

Matriz delictiva 

Barroetaveña, que emitió el primer voto, sostuvo que el TOF 1, integrado para ese juicio por Federico Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Gabriel Casas, "Lejos de la predicada falta de fundamentación, (...) estructuró su veredicto partiendo del marco histórico-político general describiendo con meduloso detalle el esquema de poder implementado y su articulación local para luego profundizar en el accionar desplegado por los procesados en esa matriz delictiva”.

Y así, en el proceso se determinó que "cada uno de los imputados ocupaba un rol preponderante en el aparato organizado de poder utilizado para secuestrar y asesinar a quienes eran caracterizados como enemigos a eliminar”.

Refiriéndose a la condena a Mendíaz y Guil, afirmó que con las pruebas reunidas el TOF 1 logró "reconstruir las circunstancias que rodearon el secuestro de cada damnificado, alcanzando a determinar, en muchos casos, el tránsito de cada víctima por los distintos centros de detención así como las vicisitudes que rodearon el destino de cada uno, ya sea su desaparición o la recuperación de la libertad, luego de atravesar un sinnúmero de crueles padecimientos".

En el mismo sentido recordó que "las acciones que se practicaron en el territorio que abarcaba el Área 322", que comprendía a Salta, correspondiente a la Subzona 32 de la Zona 3, Tercer Cuerpo del Ejército, "se desplegaron en el marco del plan sistemático de represión imperante para ese entonces a lo largo de todo el territorio nacional, y que en la provincia de Salta había adoptado la particularidad de presentar una simbiosis entre el Ejército y la fuerza de seguridad local”. 

Barroetaveña tuvo una disidencia con Petrone y Figueroa respecto de Madrigal, en relación al secuestro de Sáez de Vuistaz. Para este magistrado, no hay elementos para afirmar que el ex jefe policial tenga alguna responsabilidad en este hecho. En cambio, Petrone afirmó que "el cuadro fáctico y la descripción material del hecho" determinan el rol que le cupo a Madrigal, y "su aporte, lo que permite sustentar el veredicto condenatorio dictado a su respecto".

Figueroa adhirió a este voto, "la decisión condenatoria se basó en la valoración integral ycorrelacionada del cuadro probatorio referido al caso y, fundamentalmente, al contexto y circunstancias referidas a la actuación de un aparato organizado de poder, en que se desplegaron los sucesos que culminaron con el secuestro y la desaparición de la víctima Silvia Ruth Sáez de Vuistaz", añadió.

La joven, de 28 años, militaba en la JP y en Montoneros. Tenía una hija pequeña. El 2 de septiembre de 1976, alrededor de las 4 de la madrugada, cinco hombres de civil, armados, que decían ser de la Federal, irrumpieron en su casa en el norte salteño y la llevaron con destino desconocido. Días antes había recibido la visita del jefe de la Sección de Gendarmería en Embarcación, un oficial de apellido Patané. Para sus familiares y compañeros, no queda duda de que fue a hacer tareas de inteligencia preparando el operativo.