Desde Santa Fe
A un operador del ex intendente José Corral lo buscan en el Juzgado Federal Nº 2. Es el ex secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe Mariano Hoet, quien esta semana estaba citado a indagatoria por supuesto “fraude en perjuicio de la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”, pero no se presentó porque no lo encuentran y no pudo ser notificado. “No quiero imaginar que vamos rumbo a hacer un pedido de recompensa”, dijo a Rosario/12 uno de los investigadores. El otro imputado es el comandante mayor de Gendarmería Pedro Héctor Ortubia, ex jefe del escuadrón de la fuerza que operó hasta 2019 en una casa del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alvaro González, en el casco histórico, que Corral alquiló durante tres años, desde 2016. Ortubia podría declarar vía exhorto por que vive en una ciudad de Córdoba.
En la causa, el fiscal federal Walter Rodríguez investiga una operación inmobiliaria de Corral, que alquiló la casa del diputado González, en Moreno al 2400, en un trámite exprés que se resolvió en cuatro días hábiles. El alquiler le significó al legislador un ingreso superior a los 2 millones de pesos en esos tres años. Antes, la propiedad de Alvarito era casa partidaria: en diciembre de 2014, Mauricio Macri, la inauguró como sede de la Fundación Pensar. En 2015, fue el bunker del PRO en las campañas del propio Macri y de su ex candidato a gobernador de Santa Fe, Miguel Torres del Sel. Y en setiembre de 2016, Corral la alquiló para que opere el comando de la Gendarmería en una contratación directa, que es la que puso bajo la lupa el Ministerio Público.
El fiscal imputó a Hoet y Ortubia por presunto “fraude a la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público” al considerar “acreditado el estado de sospecha” para indagarlos, sin perjuicio del rol que cumplieron otros ex funcionarios en la “contratación directa y en tiempo récord” de la casa del diputado González.
En el trámite, también participaron otros cuatro ex miembros del gabinete: el ex secretario Legal y Técnico Juan Carrara, el ex fiscal municipal Federico Sedlacek, la ex secretaria de Hacienda Belén Echeverría, la ex secretaria de Gobierno y el propio Corral, quien firmó los contratos: el primero, en setiembre de 2016 y su prórroga, en 2018.
Las indagatorias de Hoet y Ortubia están pendientes desde hace cinco meses. El fiscal Rodríguez las pidió el 20 de julio, pero el juez federal Marcelo Bailaque --a cargo del Juzgado Federal 2 desde que su jubiló su titular Francisco Miño-- le contestó con una formalidad: “Téngase presente”. Rodríguez le planteó que “el término ‘téngase presente’ no constituye una respuesta válida acerca de la imputación” y volvió solicitarle que fije día y hora de las audiencias.
Recién el 8 de octubre, Bailaque ordenó las indagatorias: la Hoet, el 9 de diciembre, a las 11 y ofició a la Policía Federal para que lo notifiquen. Y la de Ortubia, como vive en una ciudad de Córdoba, libró un exhorto para que la audiencia se cumpla "en el Juzgado Federal de la jurisdicción”.
Pero el miércoles 9, Hoet no se presentó en la audiencia porque no lo encontraron, y por lo tanto, no pudo ser notificado. Desde el 2 de noviembre, consta en el expediente un domicilio de Hoet en el distrito de Colastiné, en la zona de la costa. En la cédula se le informa que debía “comparecer” en el despacho de Bailaque, 9 de Julio 1693, planta alta, con DNI “a los efectos de recibírsele declaración indagatoria” en la causa caratulada “Denuncia sobre negociaciones incompatibles”. El juez ordenó también a la Policía Federal que “proceda a la extracción y posterior remisión de dos juegos de fichas dactiloscópicas” del ex funcionario.
Como la Policía Federal no encontró al operador de Corral, el juez le mando otro oficio “a la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe para que informe el domicilio del abogado Mariano Hoet, quien cumplió tareas de subsecretario en la citada repartición”.
El artículo 150 del Código Procesal Penal dice: “Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que debe ser notificada, la resolución se hará saber por edictos que se publicarán durante cinco días en el Boletín Oficial, sin perjuicio de las medidas convenientes para averiguarlo. Los edictos contendrán, según el caso, la designación del tribunal que entendiere en la causa; el nombre y apellido del destinatario de la notificación; del delito que motiva el proceso; la transcripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que se notifica; el término dentro del cual deberá presentarse el citado, así como el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, será declarado rebelde; la fecha en que se expide el edicto y la firma del secretario. Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se hizo la publicación será agregado al expediente”.
Por ahora, no hay nueva fecha de la indagatoria de Hoet. “¿Qué pasa si no lo encuentran para notificarlo? “No quiero imaginarme que vamos rumbo a hacer un pedido de recompensa si sigue escondido”, respondió uno de los investigadores de la causa.
