Desde Madrid. El ex monarca de España Juan Carlos de Borbón, que desde el pasado agosto disfruta de un exilio autoimpuesto en Abu Dhabi, ha sufrido un sonoro fracaso en su último intento de lavar sus cuentas y su imagen pública. El padre del actual rey, Felipe VI, que desde su abdicación en junio de 2014 recibe el tratamiento de rey emérito, intentó la semana pasada pasada saldar sus deudas con el fisco con un pago voluntario de 678.000 euros a cuenta de ingresos no declarados entre los años 2016 y 2018.

Según una investigación en marcha, durante ese periodo, cuando ya no era jefe de Estado y por lo tanto no estaba cubierto por la inmunidad con la que la Constitución española protege a los monarcas, Juan Carlos y parte de su familia utilizaron unas tarjetas de crédito cuyos gastos pagó el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Estos ingresos, de los que según aseguran desde la investigación no se beneficiaron ni Felipe VI ni su mujer, la reina Letizia, nunca fueron declarados a la Hacienda pública.

La legislación española establece que si un contribuyente realiza una declaración complementaria, fuera de plazo, con la que salda su deuda fiscal queda eximido de la responsabilidad penal en la que podría haber incurrido. Aparentemente esa fue la intención de los abogados de Juan Carlos, que ha manifestado a sus allegados la intención de regresar a España para pasar las fiestas navideñas con su familia.

Sin embargo, la jugada puede salirle mal. La legislación española establece que las declaraciones paralelas, como se denomina a este tipo de presentaciones extemporáneas, para tener efectos judiciales deben ser espontáneas, veraces y completas. Si el ex rey hubiese sido advertido de que se le estaba investigando, como se sospecha, el pago realizado voluntariamente no reuniría el requisito de espontaneidad y por lo tanto no alcanzaría para detener la investigación judicial. La propia Fiscalía así lo ha informado en un comunicado. “Tras la reunión mantenida por los fiscales responsables de la investigación, la Fiscalía valorará el alcance de la declaración tributaria presentada por Juan Carlos de Borbón y Borbón el pasado día 9 de diciembre, su espontaneidad, veracidad y completitud, en el marco de una investigación más amplia que se continuará llevando a cabo por la Fiscalía del Tribunal Supremo”, dice la nota.

Según han informado varios medios españoles, el padre de Felipe VI, que reinó entre 1975 y 2014 y es reivindicado por amplios sectores como el padre de la moderna democracia española, está siendo sometido a una triple investigación, todas ellas relacionadas con supuestos incumplimientos fiscales. Una, la más importante, se relaciona con la posible existencia de una cuenta en Suiza en la que se habrían ingresado comisiones por las obras de construcción del tren de alta velocidad entre las ciudades saudíes de Riad y La Meca; la segunda fue abierta tras un informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPLAC), y la tercera es la relativa al uso de las tarjetas de crédito.

El Código Penal español solo prevé que la regularización fiscal permita eludir el delito a quien salde su deuda con la Hacienda pública antes de que la Administración o la justicia interpongan una querella o denuncia o realicen actuaciones que le permitan tener “conocimiento formal de la iniciación de diligencias”. Lo que se tendrá que establecer ahora si el aviso que aparentemente recibieron los abogados de Juan Carlos de Borbón reviste esta consideración.

Pero más allá de las consideraciones legales, los últimos acontecimientos han reactivado el debate público sobre el estatus del anterior rey e incluso sobre la vigencia de la institución monárquica.

El intento de regularización de una parte de sus deudas con Hacienda ha tenido para Juan Carlos de Borbón el efecto contrario al perseguido. Desde el entorno del rey nunca se formulan declaraciones, y menos aún sobre asuntos de esta naturaleza, pero algunos medios españoles aseguraban que Felipe VI es contrario a que su padre regrese y menos en estos momentos. Teme que su presencia en España reactiva un debate siempre latente que no tiene otro efecto que el desgaste de la monarquía. Al parecer, el Gobierno es de la misma opinión, aunque Pedro Sánchez repite una y otra vez que se trata de una decisión que sólo corresponde a la Casa Real.

Para rebajar la presión sobre la monarquía, desde el Ejecutivo se estaría evaluando la posibilidad de retirar a Juan Carlos el título de rey emérito que se le concedió en el momento de su abdicación y que lo sitúa en un rango protocolario de privilegio.

El asunto, en todo caso, ha vuelto a abrir una brecha entre las dos formaciones que conforman el Gobierno, el Partido Socialista y la coalición Unidas Podemos. Aunque el PSOE se declara formalmente como un partido republicano, su lealtad a la monarquía desde la aprobación de la Constitución, hace ahora 42 años, ha sido inquebrantable.

Un caso muy distinto es el de las dos fuerzas que integran la otra formación del Gobierno, Podemos e Izquierda Unida (y la principal formación de esta, el Partido Comunista de España), que militan activamente por la llegada de la Tercera República. En estos días y tras los últimos acontecimientos, Podemos ha difundido un video con el fondo musical de la serie Narcos e imágenes de la familia real, algunas actuales y otras en la que aparece el entonces príncipe Juan Carlos con el dictador Francisco Franco. Esta iniciativa ha causado malestar en los sectores más moderados del PSOE.

Aunque el cambio de la forma de Estado a través de una reforma constitucional para la que no existe ni remotamente la correlación de fuerzas necesaria está ausente de la agenda política del Gobierno, su vicepresidente segundo y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no pierde la oportunidad de repetir que el cambio de escenario está más cerca de lo que se cree.

Al otro lado del tablero ideológico, la evidencia de que Juan Carlos de Borbón defraudó a la Hacienda pública ha creado una indisimulable situación de incomodidad. Tras el autoexilio del ex rey, los tres partidos de la derecha, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos cerraron filas en torno a la monarquía y acusaron al Gobierno “socialcomunista” de pretender modificar el sistema constitucional. Ahora, tras la evidencia de la defraudación fiscal, esos apoyos incondicionales han encontrado cierta matización. El Partido Popular, principal fuerza de la oposición, se ha refugiado en un respaldo sin fisuras a Felipe VI y se refiere a los problemas de su padre con el fisco como asuntos de índole privada. Asimismo, reivindican su condición de “arquitecto de la Transición”.

Algunos dirigentes, sin embargo, siguen en sus trece. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es quien ha llegado más lejos. En un rapto de franqueza durante un debate en la cámara autonómica defendió los privilegios de la familia real. “No todos somos iguales ante la ley”, argumentó.