“En el espectro conformado por las OOSS (Organizaciones de Solidaridad) Madres de Plaza de Mayo ha ido adquiriendo –a partir de 1977— una gravitación creciente, hasta alcanzar a final del año 1982, ser considerada la entidad más influyente y conocida merced a una serie de características: han explotado las emociones y sentimientos asociados a la imagen de la madre desamparada y perseguida por los poderes del Estado”. Así dice el Informe Especial sobre las Madres de Plaza de Mayo elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en febrero de 1983.
Este documento figura en las fichas confeccionadas por la SIDE durante la última dictadura sobre los organismos de derechos humanos que el jueves el presidente Alberto Fernández entregó a la Secretaría de Derechos Humanos. Como informó Página12, esas carpetas son solo una pequeña parte del archivo histórico de la ex SIDE que la actual gestión de Cristina Caamaño en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) está recuperando y analizando. El archivo está formado por más de 250 mil fichas de antecedentes microfilmadas que están guardadas en tres muebles de chapa con estantes móviles y más de 700 cajas de documentos. Se están relevando los legajos de los agentes, los libros de las juntas de calificaciones, los escalafones, castigos, licencias, enfermedades y destinos, las órdenes del día (públicas, reservadas o secretas) y las resoluciones internas de la agencia. Se trata de todo el material encontrado en la AFI que fue elaborado entre 1946, cuando se creó el organismo, hasta el 9 de diciembre de 1985, cuando se dictó la sentencia del juicio a las Juntas. Parte de esta documentación podrá servir como prueba en causas en la que se investigan delitos de lesa humanidad y toda ella es el registro histórico de la infiltración en organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos y del espionaje y seguimiento a cientos de miles de personas. La información todavía se está analizando en la AFI pero no hay que esperar que se encuentre una lista de desaparecidos, ni el destino de sus cuerpos o de los niños apropiados. Aunque un entrecruzamiento de legajos y documentación administrativa puede contribuir con revelaciones sobre detalles, partícipes y responsables de operativos represivos y otros hechos importantes.
Muchos de los documentos que hay en las fichas son partes de seguimientos, información que surge de publicaciones de diarios y revistas, pedidos o informes de antecedentes. Otros muestran infiltración en las agrupaciones, ya que tienen el detalle de conversaciones y reuniones privadas. Y también hay datos sobre correspondencia intercambiada entre distintos dirigentes, lo que significa que interceptaban sus cartas.
En el Informe Especial de secreto sobre la Situación Base de Madres de Plaza de Mayo la SIDE analizaba la actualidad del organismo de derechos humanos. Era febrero de 1983. La dictadura había perdido la guerra de Malvinas y estaba en retirada. Las Madres todavía no se habían dividido entre la Asociación y la línea fundadora. Estaban presididas por Hebe de Bonafini y algunas de sus dirigentes principales eran María Adela Gard de Antokoletz, María del Rosario Cerutti, Maria Eugenia Casinelli, Nora Cortiñas, Marta Vásquez, Mina Binstock, Renée Epelbaum, Carmen Lapacó y Juana Pargament.
Los agentes que elaboraron el documento señalaron que las Madres “han tenido la constancia de hacer acto de presencia semanalmente en la Plaza de Mayo, demostrando cohesión interna, logrando interesar a públicos indiferentes, sensibilizándolos en apoyo a sus reclamos” y que “han contribuido con su prédica constante a la desestabilización del PRN (Proceso de Reorganización Nacional) y al cuestionamiento de las Fuerzas Armadas por su actuación en la lucha antisubversiva”. También analizaban que tenían un apoyo mayor en el exterior que en el ámbito interno, que los partidos políticos le daban una “importancia periférica” en sus campañas y que la adhesión en el ámbito gremial era “esporádico” y sobre todo de algunos dirigentes que también reclamaban “el esclarecimiento de las supuestas desapariciones”.
Algo que se refleja en ese informe, como en otros similares, y que fue desmentido por la historia, es que en la SIDE creían que el reclamo por los desaparecidos no iba a ser duradero (“el relativo consenso que tienen en el ámbito interno puede considerarse coyuntural”) y que las Madres y los organismos vinculados a ellas carecían de capacidad para movilizar a la opinión pública porque sus objetivos se asociaban a “la búsqueda del resentimiento o la venganza”. Lo mismo ocurre cuando describen a las Madres como explotadoras de una imagen de desamparo para buscar solidaridad. No pueden simplemente señalar que conseguían apoyo porque sus reclamos eran elementales ante los crímenes de la dictadura. Ocurre que en estos informes nunca se admiten como ciertas las denuncias de las violaciones a los derechos humanos y siempre se levanta la bandera de la “lucha contra la subversión”. El análisis de los espías tal vez no fue de gran utilidad porque parece estar sesgado por sus propios deseos o intereses. “MPM (Madres de Plaza de Mayo) no ha podido persuadir al hombre de la calle de la responsabilidad que les cabe como progenitoras de DDTT (Delincuentes Terroristas) no obstante los esfuerzos que despliegan aquellas para presentar a sus hijos como inocentes y meros opositores al Gobierno de las Fuerzas Armadas”, dice el documento.
El informe detalla las actividades de las Madres en los años 1980 y 1981, si viajaban al exterior, si recibían aportes de dinero, si mantenían reuniones con dirigentes políticos o de otras agrupaciones, si organizaban una marcha, si Hebe de Bonafini hablaba en un acto y qué decía. También menciona su historia e inicios pero nunca el hecho de que en diciembre de 1977 tres de sus principales líderes y fundadoras, Azucena Villaflor, Mari Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, fueron secuestradas y desaparecidas por un grupo de la Armada luego de que el represor Alfredo Astiz se infiltrara entre las organizaciones de familiares de desaparecidos. El hecho sí figura en otro documento que habla de “maniobras de solidaridad” de Madres de Plaza de Mayo y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Allí se señala que esas agrupaciones buscarían “sensibilizar a la población” y “se reavivará la discusión sobre el procedimiento realizado en 1977 en la Casa de Nazareth, en la que estaban reunidas integrantes de organizaciones de solidaridad que ahora son denunciadas como desaparecidas”. Es decir, el operativo en la Iglesia de Santa Cruz del 8 de diciembre de 1977 en la que fueron secuestradas siete personas que se habían encontrado para ultimar los detalles para publicar una solicitada. Ese operativo terminó el 10 diciembre con doce desaparecidos. Además de las tres Madres, estaban en ese grupo las monjas francesas Alice Domon y Leonié Duquet, lo que hizo que el hecho tuviera trascendencia internacional. En una maniobra para desviar la atención, los Marinos sacaron una foto a las religiosas, que estaban dentro de la ESMA, con una bandera que decía “Montoneros”. La imagen no sirvió para vincular a esa agrupación con el secuestro de Domon y Duquet, pero con el tiempo fue prueba de que el grupo de tareas de la ESMA había planificado y ejecutado esas desapariciones.
El interés por los testimonios
Cinco días después de los secuestros de la Santa Cruz, la SIDE informó los antecedentes de varios de los integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Entre otros, remitió informes de Alfredo Bravo, Emilio Mignone, Augusto Conte, Raúl Alfonsín, Jaime de Nevares y Alicia Moreau de Justo.
La APDH fue también uno de los blancos predilectos del interés de la SIDE. Un informe de base de agosto de 1983 -- cuando la dictadura ya estaba en plena retirada -- destacaba que la entidad tenía el archivo “más completo” de las organizaciones de solidaridad. Los espías habían estado interesados en acceder a los testimonios que le llegaban a la APDH. Así lo muestra un parte del 1 de abril de 1982, que bajo el título de “Campaña para desprestigiar a las Fuerzas Armadas”, relataba que la APDH había recibido testimonios desde Suiza y anexaba una copia de la declaración brindada por Graciela Daleo, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
En febrero de 1982, según pudo reconstruir Página/12, Daleo y Andrés Castillo habían viajado a Suiza para brindar testimonio ante los organismos que tenían sede en Ginebra sobre sus cautiverios en la ESMA y desde allá alguna de esas entidades habrá enviado la declaración a la APDH, que terminó cayendo en manos de la SIDE.
Sin antecedentes
Los antecedentes de las Abuelas también eran importantes para los espías. El 24 de agosto de 1980, el diario El Día publicó una solicitada sobre los Niños Desaparecidos que firmaban Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos. “Apelamos a los hombres que saben, pueden y deben responder sobre el destino dado a estos niños y bebés indefensos e inocentes, a los que se ha privado del derecho a vivir con sus familias”, decía el texto que firmaban diez mujeres, entre ellas, Alicia De la Cuadra, Estela Carlotto, Chicha Mariani, Elba Rosa Montiveros de Ford, Julia de La Spina, María Paulina Ferrarese de Urra y Beatriz Haydee de Neuhaus.
La filial de La Plata de la SIDE tomó nota y elaboró un parte de inteligencia. No decía mucho más de lo que era público. Pero en el documento, escrito a máquina, como casi todos, al lado de los nombres de las Abuelas que firmaban el texto se agregó luego con birome “S/A”, lo que significaría que se inició un rastreo e indagación sobre ellas que concluyó “sin antecedentes”.
Uruguayos desaparecidos
El 4 de enero de 1983, un parte de la SIDE informaba que un grupo de doce personas de nacionalidad uruguaya habían informado ante el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) la desaparición de 120 jóvenes uruguayos en la Argentina.
El espía, a cargo de la confección del informe, analizaba tres agravantes en la situación. Por un lado, que muchos de los secuestrados estaban bajo tutela del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Por otro lado, que denunciaban que los secuestros se habían hecho con participación de las fuerzas uruguayas y, por último, que “el caso de los niños Anatole y Eva Julien, desaparecidos en Argentina (Buenos Aires) y hallados en Chile demostraría la violación de fronteras”.
No es extraño que la SIDE se interesara por las denuncias de ciudadanos uruguayos, ya que el Grupo de Tareas 5 -- que comandaba ese organismo -- estuvo enfocado en la persecución de militantes extranjeros. Además, la SIDE regenteó en 1976 el centro clandestino conocido como Automotores Orletti, la principal base del Plan Cóndor en el país y donde estuvieron secuestrados los hermanitos Julien Grisonas junto con su mamá Victoria Lucía Grisonas. A fin de noviembre, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 condenó a cuatro represores por los secuestros y tormentos de los dos niños en el centro clandestino. Ese mismo tribunal reconoció en 2016 con la condena al represor uruguayo Manuel Cordero Piacentini la coordinación de las fuerzas de los dos países, que le preocupaba a la SIDE en 1983.
El Mundial
El Mundial de Fútbol de 1978 fue la gran apuesta de la dictadura para intentar contrarrestar las denuncias por desapariciones y asesinatos que recorrían el mundo. Afuera, las organizaciones de solidaridad y de exiliados prepararon distintas iniciativas para boicotear la realización de la copa del mundo. En el país, los organismos se abocaron a buscar formas creativas para denunciar lo que estaba sucediendo. Las más altas autoridades de la inteligencia nacional estaban interesadas en saber quiénes estaban detrás de esos intentos.
Dos días antes de que terminara el Mundial, llegó un pedido a la Dirección de Antecedentes de la SIDE que provenía de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) -- un organismo que estaba encabezado por la propia SIDE y tenía a su cargo la inteligencia estratégica nacional -- pidiendo que identificara a un listado de 22 organizaciones que actuaban en el “marco externo” y otras cinco que lo hacían en el “marco externo”.
En el marco externo, a la CNI le interesaban desde Amnesty International hasta las agrupaciones que justamente se habían creado para oponerse a la realización del Mundial como el COBA o el COSPA. En el marco interno, se había interesado especialmente por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), por Familiares y por el Partido Comunista. Todos ellos aparecían en un cuadro donde los servicios los clasificaban según el ámbito en el que se desplegaba, los medios y fuentes que utilizaba e incluso una escala sobre su accionar que iba del 1 al 3.
“Durante el Mundial, aparte de la campaña para que no vinieran que se hacía desde el exterior, aquí nosotros decíamos que el Mundial iba a tapar la desaparición de personas y que nos llegaban informes desde las cárceles de que algunos presos eran tomados como rehenes por si les pasaba algo a (Jorge) Videla y compañía”, recuerda Graciela Lois, integrante de Familiares. Ella junto con Lita Boitano y otra compañera recibieron desde el exterior las entradas para ir a la cancha de River para ir a volantear contra la dictadura. “Fuimos como tres personas comunes a ver el partido. Ocultamos como pudimos muchos volantes en los que denunciamos que había desaparecidos y los fuimos dejando en las tribunas y fundamentalmente en los baños”, recordó.
El 25 de julio, cuando se cumplió un mes de que la selección argentina se había hecho con la copa, la CNI reiteró el pedido al área de Antecedentes de la SIDE para que le brindara información prioritaria sobre las organizaciones de derechos humanos locales. La cacería seguía.
