No hay registro en la historia constitucional santafesina de un desafuero de un legislador provincial. Es toda una novedad, y por tanto, no hay referencias de ningún tipo en cuanto a las pautas a seguir, aunque el sentido común debería bastar para encaminar este proceso. En cualquier caso, se trata de especulaciones de este cronista nutridas del saber de especialistas consultados, como el catedrático que firma una columna de opinión en esta misma edición. Allí queda claro el "espíritu" de los fueros, sus orígenes, y la clara distinción entre garantía y privilegio, según la situación. Secuencialmente, podría establecerse que en los próximos días los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra --que siguen sumando diligencias en torno a la causa de juego clandestino (ver nota de tapa)-- presentarán el pedido de desafuero del senador Armando Traferri, quien no se ha despojado voluntariamente de sus privilegios, haciendo descansar esa responsabilidad sobre sus pares.

No hay plazos de ningún tipo, pero si se toma como antecedente la ley de Fueros (25.320) sancionada en el año 2000, el pedido podría ser girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que debería emitir un dictamen dentro de los siguientes 60 días. Y vencido ese plazo, aun sin dictamen, el tema se trataría en el recinto, dentro de los 180 días de la presentación. Es absurdo pensar que puede "demorarse" seis meses una respuesta, sea cual fuere.

Nadie sabe a ciencia cierta qué puede pasar, porque es el debut del desafuero. No es equiparable al caso de Antonio Vanrell, porque la destitución del entonces vicegobernador se produjo por el mecanismo de juicio político, del que participaron ambas cámaras. El destino de Traferri --en cuanto a sus fueros-- está en manos exclusivamente de sus colegas. Los seis que le responden, otros tantos del peronismo más cercano al Gobernador Omar Perotti, y los siete del Frente Progresista, en rigor de la Unión Cívica Radical. El "acusado", en principio, no participa, esto es otra especulación. Sin él, la cantidad de miembros de la cámara alta que se requieren para conformar la mayoría es de 13 manos levantadas. Una simplificación aritmética permitiría adelantar que con los siete votos opositores sumados a los seis de los peronistas que responden al gobierno, se haría lugar al desafuero. Pero eso no lo asegura nadie, ni los senadores peronistas --de ninguna de las dos mitades en las que se dividió el bloque-- ni los representantes del Frente Progresista/UCR que tienen por delante el veto de Perotti a las llamadas "leyes antiSain", en un exceso de nomenclatura, que ratifica el alto perfil del verborrágico ministro. Habrá que ver cómo votan, quiénes votan, y sobre todo cuándo votan. En ese alineamiento puede haber una clave para lo siguiente. 

Está claro que los fiscales no basan sus sospechas en los dichos del destituido fiscal Gustavo Ponce Asahad. Algunos senadores de los diferentes espacios le han hecho saber a los máximos referentes del Poder Judicial que "si lo mas fuerte que tienen es lo que dijo, desdiciéndose, Ponce Asahad, no cuenten con ellos". Después de la presentación del escrito de Traferri, los acusadores sostuvieron que hay documentación y prueba suficiente para avanzar sobre las responsabilidades del senador de San Lorenzo.

Desde la Casa Gris se sigue con prudente silencio la evolución de los hechos. No fue una casualidad en veto en estas horas, ni el "repliegue mediático" de Sain, destinado a no alimentar la versión de que se trata de "la interna peronista", bajándole el precio a un escándalo de corrupción que traspone el límite de los partidos políticos y de los poderes del Estado.

Mañana Traferri dará una conferencia de prensa. Probablemente algún periodista le hará saber --si es que no lo sabe y lo disimula-- que el artículo 51 de la Constitución provincial no dice en ningún lado que él no puede renunciar a sus fueros. Puede hacerlo, algunos de sus compañeros sostienen que debería hacerlo, pero es difícil que eso suceda. Hay solo dos provincias en la Argentina que no permiten el avance de la justicia sin desaforar a sus legisladores, una de ellas es Mendoza, la otra es Santa Fe. 

A nivel nacional se han visto casos en los que senadores y diputados han sido citados a declarar a imputativas. Sin ir más lejos, la vicepresidenta Cristina Fernández ha redoblado la apuesta, solicitando que se eleve a juicio oral alguna de las causas en la que está siendo investigada, aún y a pesar de la manifiesta animosidad hacia ella de los habitantes de Comodoro Pro. Edery y Schiappa Pietra no son Carlos Stornelli ni José Campagnoli. La jueza Eleonora Verón tampoco es Caudio Bonadio. Y tal vez mas evidente que eso es que Armando Traferri no es CFK.

 

Por eso lo más importante no es ver que hará Traferri, sino sus 18 colegas que deberán determinar si los fueros, en este caso, constituyen una garantía o un privilegio.