La investigación por juego ilegal en la provincia --profundizada por la declaración del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad-- disparó ayer la requisa de varias propiedades en San Lorenzo, Roldán, Santa Fe y Rosario, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación pero no se realizaron detenciones. El domicilio del exdiputado provincial del PJ Darío Scattaglini, en la capital de la provincia, fue uno de ellos. Su nombre apareció en la causa de juego ilegal durante las audiencias de agosto pasado que costaron la destitución y la prisión para el exfiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el propio Ponce Asahad. En ellas se ventiló que el 10 de julio pasado, la secretaria del empresario de juego ilegal Leonardo Peiti recibió un llamado del ex legislador que le dijo que “Traferri” --por Armando, el senador justicialista--, se quería reunir con el capitalista de juego. También la vivienda de un alto jefe policial retirado, que concluyó su carrera en San Lorenzo, Gonzalo “Chino” Paz, fue requisada en conexión con las investigaciones que enfocan el juego clandestino en la provincia. El operativo, que no encontró al oficial superior en ese inmueble, se debe a la relación con el ex asesor legal de la GUM Aníbal Porri, quien está reiteradamente aludido en las pesquisas por juego ilegal. Tanto Paz como Porri fueron mencionados en su declaración por Ponce Asahad --preso por proteger mediante el cobro de dádivas a Peiti--, quien también aludió al senador Armando Traferri como actor importante en la estructura del juego clandestino. El exfiscal reveló que Porri, ex tesorero del Colegio de Abogados de Rosario, era quien trasladaba el dinero de las coimas pagado por Peiti.

Los operativos fueron ordenados por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, quienes tiene a su cargo las actuaciones surgidas de las revelaciones del zar del juego clandestino Peiti y fueron coordinados por la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El último miércoles, Scattaglini concurrió a la Agencia de Investigaciones de Delitos Complejos convocado por Edery y Schiappa Pietra para que precise por qué razón llamó en nombre de Traferri para hablar con Peiti.

Luego de su declaración, los fiscales consideraron que había referencias mendaces de parte del exlegislador, por lo que pidieron un allanamiento para secuestrar su teléfono y otros soportes de contenidos. La requisa comenzó a realizarse a las 9 por efectivos del Organismo de Investigaciones (OI).

Según el exfiscal Ponce Asahad, que declaró en una audiencia imputativa hace nueve días, el senador sanlorencino participa de la estructura de juego ilegal, que según dijo tenía tres patas principales: el legislador, el desplazado fiscal regional Serjal y el empresario Peiti.

Luego de la declaración de Scattaglini, los fiscales consideraron que había referencias mendaces de parte del exlegislador, por lo que pidieron un allanamiento

"La política se va a abroquelar y no va a soltarle la mano al senador Traferri. Estoy seguro que Traferri se va a defender diciendo que la llamada de (el ex diputado provincial Darío) Scattaglini a la secretaria de Peiti obedece a un proyecto de ley por el cual querían incorporar a Peiti al sistema oficial de juego de la provincia. Lo sé porque me lo dijo el senador Traferri. La idea era manejar el juego oficial de Santa Fe mediante Peiti. Él está preso y yo detenido. Era también en virtud de esto, tener el manejo en esta provincia, que es a lo que se dedica Peiti, que ha contado con protección política, y uno entre varios de sus protectores es el senador Traferri", sostuvo Ponce.

Cabe recordar que el último viernes le tocó el turno de ir a la Justicia al propio Traferri, quien brindó declaración ante en el Centro de Justicia Penal. Al cabo de la testimonial, los fiscales comunicaron su decisión de pedir el desafuero del senador provincial sanlorencino.

En tanto, ayer por la mañana se concretaron otros dos allanamientos en el Cordón Industrial, el primero en la vivienda del exjefe de la policía de San Lorenzo Gonzalo “Chino” Paz, quien pidió el pase a retiro después de ser mencionado en una investigación que terminó con cuatro policías y un abogado imputados como cómplices de la organización criminal liderada por Esteban Alvarado. El dueño de casa no se encontraba en el lugar cuando llegó la policía.

El restante se llevó a cabo en una estación de servicio, ubicada en Urquiza al 1900, en San Lorenzo. El negocio se encuentra a nombre del abogado Aníbal Porri, quien se desempeñó como asesor legal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) en Rosario y también cumplió tareas en el Sindicato de Trabajadores Municipales. En la pesquisa es sindicado como testaferro de Peiti.

Según la información oficial, en el operativo, llevado a cabo por personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), en Rosario, se realizaron otros tres allanamientos, en propiedades ubicadas en Colombia al 900, 3 de Febrero al 2300 y Servando Bayo al 1000. Además, se realizó un procedimiento en Roldán, en una vivienda ubicada en Pellegrini al 400. Se secuestró documentación relevante para la investigación.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron que los elementos secuestrados --dispositivos de almacenamiento de información digital, celulares y documentación-- son claves para esclarecer los hechos investigados. También se tomó nota de la identidad de las personas y los datos de los vehículos que se encontraban en las viviendas allanadas. No se descarta que los titulares de los domicilios sean llamados a declarar la semana próxima.