Barbijos que costaban mil veces más. Casi doscientos millones de pesos en viandas en hoteles. Más equipos para la Policía de la Ciudad. Una consultoría en plena pandemia para contratar personal para la relocalización de personas de la Villa 31, en dólares.  Compras para entretenimientos y hasta una para bowling, también en dólares. Esos fueron algunos de los gastos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta durante la cuarentena. Una ley lo habilitó a desviar fondos hacia el combate de la pandemia y, aunque la oposición demandó que los gastos fueran controlados por la Auditoría General de la Ciudad, en el texto de la ley quedó como una mera sugerencia. Al finalizar el año, la presidenta de la Auditoría, Mariana Gagliardi, advierte sobre la magnitud de los gastos y remarca que no fueron llamados para controlar un solo peso de todo lo que se gastó este año.

“El 29 de abril le envié una carta a Diego Santilli para ponerme a disposición para auditar las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad en el marco de la pandemia. Teníamos en claro que estábamos atravesando un momento difícil y requería trabajar en conjunto para garantizar la correcta administración de los recursos de los y las porteñas”, advirtió Gagliardi en diálogo con este diario. “Hasta el momento no se ha hecho ningún control sobre las compras y contrataciones realizadas, a pesar de que han trascendido múltiples ejemplos de sobreprecios e insumos en mal estado, como la adquisición de barbijos 3M -los cuales fueron adquiridos por un valor de 3000 pesos por unidad, que estaban vencidos hacía tres años y que concluyeron en denuncias penales-”, recordó la presidenta de la Auditoría porteña.

“Si bien se estableció que se debería solicitar auditorías especiales a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires -organismo que presido- después de 10 meses y a días que finalice el 2020 este pedido nunca llegó, lo cual demuestra una vez más la falta de voluntad política del Ejecutivo porteño para que se supervise su gestión”, destacó la funcionaria, quien destacó que una auditoría no solo se fija en la transparencia de los gastos o de los procedimientos de la contratación, sino que permite sugerir en dónde invertir el dinero en un contexto de pandemia.

Barbijos y viandas

Hasta el momento, se desconoce la magnitud total de los gastos del Gobierno porteño, entre otras cosas, porque no fueron auditados como se propuso cuando a Larreta le votaron los superpodéres.  De hecho, la Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento legislativa (con mayoría oficialista) se conformó dos meses después de votada la ley.

No obstante, uno de los primeros casos que se conoció fue la compra de barbijos que involucraba a familiares de varios funcionarios, incluída una hermana del jefe de Gobierno. La compra fue de cinco millones de barbijos a un precio por unidad promedio de 3000 pesos. Si hubiera estado en funcionamiento un mecanismo de auditoría, les podrían haber señalado que el precio de mercado era más cercano a 289 pesos. Se calcula que el sobreprecio en esa compra llegaría a los 207 millones de pesos. A raíz de ese escándalo, que incluía también la contratación de hoteles, debieron renunciar Nicolás Montovio, subsecretario de Administración del Sistema de Salud, y Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo porteño. No obstante, en octubre Larreta volvió a ubicar a Robredo frente a ese organismo, luego de que el fiscal Maximiliano Vence sostuviera que no hubo irregularidades en la contratación.

Otro de los gastos que podría haber revisado la auditoría fue la contratación directa de empresas para que entreguen viandas a las personas aisladas en hoteles. En dos meses se gastó en esto 193.200.000 pesos. Más allá de las quejas que hubo por la calidad de las comidas -el cuadro alimentario muestra cuáles fueron las que se pautaron, como sopa de sémola o milanesas de pollo-, lo cierto es que el servicio quedó en manos de unas pocas empresas:  así Cateyco SA embolsó en total 126 millones de pesos, Sano y Bueno Catering SA, se llevó otros 38 millones, Baires Catering, unos 19 millones. Todo esto es un vistazo sobre una contratación en medio de la pandemia, porque -una vez más- no hubo una auditoría exhaustiva.

Gastos llamativos

Algunos gastos, como los destinados al sector de la salud, son claramente adecuados, pero hay otros que llaman la atención. Entre ellos la decisión de gastar en julio de este año la suma de un millón 200 mil dólares en la equipamiento deportivo para disciplinas de tiro en el Centro Deportivo de Tiro. Se trató de una contratación directa, que se le adjudicó a las empresas suiza SIUS AG, italiana Elettronica Progetti, francesa Laporte Ball-Trap y a Federico Gonzalo Gil. Se trataba de equipos para polígonos de tiro. En la misma línea, la Policía de la Ciudad recibió equipamiento para el grupo de prevención por un total de 60 millones de pesos en plena pandemia.

También hubo una consultoría en la Villa 31, a cargo del funcionario Diego Fernández, para contratar personal para una gerencia operativa de reasentamiento. Como informó este diario, el contrato comenzó el año pasado por 1.141.488 pesos y 1.199.653 dólares y tuvo una extensión por otros 857.599 dólares. Luego Fernández debió dar explicaciones en la Legislatura por esos gastos en plena pandemia.

Pero quizás uno de los gastos más llamativos de todos fue la compra de "equipamiento para bowling" por un monto total de 220.500 dólares. Fue también una contratación directa, en pleno julio de este año, cuando la mayoría de la población porteña debía estar recluida. Fue destinado también al Centro de Tiro porteño que, al parecer, en plena pandemia debía ser equipado para jugar a los bolos.

Además se gastaron nada menos que 1.051   millones de pesos en contratar a lo largo de un año "servicios de alquiler de elementos destinados al interés público, recreativo y cultural para uso de las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".