“No son suicidas, son víctimas de femicidas”, es una investigación que desarrollan la antropóloga Andrea Flores y la socióloga Mariana Macazaga, investigadoras de la Universidad Nacional de Salta. Buscan describir y analizar las relaciones entre los suicidios de mujeres y personas no binarias y la violencia de género en la provincia de Salta. 

"Hay casos que son tipificados como suicidios ignorando pruebas, historias de violencia de género y los protocolos para la investigación de estos hechos, constituyendo estas acciones una muestra de la complicidad machista en los ámbitos policiales y judiciales", sostienen las investigadoras.

Para ellas, otra manera en que se tensan y encuentran estas formas de muertes remite a las situaciones en que las tramas de la violencia de género empujan a quienes la sufren a terminar con su propia vida. 

Flores y Macazaga plantearon que el denominado "suicidio inducido/ suicidio femicida o la conducta de instigación al suicidio" se inscribe en último término en una experiencia de violencia que "una estructura patriarcal y heteronormativa", que "dista de un mero ejercicio soberano sobre sí mismo/a y la propia vida", sino que resulta del inmenso sufrimiento subjetivo que deviene de historias de agresiones, abusos y violencias. 

El período para este estudio abarca los años 2017 y 2018. Su objetivo es contribuir a la elaboración e implementación de políticas públicas en el ámbito local en materia de violencia de género en general y de femicidios en particular.

El proyecto de investigación fue elegido en el concurso de la Iniciativa Spotlight y es supervisado por el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, que lo incluyó en su informe anual. La investigación se adentra en un campo poco explorado a nivel local y regional.

El proyecto cita como antecedente el estudio de Ana María Fernández, Débora Tajer, Diana Galimberti, Ana Ferrarotti, Agostina Chiodi y Sandra Borakievich (2010) en el marco del Programa de Becas “Carrillo-Oñativia” de la Comisión Nacional Salud Investiga. En esta investigación se señala que de las estadísticas vitales "se desprende una alta prevalencia de suicidios por lesiones autoinfligidas intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en vivienda y por arma de fuego; datos que van en contra de lo que expresan los forenses y especialistas en el tema, que señalan que justamente estas son las modalidades menos utilizadas por las mujeres". En el caso de Salta, estos resultados "adquieren un matiz particular dado que superan ampliamente la media nacional para ese año en que se registraron los siguientes porcentajes por modalidades de suicidio: ahorcamiento o sofocación, 76%; con armas de fuego, 12%; 4% por envenenamiento". 

El informe reveló que la tasa de suicidios en Salta es mayor a la registrada a nivel nacional y que duplica la relación suicidios/homicidios a nivel mundial. 

En su proyecto de investigación, Flores y Macazaga plantearon que con estos datos iniciales advierten la existencia de vacíos de información y de la emergencia de interrogantes urgentes sobre aquellas tramas de violencia de género que se esconden detrás de los actos de suicidio y/o el incumplimiento de los protocolos de investigación e intervención en casos de muerte violenta. 

Recién desde 2019 el Observatorio de Feminicidios de la Defensoría del Pueblo de la República Argentina incorporó la categoría de suicidio feminicida, identificándose uno en la provincia de Salta. Ocurrió en febrero: una adolescente de 15 años de un barrio de la zona sudeste de la Capital, tras años de abusos sistemáticos y recurrentes por parte de su padre de 71 años, puso fin a su vida. La hermana de 23 años, también era víctima de los abusos y fue quien radicó la denuncia. 

El trabajo de Flores y Macazaga propone hacer un análisis cuantitativo sobre la base de estadísticas vitales nacionales y provinciales de muertes de mujeres por suicidios en 2017 y 2018. En una segunda etapa, se prevén estrategias que permitan reconstruir y analizar casos de muertes violentas de mujeres y personas no binarias tipificadas como suicidios. 

Las investigadoras pretenden reconstruir las tramas de violencia de género en que acontecen las muertes violentas a partir de la identificación de situaciones de experiencia de maltrato que hayan transitado las víctimas; e identificar prácticas de tipificación, de procedimientos policiales y de investigaciones penales a los fines de monitorear la aplicación efectiva de los protocolos vigentes para la investigación de las muertes violentas por razones de género.

Hipótesis de femicidios 

Para la directora del OVcM, Ana Pérez Declercq, "las muertes violentas de mujeres tienen que ser investigadas con la hipótesis de femicidios". 

Pérez Declercq explicó que si bien el suicidio de una persona que sufre violencia de género no implica que se pueda juzgar penalmente a quien la violentó, sí debería ser abordado desde lo social para reunir elementos que permitan intervenir de manera más eficiente en casos de violencia de género, ya que con que con el acompañamiento necesario a las víctimas se pueden evitar estos desenlaces.

"En el marco de la ruta burocrática, una mujer wichí contó que el agresor le decía 'voy a matar a tu mamá'", y ella tuvo un intento de suicidio, relató la directora.

El OVcM recibió presentaciones por casos de suicidios en el marco de una situación de violencia de género. Citó el de una estudiante de estudios superiores y otro de Vaqueros.

En Cerrillos, se investiga la muerte de Fabiana Arismendi, quien fue encontrada calcinada. La familia sostiene que fue un femicidio. La investigación fiscal contempla las hipótesis de muerte violenta por posible femicidio y también por suicidio. 

Pérez Declercq sostuvo que los suicidios inducidos tienen que probarse y eso es dificultoso. Debido a esto dijo que es necesario que se empiece a hablar de esta temática. Por ello, afirmó que la perspectiva de género debe estar más presente en la investigación de muertes violentas y también ante las desapariciones de mujeres. 

"Es importante echar luz, atender, y acompañar a quienes sufren violencia", expresó. Sin embargo, puso énfasis en que falta fortalecimiento en la primera asistencia, seguimiento de las situaciones de violencia y de las medidas que establece la justicia, dado que si la víctima no está fortalecida va a tener miedo de denunciar el incumplimiento de esa medida. También indicó que se debe tener en cuenta el ciclo de la violencia de género porque se juegan mandatos patriarcales y mandatos del amor romántico que impiden a las víctimas salir de esa situación.

Por ello, planteó que es necesario "triplicar los recursos humanos" que hasta ahora son escasos; como ejemplo, señaló que en el Polo de las Mujeres faltan móviles para los equipos de asistencia.

Este 10 de diciembre, el OVcM presentó su informe anual sobre violencia de género. Ahí se dijo que recibieron relatos sobre chicas que abandoron los estudios por temor a cruzarse con sus agresores.

Hasta ahora, en Latinoamérica, El Salvador es el único país que tipifica el suicidio feminicida como un delito, y que tiene condenas de cinco a siete años de prisión.