"La nueva modalidad de desalojo es a través de la financierización del suelo. En vez de topadoras, la deuda creciente da lugar a desalojos legales", resume Verónica Gago, docente e investigadora del Conicet, para introducir uno de los conflictos urbanos profundizados por la pandemia durante el seminario "El AMBA bajo la lupa", organizado por The Shift, Ceapi y ACIJ para debatir acerca de diferentes problemáticas habitacionales de la ciudad y el conurbano bonaerense.
Junto a ella, Paola Gutierrez (presidenta del colectivo Hipotecados UVA) y Patricia Pintos (profesora y licenciada en geografía) expusieron sobre el fenómeno cada vez más difundido de acceso al derecho a la vivienda a través de la toma de deuda, el aumento sostenido de los precios del suelo y el crecimiento de las ciudades a través de proyectos inmobiliarios premium que desplazan a poblaciones vulnerables.
Colonización financiera
Uno de los ejes centrales del debate estuvo en el mecanismo difundido mediante el cual las personas de clase media y baja acceden al sueño de la vivienda propia: endeudándose. Verónica Gago expuso los resultados de un estudio de campo realizado en la Villa 31 y 31 bis. Acceder a una vivienda en la villa 31significa comprometerse con una deuda personal y doméstica creciente conformada no solo por la cuota de la hipoteca correspondiente, sino que también una cuota por gastos de administración y servicios; en que la acumulación de deuda termina opacando el supuesto derecho adquirido de acceso a la vivienda. "Titularizar vía mediación de deuda crecientemente impagable produce desalojo producto de situación de endeudamiento", explica la especialista.
Para entender el proceso de urbanización por deuda, Gago resalta un punto importante en la investigación, que tiene ver con el modo en que el gobierno de la Ciudad puso como garantía para toma de deuda con organismos internacionales los terrenos de la 31 y 31 bis con promesa de reestructuración de ese territorio urbano.
Para la clase media, el acceso a la casa propia por toma de deuda tiene su ejemplo más reciente en los créditos UVA. Paola Gutierrez, presidenta del colectivo hipotecados UVA, resuena en el concepto de generar deuda para legalizar los desalojos con su historia y la de los miles de los que ella misma denomina "víctimas de una publicidad engañosa que realizó el gobierno de Mauricio Macri junto con el sistema financiero". De acuerdo a datos del Indec, el valor de UVA, y la evolución del salario, desde marzo del 2016 hasta agosto 2020, la UVA aumentó un 307 por ciento, mientras que los salarios se incrementaron un 247 por ciento. Es decir, las cuotas variaron por encima que los ingresos. "Fue una política pública de acceso a la vivienda que fracasó y necesitamos que el gobierno lo revea", concluye Gutierrez.
Las elites hacia los bordes
La geógrafa Patricia Pintos hizo eje en cómo la pandemia profundizó un fenómeno que hasta ahora se venía dando con mayor celeridad sobre todo dentro de la Ciudad de Buenos Aires: la gentrificación de la periferia popular. "En buena medida, hay una reversión de la tendencia de la localización de las elites hacia los bordes, en franca competencia con los sectores populares y, por supuesto, en condiciones asimétricas", afirma. No implica un desalojo directo, pero las formas de ocupación de las elites, que mayormente son vía barrios cerrados o emprendimientos premium sobre humedales, modifican la estructura y encarecen el entorno, expulsando a quienes no pueden pagarlos.
Esta nueva dinámica de ocupación, el "sentimiento antiurbano" que denomina Pintos, se profundizó durante la pandemia. Durante los meses más intensos de cuarentena, afloró una serie de romantización de la vuelta al campo y periferias como forma de escape de los males de la ciudad. De acuerdo a un informe de Mercado Libre Inmuebles, crecieron de manera significativa las consultas e intenciones de compra de distintos sectores de periferia: la intención de compra entre abril y septiembre fue para el AMBA del 377 por ciento interanual, concentrada en aglomerado norte (que aumentó 463 por ciento), luego el oeste, 360 por ciento, y por último el sur, que sin embargo se posiciona como nuevo segmento a desarrollar, en 290 por ciento.
Pintos menciona algunas problemáticas de esta forma de ocupación de las nuevas elites: realizan un uso dispendioso del suelo, con baja densidad, se observan irregularidades en términos de sus aprobaciones de certificados urbanísticos (la irregularidad de las elites alcanza a 900 barrios cerrados en Provincia de Buenos Aires que no se encuentran regularizados). Por último, encarecen el metro cuadrado que, si bien desde la vista puramente económica se utiliza como bandera de bonanza, genera un tácito impacto social negativo.
