“Los desajustes de certificados de obra, es decir entre lo construido y lo pagado, apenas fueron del 0,006 por ciento. Las obras se hicieron a valores normales e incluso una parte se hizo por debajo de los valores que se utilizaron en otras jurisdicciones del país”. La frase no fue pronunciada por la defensa de Lázaro Báez ni por los abogados de otros imputados en el juicio por la obra pública en Santa Cruz, sino por el ingeniero Justo Pastor Romero, uno de los designados por el interventor macrista en Vialidad Nacional, Javier Iguacel, para realizar una auditoría sobre las rutas construidas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. El testimonio del profesional, pedido también por la fiscalía, fue demoledor para la acusación, al punto que la audiencia orilló el escándalo cuando el fiscal Diego Luciani --nervioso desde tiempo atrás-- acusó a Pastor Romero de ser un testigo preparado por las defensas, lo que derivó en un fuerte enfrentamiento con los abogados defensores.

Como viene relatando Página/12, en cada audiencia los testigos pedidos por la fiscalía terminan dándole la razón a las defensas y no describen hasta ahora irregularidades en la construcción de rutas. Pero el caso de Pastor Romero fue aún más contundente porque no dejó resquicio para las imputaciones.

El gobierno de Mauricio Macri, que asumió en diciembre de 2015, designó a Iguacel al frente de Vialidad Nacional en enero de 2016. La resolución número 1 de Iguacel fue ordenar una auditoría, pero no en todo el país sino en un único distrito: Santa Cruz. El objetivo excluyente era denunciar a Cristina Fernández de Kirchner. Para hacer la auditoría, Iguacel designó a dos ingenieros y un contador. Uno de los ingenieros fue, justamente, el que declaró ayer.

“Cumplimos con los objetivos de la auditoría pese a que tuvimos sólo 15 días y fue una situación casi tortuosa. La conclusión a la que arribamos es que prácticamente no había obra certificada, pagada, que no se hubiera construido. Toda la diferencia fue de 0,006 por ciento. Mucho menor a la de otros distritos”, explicó Pastor Romero.

Pero el ingeniero reveló además que como el resultado no era el que quería Iguacel, la intervención contrató una auditoría privada a cargo de la consultora Consulbaires, vinculada a uno de los ministros. “Ellos tampoco llegaron a la conclusión que quería Iguacel. Tampoco encontraron irregularidades. Pero tengo que decir que ni siquiera llevaron personal al Sur. Todo lo hizo el personal de Vialidad y se analizó en los laboratorios de Vialidad. Lo único que hizo Consulbaires fue facturar 500.000 pesos”. Ante este relato, las defensas pidieron que se extrajera testimonio para denunciar a Iguacel una vez más.

Pastor Romero provocó conmoción cuando explicó que lo que hizo “el ingeniero en petróleo Iguacel” --una forma de señalar que el ex interventor macrista no tenía experiencia en rutas--, produjo lo que técnicamente se denomina ruina de obra. Es decir que la gestión Iguacel paralizó las obras y todo se deterioró. “Esto lleva indefectiblemente a que lo hecho debe ser destruido y hay que hacer todo de nuevo. Es un perjuicio multimillonario para el Estado. Infinitamente más perjuicio que el 0,006 por ciento de los desajustes. Todo lo que se hizo público fue falso: eso de que había rutas que terminaban en la nada, es absolutamente falso”.

Respecto de la cuestión de los sobreprecios, el ingeniero señaló que para el cálculo aplicó el SIGO, Sistema Integral de Gestión de Obra, que especifica valores promedio por kilómetro. Pastor Romero afirmó que las obras se hicieron a valores normales del SIGO, incluso algo por debajo de las que se hicieron en otros distritos.