La jefa de la Policía de Salta, Norma Morales, anunció ayer que iniciará el trámite de retiro de la fuerza, porque el 31 de diciembre cumplirá 30 años de servicio. Asumió el 12 de diciembre de 2019 y se convirtió así en la primera mujer del país en llegar a la Jefatura de una fuerza de seguridad. Su gestión estuvo teñida por hechos de violencia policial que incluso motivaron una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Ayer dijo que si bien el gobernador Gustavo Sáenz le ofreció seguir en el cargo por un año más, decidió acogerse al retiro para "volver al hogar" donde le espera su familia. Aunque su práctica en la fuerza no tuvo una impronta que manifestara una diferencia respecto de la gestión de un varón, contó que la carrera le insumió sacrificios y muchas horas de trabajo, así que ahora "podría decir" que vuelve a sus seres más cercanos a "aprender a compartir con ellos muchas cosas. Mi hijo, mi pareja, mis padres, que todavía viven", enumeró emocionada.
El anuncio de la comisaria general Norma Morales, a quien la fuerza y el gobierno siguen llamando comisario, en masculino, se lanzó en el marco de la renovación de autoridades policiales que se hace habitualmente en este mes. La jefa anticipó que iniciará los trámites de retiro y dejará el cargo esta misma semana cuando asuma la nueva cúpula policial.
Morales puso énfasis en la importancia de la renovación en las conducciones institucionales y señaló que es fundamental que sus compañeros, con carreras profesionales destacadas, tengan la posibilidad de acceder al mayor cargo jerárquico policial para continuar desarrollando y desplegando las capacidades adquiridas como servidores públicos.
En un mensaje a los integrantes de la fuerza, la jefa les agradeció "por vestir con honor nuestro uniforme” y los instó a "seguir defendiendo los principios de la institución, la profesión y vocación por defender la justicia, la ley y la seguridad de los salteños”.
"Son 30 años en la institución, podemos decir 33, tres en la escuela, toda una vida de sacrificio, responsabilidad, muchas horas entregadas a la institución", sostuvo la jefa saliente en declaraciones difundidas por el gobierno provincial.
"Me voy feliz, y muy agradecida al señor gobernador por esta posibilidad de haberme confiado en mí la institución de más de 11 mil efectivos en este año de pandemia, que tuvo sus dificultades adicionales", señaló. Pero enfatizó que siempre se sintió acompañada, "no solamente por el señor gobernador, sino también por el señor ministro (de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro), el señor secretario (de Seguridad, Benjamín Cruz)" y "toda la Jefatura mayor, mis compañeros, así que muy agradecida".
También se manifestó "orgullosa" de que el gobierno le diera la oportunidad de ser la primera mujer en la Argentina que llega a la jefatura de una fuerza policial. "Va a quedar marcado en la historia", sostuvo.
Morales asumió en el cargo que ahora deja hace apenas un año y tres días, el 12 de diciembre de 2019. “Es un honor para mí saludarlos hoy como la primera jefa de la Policía, hecho histórico en los 194 años de nuestra institución”, dijo en el acto de asunción.
Una marca de violencia
La gestión de Norma Morales estuvo marcada por una sucesión de hechos de violencia policial, asentados, sobre todo, en las prerrogativas que le otorgó el gobierno provincial mediante el decreto 255/20 (luego convertido en ley), ni bien iniciada la cuarentena por la pandemia.
La agrupación HIJOS y la asociación Pensamiento Penal Capítulo Salta reunieron 27 denuncias por actos de violencia policial hasta julio de este año, mes en cuyo final propusieron la creación de un Comité de Seguimiento de la Violencia Policial e Institucional. Estas organizaciones realizaron denuncias, acompañamientos a las víctimas y acciones para visibilizar la violencia de la Policía de Salta. Incluso intervino la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Ni las autoridades de Seguridad de la provincia ni la jefa de Policía dieron explicaciones sobre el comportamiento criminal de integrantes de esa fuerza.
Estas organizaciones denunciaron públicamente la existencia de una práctica de violencia policial sistemática, el avasallamiento permanente de derechos humanos, la falta de acceso a la justicia de los sectores vulnerables de la población; la obstrucción y entorpecimiento policial para que se denuncien estos hechos.
Entre las varias presentaciones que se hicieron para tratar de frenar el decreto ley 255 y la violencia institucional, en julio la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un hábes corpus en el que señaló que los hechos descriptos dan cuenta de un modus operandi extendido en el accionar de la policía provincial y de la “constante amenaza que sufren los ciudadanos de la provincia de Salta, de ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad, con el consiguiente riesgo para su salud". En agosto la Secretaría presentó una denuncia penal contra la Policía de Salta por abuso de autoridad, vejaciones o apremios ilegales y tentativa de homicidio, por su actuación en la represión en los asentamientos de los barrios San Calixto y Ampliación Parque La Vega.
