El señor canoso, de anteojos de marco grueso y muy buen estado de salud para los 89 años que acumula, ese “viejito” que intentó por todos los medios no aparecer ante la cámara de la pc y que, cuando lo hizo, tomó nota exhaustivamente de todo lo que aconteció en la audiencia inaugural del juicio que se le sigue por secuestros y torturas durante la última dictadura cívico militar es Carlos Antonio Españadero: una pieza clave en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército que, bajo diferentes alias, actuó con esmero para desintegrar al PRT-ERP, que infiltró, persiguió, secuestró e interrogó bajo torturas a decenas de militantes de esa agrupación y a sus familiares, incluidos niñes. Y que sigue definiéndose como un militar retirado que, durante los años de terror, “sólo hacía tareas de oficina”.

Españadero cumple prisión domiciliaria por un juicio en el que fue condenado en 2014 en Comodoro Rivadavia. Se lo acusó y condenó por el secuestro y la desaparición de un soldado conscripto de Buenos Aires en esa ciudad patagónica. Se sabría más tarde que el agente de inteligencia también secuestró a la novia del soldado, a quien la mantuvo bajo vigilancia durante cinco años. Desde su casa, en la ciudad de Buenos Aires, se conectó vía teleconferencia a la audiencia judicial en la que el Tribunal Oral Federal número 6 comenzó a juzgarlo por secuestros y aplicación de tormentos de militantes del Partido Revolucionario del Pueblo y su Ejército en el centro clandestino conocido como Puente 12, ubicado en el partido de La Matanza.

Se trata del segundo juicio oral y público que se lleva a cabo sobre hechos que tuvieron lugar en ese espacio, el primer centro clandestino que funcionó como tal en el conurbano bonaerense. El primer debate revisó los delitos de lesa humanidad cometidos contra 150 personas allí mismo y fue el resultado del primer “corte” de elevación que realizó el juez federal que instruye la causa, Daniel Rafecas. El expediente cuenta con más de 300 víctimas.

Este que comenzó el viernes pasado es el segundo y es bastante particular: revisa la responsabilidad solo de Españadero y por las violaciones a derechos humanos de 8 personas, secuestradas junto con varias otras en diversos operativos a lo largo de dos años: entre diciembre de 1975 y marzo de 1977.

“Pero son más, por supuesto. Muchos más los casos en los que este represor actuó, y que quedaron fuera de debate”, aseguró en diálogo con este diario Alejandra Cravello. El secuestro de su papá, Ricardo Cravello, y de su compañera María Cristina Lonardi, son dos ejemplos: fueron secuestrados el mismo día y en el marco del mismo mega operativo que dos de las víctimas que fueron tenidas en cuenta para el juicio que comenzó el viernes, “y sin embargo, quedaron afuera”, apuntó Alejandra.

Una cruzada anti PRT

Españadero integró el Ejército desde la década del 50. Pasó por Comunicaciones y algunas áreas más antes de empezar a formarse en Inteligencia. En 1970 se volcó de lleno a su nuevo rol: personal civil de inteligencia del arma (PCI, en la jerga castrense) en la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601, órgano central de la represión ilegal antes y después del golpe de Estado. Su nombre de fantasía para el desempeño de su vida diaria era “Fernando Raúl Estevarena”. Sin embargo, seguía usando su rango de “mayor” para otros de sus alias: "Mayor Peña" o "Mayor Peirano".

En 1999, con las leyes de impunidad aún vigentes, PáginaI12 llegó a entrevistarlo a propósito de sus andanzas que, desde la identidad falsa de "Mayor Peirano", había desempeñado en la embajada alemana en Buenos Aires. Allí, recibió denuncias de familias de ese país europeo, que reclamaban por el destino de sus hijes, desaparecidos por el terrorismo de Estado.  “Fue una función más de las tantas tareas oficiales que realicé”, le respondió a este diario cuando se lo consultó por su actividad como Inteligencia del Batallón. Anuladas las leyes que lo protegían de la Justicia, ya no habla tan suelto.  

“El juicio evaluará su responsabilidad en los secuestros y las torturas impuestas a 8 personas. Los dos primeros casos son de diciembre del ‘75, hay otros de enero de 1977, de febrero de ese mismo año y de marzo. En solo dos casos los secuestros perduraron más de 30 días, con lo cual Españadero se enfrenta a una condena light”, evaluó Cravello que, no obstante, remarcó: “Es importante verle la cara y que de explicaciones”.

No hay “un hilo cronológico” entre los casos bajo análisis, ya que entre ellos “sucedieron muchísimos otros”. Sin embargo, sí hay algo que los unifica: la persecución que Españadero realizó contra la agrupación dirigida por Santucho. “Se sabía que el PRT-ERP era la presa del Ejército durante la represión, antes también, pero Españadero trabajó duro para lograrlo”, concluyó.

Los casos

Ofelia y María Ofelia Santucho, cuñada y sobrina del “Robi” Santucho, jefe del PRT-ERP estaban celebrando el cumpleaños de uno de uno de los niños con los que compartían casa, hijo del jefe de Logística del ERP, de 4 años. Lo hicieron en la casa donde vivían, que compartían con algunos integrantes jerárquicos de la agrupación y sus familias. Era diciembre de 1975. Fueron a buscar a algunos de sus primos, los más chiquitos. La patota de Españadero aguó la diversión: las secuestró a ellas y a otros 9 niñes, incluido el cumpleañero. En otros operativos simultáneos cayeron 24 víctimas más (el padre de Alejandra y su compañera entre ellas). Todes fueron llevados a Puente 12, pero solo los casos de Ofelia y María Ofelia, que fue la primera testigo en declarar el viernes, serán tenidos en cuenta en el juicio.

De todo ese grupo, “son liberados los niños y Ofelia Santucho. Hay tres sobrevivientes, que son exiliados chilenos, que después de Puente 12 fueron llevados a la Brigada de San Justo y quedaron a disposición del PEN. En 2008 a través de ellos se empieza a fortalecer la causa contra Españadero”, apuntó Cravello.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, durante la instrucción de la causa, en la que intervino el fiscal federal Federico Delgado, quedó acreditado que Puente 12, que también tuvo otros nombres como Protobanco o Brigada Güemes, fue centro clandestino desde, al menos, noviembre de 1974 y hasta, se calcula, 1978.

Según el expediente, quedó acreditado que Españadero se presentaba ante ellas para presionarlas y sacarles información. Así, hay testimonios que lo ubican en los interrogatorios, y también que lo acusan de amenazas. “Españadero se presentaba ante las víctimas para exigirles que una vez en libertad no hicieran denuncias y que levantaran los habeas corpus que se habían presentado en su favor. A algunas, incluso, les proporcionaba un teléfono dónde localizarlo ‘por si las secuestraba otro grupo de tareas’, a quienes debían decirles que ‘estaban a cargo del Mayor Peña’. Una vez liberadas, las víctimas eran advertidas que podían ser ‘citadas’ y que debían concurrir a ‘donde les indicara’ Peña”, apuntan desde el sitio web del Ministerio Público.

El debate está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel y de la jueza Sabrina Namer. El Ministerio Público Fiscal será representado por la fiscal federal titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Ángeles Ramos. Se llevará a cabo todos los viernes de manera remota, por el momento. Se prevé que se extienda, por lo menos, hasta marzo de 2021.