La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet condenó el aumento de la violencia ejercida contra campesinos, indígenas y afrodescendientes en Colombia. Bachelet convocó a las autoridades del país a tomar acciones concretas para cuidar a la población y lamentó que tras décadas de conflicto armado la "horrenda violencia" atribuida a "grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia" siga "normalizada" especialmente en las zonas rurales. Allí se concentra la mayor parte de las 66 masacres y 255 muertos registrados este año, de acuerdo a Naciones Unidas. 2020 será sin duda un año para el olvido si se considera lo poco que se avanzó en la aplicación efectiva del Acuerdo de Paz firmado hace ya cuatro años.
"La señora Bachelet está llamando de manera urgente al gobierno colombiano a desarrollar iniciativas efectivas para frenar esta ola de masacres que tiene conmovida al mundo", planteó en diálogo con Página/12 Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). En Colombia, el Indepaz define una masacre como "el homicidio colectivo intencional de tres o más personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar".
"Violencia persistente" en Colombia
"En lo que va de este año, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 66 masacres en las que 255 personas fueron asesinadas en 18 departamentos del país", aseguró Michelle Bachelet a través de un comunicado. "Es trágico ver a tantas personas ser víctimas de la violencia persistente a lo largo del país", denunció la expresidenta chilena, que incluyó en la categoría de víctimas a "los que se quedaron" en el territorio pese a la violencia y que "permanecen casi completamente indefensos".
Bachelet reclamó "medidas más sólidas y mucho más efectivas" a las autoridades colombianas, teniendo en cuenta que el Estado debe considerar como un "deber" el simple hecho de "estar presente" en todo el país. "No se nota un plan de acción ni una política pública en el presidente Iván Duque y esto contribuye a que se reiteren los procesos de violencia, que la impunidad siga y que las comunidades indígenas sigan desprotegidas", agregó en ese sentido el presidente de Indepaz, Camilo González.
La última masacre registrada en Colombia tuvo lugar el domingo por la noche, cuando al menos tres personas fueron asesinadas y cinco más resultaron heridas en la población de Cuturú, en el departamento de Antioquia. Indepaz señaló al poderoso Clan del Golfo como potencial responsable del ataque en el que "aproximadamente 50 hombres vestidos con uniformes de camuflado y armamento largo" bajaron de sus lanchas e irrumpieron con disparos en Cuturú.
El gobierno salió rápidamente a responsabilizar por los hechos al narcotráfico y a los distintos grupos armados que operan en la región. Estos se disputan los negocios ilegales abandonados por la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, desde Indepaz calificaron de "precipitado" el diagnóstico emitido por el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ya que al asumir "el papel de fiscal y juez" no solo "no queda bien", sino que también "puede simplificar el problema y desorientar a la opinión pública".
"Los funcionarios suelen llegar a a los lugares donde se cometieron las masacres a presidir consejos de seguridad hasta días después del hecho, ofrecen recompensas y se marchan sin proponer soluciones estructurales al fenómeno de violencia", manifestó en ese sentido Camilo González.
Cifras dispares
"Los números que mencionamos de las masacres son los que han sido reportados, pero tememos que sean mayores porque la pandemia ha obstaculizado nuestros esfuerzos por documentar y verificar los asesinatos", dijo desde Ginebra la vocera de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado. Las áreas afectadas por esta oleada de asesinatos son de difícil acceso y prácticamente no hay presencia del Estado.
Ante la ausencia de cifras oficiales confiables, cada institución elabora su propia estadística. En ese sentido Indepaz va más allá de Naciones Unidas al registrar 84 masacres en Colombia en lo que va del año, una cifra comparable a los niveles de 2005. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 al 15 de diciembre de 2020, fueron asesinados 1.091 defensores y defensoras de derechos humanos. De ese total, 695 perdieron la vida durante el gobierno de Iván Duque.
"En el informe de Indepaz se muestra cómo a pesar de las oposiciones y fallas en la implementación, el proceso de paz sigue vigente y ha permitido evitar decenas de miles de víctimas", destacó González. Para el investigador, Colombia se encuentra en el "coletazo de la guerra" y en una "transición traumática" en la que, por un lado, crecen las movilizaciones por la paz, mientras en paralelo existen fuerzas que "quieren hacer trizas los acuerdos y llevar al país a nuevos ciclos de violencia".
Aunque el histórico pacto con las FARC redujo la violencia política, Colombia aún se encuentra inmersa en un conflicto de casi seis décadas que deja más de nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. El reto que aún asoma lejano para que no se pierda lo alcanzado en la disminución de la violencia armada es la implementación integral de los Acuerdos de Paz firmados el 26 de septiembre de 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Informe: Guido Vassallo.
