La Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas denunció ayer que hubo una nueva intromisión en el territorio que disputan con la titular registral María Florencia Wayar. "Nuevamente, están ingresando a nuestro Territorio Comunitario, maquinaria pesada por orden de la terrateniente Florencia Wayar y terceros. Claramente tienen intenciones de avanzar en el territorio para hacer actos posesorios donde nunca los tuvieron. Estas acciones son una clara muestra de hostigamiento y de violencia que ejercen en contra de nuestros miembros Comunitarios en Las Pailas, violan leyes y el derecho de nuestro Pueblo Diaguita", afirmó la Comunidad en un comunicado que difundió la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Salta (UPNDS). La organización destacó que estas acciones incluso "van en contra de las presentaciones y disposiciones del Ejecutivo nacional y provincial y de los organismos competentes".

El pasado 9 de este mes, tras una represión policial a miembros del Pueblo Diaguita, el fiscal Ezequiel Molinati había logrado un acuerdo entre las partes para calmar los ánimos, con el compromiso de que se iba a llevar adelante una mediación, cuya primera reunión fue prevista para enero próximo. Sin embargo, para la Comunidad, la acción de ayer rompe el acuerdo, sostuvo Ulises Yanes, delegado de Las Pailas y de la UPNDS. 

Yanes precisó que varias personas ingresaron ayer al predio en disputa, en la base territorial San Gabriel, y estuvieron "todo el día" realizando labores de agricultura. El delegado puso énfasis en que esta acción se concretó el día después de que la jueza de Garantías interviniente, Claudia Puertas, rechazara un pedido de aclaratoria realizado por la Comunidad, con representación del abogado Josué Díaz Cueto, sobre su anterior decisión de establecer una consigna policial en el predio para evitar que ingresaran "extraños". Esta palabra se prestó a la confusión, porque para la auxiliar fiscal María Juárez Mattar (y a juzgar por la represión, para los policías también), los extraños son los diaguitas. 

La acción también se concretó el día después de que el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Ricardo Villada, se reuniera con los diputados nacionales de Cambiemos, Miguel Nanni, Martín Grande y Virginia Cornejo, "quienes le manifestaron su preocupación respecto a los conflictos que se vienen suscitando en la zona de los Valles Calchaquíes, entre familias criollas y originarias por la posesión de tierras", según se informó oficialmente. También se indicó que el ministro les dijo que "desde la gestión del gobernador (Gustavo) Sáenz se trabaja en las problemáticas a través del diálogo y del consenso".

Nanni, Grande, Cornejo, y Villada. 

"Responsabilizamos al Estado y sus poderes por este accionar ante cualquier situación de violencia y atropello que sufra nuestro Pueblo Nación", afirmó la Comunidad en su comunicado, en el que alertó a las instituciones nacionales e internaciones que deben garantizar sus derechos colectivos y anunció que como "Pueblo Nación Diaguita nos mantenemos en Alerta y Asamblea permanente en resguardo de nuestro Territorio Ancestral".

Reconocimiento estatal 

La Comunidad Las Pailas aclaró también que es parte de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita Salta y que el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO). Además, tiene personería jurídica y el territorio que ocupa fue relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que en 2014 reconoció esta presencia ancestral. 

"El Estado Nacional y provincial no solo reconoce nuestra preexistencia como Pueblo Originario, sino que además pudo constatar a través del relevamiento territorial la posesión actual tradicional y pública de la Comunidad, a partir del trabajo de equipos interdisciplinarios, técnicos y especialistas que lo confirman", afirmó la Comunidad. Y cuestionó a la jueza Puertas: "La situación es tensa ya que la Justicia como órgano del Estado una vez más continúa desmereciendo y sin aplicar el derecho indígena". 

El INAI y la misma Secretaria de Asuntos Indígenas de la provincia y el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas (IPPIS) "se expidieron y mostraron su preocupación por la violación a las leyes y la vulneración de los Derechos a los Pueblos originarios que se está realizando", recordó la Comunidad.

Estos organismos se presentaron en la causa iniciada con la denuncia de Wayar, que el 6 de diciembre acusó por usurpación a miembros del Pueblo Diaguita. El INAI pidió que se resguarde a la Comunidad, ratificó que el territorio fue relevado como de posesión comunitaria y recordó el marco normativo nacional e internacional que prohíbe avanzar en desalojos. Incluso el organismo nacional aclaró a la jueza "la endeble incidencia jurídica de cualquier tipo de documentación de terceros que reclame territorio de una comunidad indígena" frente a "los principios emanados de los derechos de los pueblos indígenas". 

La Secretaria de Asuntos Indígenas también informó que la Comunidad Las Pailas fue relevada por el INAI "y por lo tanto se encuentra amparada en las previsiones de la Ley 26.160, contra actos de turbación o desposesión de su territorio de uso actual, tradicional y público", sostuvo que la represión del 9 de diciembre además de implicar una provocación, "en la práctica termina resultando en un 'desalojo indirecto' de los miembros comunitarios" y pidió que se dicte una medida cautelar de no innovar.

El IPPIS solicitó a fiscal de turno, Abel Goitia, que se cumpla Ley 26160. Recordó que la existencia del relevamiento y esta ley implican "la imposibilidad y el impedimento de dictar medidas judiciales tendientes a llevar a cabo y/o ejecutar desalojos o medidas similares de cualquier índole en contra de comunidades originarias".

Yanes informó que las personas que ingresaron ayer al predio en disputa trabajan con Sergio Guitián, un productor de la zona que reside en el paraje Fuerte Alto. "Wayar utiliza como fuerza de choque a Sergio Guitián y a sus peones para amedrentar e ingresar a usurpar el territorio comunitario", denunció. 

La acción provocó el enojo de la Comunidad, que la interpretó como una ruptura de hecho del acuerdo al que habían arribado en presencia del fiscal Molinati. La familia Mamaní hace diez años no está produciendo respetando el proceso penal, "pero notamos que ni la otra parte está respetando eso ni la Justicia está interviniendo de acuerdo al marco de derechos que tenemos como pueblos originarios", sostuvo Yanes.  

En su última resolución, la jueza Puertas, si bien no accedió al pedido de desalojo y detención realizado por la abogada de Wayar, María Emilia Figueroa, rechazó el pedido de aclaratoria y la medida de no innovar solicitadas por la Comunidad, y ratificó la orden de que se mantenga una consigna policial en el lugar. Tampoco aceptó realizar una audiencia para conocer a las partes en conflicto, que había sido pedida por el fiscal, lo que provocó una nueva confusión, porque para la Comunidad con esto se rechazó la mediación. Sin embargo, la magistrada también dispuso dar participación a la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos. El Ministerio Público Fiscal indicó que esto último implica que sigue vigente la mediación.