En el primer tramo de una sesión marcada por el tratamiento del presupuesto 2021, los diputados salteños aprobaron el Consenso Fiscal 2020, firmado el 4 de diciembre por el Poder Ejecutivo Nacional con la mayoría de las provincias y por el que se modifican alícuotas impositivas, entre la que se encuentra la del impuesto automotor.

Dicha medida fue objetada por algunos de los legisladores al considerar que motivará un aumento desmedido del impuesto, particularmente en las localidades del interior, ya que ahora se tomará como base imponible el valor del vehículo, sobre el que se fijará una alícuota del 2%.

Actualmente hay diferentes modalidades para el cobro de este impuesto, que varía según la comuna, tomando como referencia el valor de mercado, modelo o peso del vehículo, o directamente aplicando una unidad fija, tal como es en la capital salteña, que lo hace mediante una escala que se valúa con unidades tributarias, actualmente fijadas en $6,99, pero que para el año próximo está propuesta una suba a $9,35.

Los diputados del oficialismo subrayaron que con esto se busca unificar valores y evitar que los dueños elijan los municipios más baratos para radicar el vehículo.

“Pero no puede ser que por un par de vivos, tengan que pagar los pobladores del interior, no es lógico que un vecino de Urundel pague lo mismo que uno de la capital de Córdoba, cuando el salteño tiene ingresos mucho menores”, reclamó el oranense Baltasar Lara Gros (PRS).

Si bien la iniciativa efectivamente generará incrementos en varias localidades del interior, en la capital podría repercutir en una baja, además de generar una modificación radical en la manera del cobro, lo que deberá ser analizado por el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante.

Ante la posibilidad de que el valor en algunos municipios pegue un salto considerable el año próximo, la ley fija un tope máximo de hasta dos veces del importe actual y lo mismo para 2022.

Otro impuesto que tendrá modificaciones será el de la intermediación financiera que actualmente se encuentra en el 5,5% y treparía al 7%. Aquí los diputados objetaron que las entidades bancarias trasladarían los nuevos costos a los clientes.

El otro punto trascendental del Consenso es que continúa congelada la escala fijada por el pacto firmado en 2017, que establecía una reducción gradual de alícuotas de diversos impuestos, entre los que se encontraba el de Actividades Económicas. Para el año próximo se aplicará la escala prevista para 2019, que también se utilizó este 2020. 

El primer pacto fiscal se firmó el 16 de noviembre de 2017 con el objetivo de “armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones”.

Al año siguiente se firmó una modificación para no rebajar los impuestos a los sellos, y en 2019, ante la depresión de la economía nacional con el consiguiente aumento de la pobreza que obligó a una mayor asistencia estatal, “resultó imprescindible introducir modificaciones a los compromisos asumidos”, según reza el mensaje que acompañaba al proyecto de ley.

Finalmente, este año la justificación para continuar con la suspensión de las rebajas de alícuotas y las exenciones es la compleja situación que generó la pandemia, que obligó a contar con más recursos fiscales para atender al sistema sanitario y a los distintos sectores sociales que sufrieron las consecuencias del parate económico.

Las provincias además se comprometen a no tomar nueva deuda en dólares, a menos que sea producto de alguna restructuración, opción que podría tomar la Salta, que se encuentra en plena negociación por los créditos en moneda norteamericana que se vencen en los próximos 4 años. El consenso sí permite emitir bonos de deuda en pesos.

El proyecto se aprobó con 49 votos positivos y 9 en negativo, previamente se rechazó la vuelta a comisión, que había solicitado la oposición. Ahora la iniciativa será tratada el jueves por el Senado.

Luz verde para el presupuesto

La mayor parte de las 13 horas que duró la sesión de ayer se la llevó el tratamiento del presupuesto, que terminó aprobado por amplia mayoría.

Una de las principales quejas de los diputados de la oposición, y también de algunos del oficialismo, fue la ausencia de reuniones previas con los diferentes ministros, ya que solo hubo un encuentro de manera virtual con el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, al que lo acompañaba el ministro de Producción, Martín de los Ríos.

Idéntico reclamo hicieron durante el proyecto anterior, ya que ningún representante del Ejecutivo presentó a los diputados el Consenso firmado .

Los principales puntos del presupuesto señalan que se prevén ingresos por 157 mil millones de pesos, de los cuales la gran mayoría son de origen nacional, particularmente los 108 mil millones que llegan de coparticipación, a los que hay que sumarle los asignados para obras y programas específicos. Se calcula que el incremento del monto nacional será del 41%.

Para obra pública, según explicó la presidenta de la comisión de Obras Públicas, María López, se reservaron 12.500 millones de pesos, “lo que representa un 200 por ciento más que la ejecución anterior”. A esto agregó otros $16.900 millones que llegan desde Nación y $611 de financiamiento internacional. La mayoría de esos fondos son para obras sanitarias que proyectó el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA).

El 65% de los ingresos, $90.829.942.914, serán destinados para el pago de los salarios estatales, tanto de los 60 mil empleados de planta permanente y transitoria, como de los que trabajan en organismos autárquicos y sociedades del estado.

Uno de los cuestionamientos más fuerte a la distribución de los fondos llegó de parte de la diputada Silvia Varg, “el presupuesto no fue analizado en enfoque de género como instrumento transformador de las sociedad”, disparó.

“Es la obligación del estado de cumplir leyes en protección de las mujeres”, afirmó y agregó que “continuarán los índices espantosos de desigualdad” y lamentó que para estos problemas “se destinan partidas mínimas o irrisorias”.

El diputado Carlos Zapata cuestionó, una vez más, la posibilidad de reasignar partidas, “lo que consideró un súper poder que se le otorga al gobernador”.

En el proyecto se estipuló que los recursos que se girarán a los 60 municipios serán equivalentes a $15.808.280.890. De ellos, $13.330.790.984 son en concepto de coparticipación.

Otro punto polémico del presupuesto es que considera ingresos por regalías mineras según las proporciones aplicadas por la nueva ley minera, que fija en un 70% para el Estado provincial. El problema es que esa normativa todavía no fue aprobada aún por la Legislatura, y recién cuenta con la media sanción. Para Claudio Del Plá podría impugnarse el presupuesto por ese motivo: “Es inconstitucional, por lo menos ese artículo”, señaló.

El proyecto fue aprobado en general con 43 votos a favor y 13 en contra, por lo que pasó al Senado para su sanción definitiva. 

De esta manera se cerró el año legislativo de la Cámara Baja, que estuvo signado por sesiones con distanciamiento en los dos primeros meses, y luego directamente bajo la modalidad virtual.