Unos 250.000 menores y adultos vulnerables, principalmente maoríes y de las islas del Pacífico, fueron víctimas de abusos sexuales o de otro tipo entre los años 1950 y 1999 mientras estuvieron bajo el cuidado de hogares, instituciones públicas y religiosas en Nueva Zelanda.

Así lo reveló un informe gubernamental, del que se subraya que muchos de los niños que fueron víctimas de abusos "provienen de segmentos de las comunidades en desventaja o marginadas", expone el informe interino de la Comisión Real conformada en febrero de 2018 por la primera ministra Jacinda Ardern para que el país "no cometa estos mismos errores nuevamente".

De los 50 sobrevivientes entrevistados por la Comisión, 40 revelaron que fueron víctimas en estas instituciones de abuso físico o sexual, que incluye el toqueteo y la penetración, mientras que 33 de ellos sufrieron ambos tipos, lo que les dejó secuelas de por vida.

"Aquella vez fui violado por el cura. Tenía una habitación, en un rincón de la sacristía... recuerdo que me dijo que tenía que limpiar mi cuerpo después de contarle que fui violado por (el perpetrador). Me dijeron 'cierra el pico que Dios lo resolverá'", contó Mark, de 71 años, según el documento.

El informe también destaca que un abuso sexual abría las puertas a otros. John, un maorí de 53 años, describió que estos delitos eran encubiertos como exámenes médicos.

"Me sentía humillado porque nos desnudaban completamente. Nos examinaban por enfermedades de transmisión sexual... buscaban drogas en sitios privados y solo tenía doce o trece", relató John a la Comisión.

En esa misma línea, Sarah, de 49 años, recordó que la llevaron a una iglesia y le pusieron las manos encima para quitarle "los espíritus maoríes".

El racismo y la discriminación fueron los elementos claves detrás de estos abusos físicos, emocionales, psicológicos, médicos, educativos, espirituales y de negligencia cultural perpetrados contra estas personas que muchas veces fueron puestas al cuidado de las instituciones debido a que su vivienda no era segura o adecuada.

"A pesar de lo malos que pudieron haber sido sus hogares, muchos de ellos quedaron en peores condiciones que cuando llegaron", recalca este informe que explica que a muchos de los sobrevivientes, entre ellos personas con discapacidad de las islas del Pacífico con un dominio del inglés limitado, les costó denunciar.

La Comisión Real, instancia con poderes especiales y que es creada para asuntos graves de interés público, es presidida por la juez Coral Shaw, quien debe entregar sus recomendaciones a finales en 2023.

En Australia, vecina de Nueva Zelanda, el primer ministro Scott Morrison pidió disculpas en 2018 a las víctimas de abusos en las instituciones australianas tras la presentación del informe final el año anterior de la Comisión Real que investigó estos casos.

La comisión australiana, que recibió quejas de 4.500 personas por presuntos abusos de unos 1.880 religiosos y sacerdotes entre 1980 y 2015, recomendó a la Iglesia católica que levante el secreto de confesión en casos de pederastia y elimine el celibato, como medidas para luchar contra el abuso de menores.