El inminente regreso de Eduardo Farah a la Cámara Federal y la posible designación del constitucionalista Roberto Boico en una de sus vacantes llevarán a reconfigurar parte de ese tribunal que hizo grandes demostraciones de poder en los últimos años, en especial durante el gobierno de Mauricio Macri, en el que se lanzó una ofensiva judicial contra ex funcionarios kirchneristas, que tuvo como motor el ataque a lo que el establishment suele llamar peyorativamente gobiernos “populistas”. Farah y Boico integrarán la Sala II de esta Cámara que, desde el punto de vista técnico se dedica a revisar fallos de los jueces de primera instancia pero que, en los hechos, se perfiló como un tribunal estratégico en busca de efectos políticos. Los medios afines a la oposición los presentan como dos jueces aliados del oficialismo, con un enfoque curioso que da por hecho que jueces y juezas deberían tener lealtades hacia el gobierno que los designa. Se anticipan a una batalla: gran cantidad de causas “sensibles”, y varias de las que complican al macrismo, están en esa sala que ellos pasarían a integrar.

Si efectivamente llegan Farah y Boico van a la Cámara Federal, pasarán a compartir la sala con el célebre Martín Irurzun, autor de la doctrina que lleva su nombre y que permitió encarcelar a decenas de ex funcionarios kirchneristas con la teoría del “poder residual” fogoneada desde la Corte Suprema por Ricardo Lorenzetti. Podría ser un cambio relevante, aunque ninguna lectura puede ser lineal, en especial si se repasa el recorrido de Farah. En la Sala I quedarán Mariano Llorens, que llegó por concurso y guarda simpatías con sectores de la oposición y los ya famosos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que llegaron a esos cargos por traslados –a dedo-- del gobierno de Macri. Ellos, según resolvió la Corte en reciente per saltum, podrán permanecer en esos lugares hasta que termine el concurso, para el que dijeron que se presentarán. El Consejo de la Magistratura había dicho por mayoría que sus designaciones eran irregulares. Ellos plantearon que querían quedarse para siempre y la oposición los respaldó a capa y espada. Por mucho tiempo, a falta de otros jueces la Cámara estuvo dominada por ellos dos, Irurzun y Llorens. Para el macrismo fue un tribunal amigo. La marca de Irurzun sigue muy presente: fue designado presidente de la Cámara Federal este año: es su mandato número 11. Su poder fue tan fuerte en los últimos años que hasta este dirigió la oficina de escuchas que depende de la Corte Suprema, lo que implicó la existencia de un canal directo entre Py, el aparato de escuchas, la AFI y el alto tribunal. 

* La sala II tiene algunas de las causas judiciales más perturbadoras para el macrismo y sus ex funcionarios, incluido el ex presidente: una es la de los peajes, donde se investiga el negociado de la concesión de la Panamericana y el Acceso Oeste a Autopistas del Sol (fueron revocados los procesamientos, pero podrían volver a dictarse con nuevos elementos); otra es la denuncia contra Macri y un grupo de colaboradores por el armado de una causa contra los dueños del Grupo Indalo; el expediente sobre la llamada “mesa judicial” de Macri, Gustavo Arribas, Germán Garavano, Pablo Clusellas y Marcos Peña entre otros utilizada también para armar causas o incidir en tribunales; lo que quedó en Py de la causa sobre aportantes truchos; la causa del Correo contra Oscar Aguad, entre otros; el expediente sobre sobornos de Odebrecht que involucran a ex funcionarios y a empresarios como Angelo Calcaterra; lo que queda de la llamada “Operación Puf”; también parte remanente del caso Ciccone, sobre Ricardo Echegaray.

* La Sala I tiene, por ejemplo, las discusiones de competencia sobre las causas de espionaje ilegal que tramitan en Lomas de Zamora y viene fallando a favor del intento del macrismo por trasladarlas a Comodoro Py; también tiene la causa conocida como “ruta del dinero K”, bautizada así por Clarín, denominación que adoptó la propia Cámara cuando intervenía Irurzun y se empecinó en que fuera indagada CFK, a punto de ordenárselo a Sebastián Casanello, que luego dictó falta de mérito; algunos remanentes del caso de las fotocopias de los cuadernos.

Farah había sido designado en la Cámara Federal en 2008 y en 2018 pidió ser trasladado. Este año, en medio del debate en el Senado por ese tipo de nombramientos, dijo que había pedido irse de la Cámara en medio de presiones del macrismo, que afectaban a su familia, tras haber revocado la prisión preventiva de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, en la causa conocida como “Oil Combustibles”. “No era lo acordado”, llegó a decir Macri públicamente cuando quedaron en libertad. El otro camarista que firmó aquella decisión, Jorge Ballestero, optó por jubilarse, algo que ya tramitaba. Este año, a raíz de la discusión judicial y política por los traslados de Bruglia y Bertuzzi, que desembocó en audiencias en el Senado, Farah planteó que quería volver a la Cámara e hizo un pedido expreso al Consejo de la Magistratura tras el fallo de la Corte Suprema sobre el dúo BB, donde sostuvo que los traslados son transitorios y que la única forma de quedarse en un cargo es por concurso, con aval del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado. Entonces Farah planteó que cumple con esas condiciones y podría volver. Consiguió ya el respaldo de la mayoría de la Comisión de Selección y el jueves lo obtendría en el plenario.

Boico es un reconocido constitucionalista, que fue juez subrogante en la Cámara de Casación Penal Federal entre julio de 2015 y febrero de 2016. También representó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa del Memorándum, basada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que la acusó de encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Esa causa y la de “dólar futuro”, se convirtieron en las más simbólicas de las “causas armadas” donde se transforman políticas o decisiones de gobierno en supuestos delitos. Un dato curioso es que en ambos casos Farah votó por confirmar el procesamiento de la actual vicepresidenta, entre otros, con prisión preventiva. En el caso “Memorándum”, incluso en un comienzo dijo que se debía investigar, a contramano del planteo del juez Daniel Rafecas que archivó el expediente por inexistencia de delito aunque luego lo reflotó Claudio Bonadio. Farah tiene una gran amistad de años con Javier Fernández, integrante de la Auditoría General de la Nación y conocido operador judicial aliado, en su momento de mayor poderío, de Antonio “Jaime” Stiuso. Fernández pasó un tiempo fuera de juego, o casi, y todo indicaría que está volviendo a la acción, custodiando intereses varios y con injerencia también en el fuero contencioso administrativo, siempre terreno de preocupación para los gobiernos porque allí tramitan las causas contra el Estado.

En la Comisión de Selección Farah recibió el apoyo del oficialismo, de Graciela Camaño y de todos los jueces (Alberto Lugones, Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo); el único consejero que se opuso a su regreso a la Cámara fue el diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli, quien dijo que hay que hacer un nuevo concurso y le criticó que no denunció penalmente las presiones recibidas. El jueves se tratará el tema en el plenario. También allí se discutirá la aprobación de la terna para la otra vacante de la Sala II, que está en principio integrada por el juez penal económico Diego Amarante, el abogado Boico y el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla. Como éste último fue postulado para el juzgado federal con competencia electoral de La Plata por el Poder Ejecutivo, se incorporó una lista complementaria con Pablo Yadarola, Federico Feldtmann e Ivana Quinteros. Todo indica que el elegido sería Boico, aunque aún no está todo dicho. El concurso para los cargos de Bruglia y Bertuzzi recién está en marcha. El oficialismo aspira a que termine en ocho meses. Tiene una fuerte apuesta a renovar esta Cámara que ha dado sobradas muestras de su poderío.