Una semana después del asesinato de Micaela García, según el Boletín Oficial, el Gobierno pondrá en marcha una mesa de trabajo sobre femicidios, para la “elaboración de protocolos y guías de actuación” para las fuerzas de Seguridad, similar a la creada por otro decreto, en diciembre pasado, con la única novedad de que en esta ocasión, y sin que se precisaran sus razones, fueron excluidas de la iniciativa oficial la Corte Suprema, que ya cuenta con una Oficina de la mujer, y la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó.
Tal como reconoció a PáginaI12 la directora nacional de Políticas de Género, Carolina Barone, quien tendrá a su cargo el nuevo organismo, la Mesa de Trabajo “es la misma” que la creada en diciembre pasado, en el marco de la cual “se hicieron algunas reuniones”.
La resolución de ayer, la 305-E, lleva el sello del Ministerio de Seguridad. Resuelve lo mismo que la 925-E, fechada el 28 de diciembre del año pasado y publicada en el Boletín Oficial el 3 de enero de 2017: la apertura de un espacio para la “elaboración de protocolos y guías de actuación” en materia de femicidios para las fuerzas de Seguridad.
A diferencia de la resolución de la fecha, la 925-E establecía que de la Mesa de Trabajo estaría integrada por las oficinas de Violencia Doméstica y de la Mujer, del máximo tribunal, y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres, órgano que depende de la procuradora Gils Carbó, a quien la alianza Cambiemos está empeñada en desplazar, a pesar de que su designación fue aprobada por el Congreso Nacional.
El nuevo texto pone a la iniciativa bajo la órbita de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad y convoca a “otros organismos estatales centralizados y descentralizados, y a representantes de la sociedad civil”. A pesar de que Barone aseguró que la resolución “no tiene la inspiración” de mostrar “una reacción inmediata” del Gobierno tras el crimen de Micaela, no pudo dar precisiones sobre la duplicación de una medida tomada hace apenas cuatro meses atrás.
Lo que la nueva Mesa de Trabajo hará, supuestamente, a partir de ahora, no será involucrarse en el terreno judicial sino diseñar una “guía de actuaciones para las fuerzas policiales y de seguridad federales para la investigación de femicidios en lugar del hallazgo”. Es decir, regular la operatividad del accionar policial. Lo mismo que había anunciado hace cuatro meses atrás.
Por el femicidio de Micaela está detenido Sebastián Wagner, quien se encontraba con libertad condicional, después de haber sido condenado a 9 años por dos violaciones. El juez Carlos Rossi, quien dejó libre al sospechoso tres años antes de cumplir la condena, pidió licencia mientras el ministro de Justicia, Germán Garavano, y otros funcionarios nacionales pidieron su remoción.
