La decisión del juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini, de apartar a la fiscala Verónica Simesen de Bielke de una causa en la que se investiga la filtración de información a un imputado, generó la reacción de la funcionaria y del Ministerio Público Fiscal, que denunció la existencia de "un claro impedimento a la labor investigativa llevada adelante por la Fiscal, como así también una suerte de amedrentamiento al recto ejercicio de su cargo".

Simesen de Bielke aclaró ayer en entrevista con Salta/12 que un juez no tiene facultad para apartarla de una causa, porque ella es parte de otro poder, el del Ministerio Público. También denunció presiones tendientes a impedir el avance de la investigación contra el hoy detenido y procesado comisario Walter Mamaní. 

También el Ministerio Público Fiscal respondió punto por punto la resolución del magistrado. Y el jefe de los fiscales, el procurador general Abel Cornejo, decidió que una Unidad Fiscal investigará si el auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Dantur, incurrió en un delito al no haber informado que el teléfono que usaba para su trabajo era uno de su propiedad y no el oficial que le había entregado el MPF. 

Simesen de Bielke aseguró que la resolución del juez "es totalmente ilegítima" porque "no tiene ninguna facultad" para apartarla de una causa "porque es del procurador general". "La facultad de apartamiento de los miembros del Poder Judicial le corresponde a la Corte (de Justicia de Salta), y en este caso, la de los fiscales, al procurador general”, ratificó, y destacó que la decisión del juez tampoco fue notificada al procurador "para que inicie actuaciones sumariales para determinar una posible responsabilidad" suya y en cambio, "resuelve como si yo fuera parte del Poder Judicial, cosa que no soy".

El lunes último el Poder Judicial, difundió la decisión del juez Martini de apartar a Simesen de Bielke de la causa en la que se investiga a Mamaní y correr vista a la Fiscalía de turno para que investigue si la fiscala de Derechos Humanos, encargada de investigar denuncias contra miembros de la Policía de Salta, no había incurrido en un delito por el supuesto secuestro de un teléfono de Dantur sin orden judicial. 

La fiscala sostuvo que esta información "tiene un equívoco", porque en realidad la decisión se tomó sobre una causa contra Dantur, que está vinculada a la de Mamaní, pero no está acumulada, como interpretó el magistrado, "él dice (que la aparta) 'de la causa Mamaní y sus acumuladas', pero ninguna causa está acumulada a ninguna, son dos causas independientes", explicó la fiscala.

En realidad Simesen de Bielke ya no interviene en la causa contra Mamaní, dado que en noviembre pasado pidió que fuera elevada a juicio. "La causa contra Mamaní está concluída, con acusación formal, está el trámite en el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González y a partir de ese momento ya interviene la fiscal de allá, porque nosotros solo hacemos la etapa de investigación hasta el requerimiento de juicio", explicó. Añadió que la información del Poder Judicial afectó su honor y generó prepocupación en los fiscales porque ven una tendencia a denunciarlos cuando inician una investigación, cuando "la función del fiscal es investigar".

También denunció una presión constante de "ciertos sectores, sobre todo políticos" y, en ese contexto, consideró "bastante grave" lo que pasó ahora con el Poder Judicial.

“En la causa Mamaní tuvimos infinidad de trabas”, añadió, no solamente hubo acciones que tendieron a dificultar la investigación, sino también de sectores políticos que llegaron a presentar una nota pidiendo que “me apartaran de la causa porque estábamos investigando a una persona que no había cometido ningún delito, cuando lo que se está justamente investigando es si lo cometió. Si no lo cometió será inocente”. 

La causa contra Mamaní se inició a fines de junio último, por denuncia de Luciano Diez. El 28 de junio, según consta en la investigación de la fiscalía, mientras circulaba con su vehículo en Apolinario Saravia, apareció en sentido contrario un móvil policial en el que iban los policías Juan Giménez, Sergio Argañaraz, Julia Díaz y el comisario. Sin motivos aparentes, dispararon cuatro veces en dirección a Diez. Luego fueron a su casa y lo detuvieron aduciendo que había evadido un control policial y en el traslado lo habrían sometido a maltratos, tal como señala Diez. Después, en lo que para la fiscala fue una maniobra para avalar esta detención ilegal, Mamaní acusó a Diez de atentado a la autoridad. El comisario fue filmado por una cámara de seguridad doblando la patente del auto de Diez, se especula que para sustentar su relato de que habían sido atropellados por el joven. Mamaní está detenido desde julio pasado. 

El 6 de agosto, en otra causa, la fiscala de Derechos Humanos imputó también al auxiliar fiscal Sergio Dantur, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado en concurso real, porque descubrió que había informado a Mamaní sobre los pasos de la investigación en su contra. 

Esto se supo a raíz de un pedido de Mamaní, que afirmaba que había consultado con el auxiliar fiscal la detención de Diez, y pidió que se verificara esta afirmación. La Fiscalía dispuso una inspección ocular en el teléfono de Dantur. Simesen de Bielke aseguró que no sabía que ese teléfono era propiedad privada, porque cuando "se le pidió hacer inspección ocular a Dantur en el teléfono oficial, él nos entregó ese teléfono y no otro. Entonces, a partir de allí viene todo por supuesto, el equívoco, ¿no?”.

Es en esta causa donde se desató el incidente cuando la Fiscalía pidió autorización judicial para "hacer la extracción lógica del contenido de ese celular". La fiscala señaló que recién entonces les informaron que "el aparato y la línea" que eran de propiedad de Dantur, y no del MPF, a pesar de que era el teléfono al que siempre se habían comunicado, "ese es el teléfono donde se le dieron las directivas para que él nos colaborara en la causa de Mamaní".

Por recurso de la defensa la causa llegó a Impugnación, donde el juez Martini concluyó que la fiscala había mentido al no informar que la línea y el teléfono eran propiedad privada. Simesen de Bielke dijo que ya "había informado de que en realidad quien me indujo a error fue justamente Dantur porque nunca, ni en la audiencia de imputación, ni al momento de secuestro del teléfono, dijo este es mío personal". La fiscala destacó también que el auxiliar tenía un teléfono entregado por el MPF para uso oficial, pero "lo usaba en su casa", mientras que usaba el particular para su actividad oficial.

Otra investigación para Dantur

Ayer el procurador general Abel Cornejo dispuso distintas medidas tendientes a esclarecer la responsabilidad de Dantur "en hechos que constituirían conductas incompatibles con la función pública", por no haber informado que usaba un teléfono particular para su labor oficial. Este hecho se investigará en sumarios ya abiertos contra el auxiliar fiscal, por otras presuntas irregularidades. Además, el jefe de los fiscales ordenó que se conforme una Unidad Fiscal integrada por María Celeste García Pisacic, Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Rivero, para que determine si cometió un delito. 

Entre los considerandos, el Procurador sostuvo que Dantur "no especificó si se trataba del móvil personal u oficial" y recriminó que el juez Martini no tuvo en cuenta esta circunstancia "al momento de declarar la nulidad de las actuaciones y, siendo además que este comportamiento 'prima facie' habría inducido a error tanto al Tribunal como a la Fiscal Penal que investigó la causa”. Y agregó que “ello constituiría una conducta incompatible con la que un funcionario público debería actuar y ser el primer interesado en que se esclarezca la verdad de lo sucedido”.

Simesen de Bielke recordó que Dantur usaba el nickname Aurelio Casillas, un personaje ficticio basado en el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes. Además, "andaba armado, en la Fiscalía, en la Delegación, y solía poner el arma en el escritorio cuando ciertas personas se presentaban a hacer denuncias, de manera muy intimidante". 

Y recordó que uno de los sumarios contra el auxiliar fiscal es porque en enero último, junto con el comisario Mamaní, detuvieron a cinco policías "diciendo que había una denuncia anónima de que habían recibido coimas" para permitir el paso “justo por uno de los puestos de control más importante vía terrestre" en la zona. Los agentes terminaron desafectados de la investigación porque se determinó que la acusación era falsa.