Este martes se llevó a cabo el primer foro de Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual, un encuentro que contó con la presencia de más de 100 funcionarias nacionales y provinciales, diputadas y senadoras nacionales, concejalas, dirigentas políticas, cooperativistas y activistas de todo el país que plantearon iniciativas para revertir la situación de desigualdad que implica la menstruación no sólo en términos económicos sino también en cuestiones relacionadas a la salud, la educación y el trabajo.

De la actividad, que se desarrolló en el Salón Sur de la Casa Rosada, participaron representantes de Jefatura de Gabinete y de los ministerios de Economía, Salud,  Desarrollo Social, Desarrollo Productivo, Educación, Seguridad, Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. También estuvieron presentes funcionarias de ANSES, AFIP, INDEC, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y de AySA.

La jornada, que se extendió desde las 16 hasta alrededor de las 19, contó con la coordinación de la Subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, Cecilia Gómez Mirada, y la Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro. El cierre estuvo a cargo de Dora Barrancos, quien aseguró que “la gestión menstrual va a ser política de Estado” y que “no hay justicia social sin justicia de género”.

Por una Justicia Menstrual

Entre algunas de las iniciativas que se trataron este martes se destaca la del Ministerio de Salud, que anunció el destino de partidas presupuestarias comprometidas para la compra de copas menstruales "con el objetivo de su distribución gratuita en distintos programas oficiales", informó el gobierno a través de un comunicado.

El Ministerio de Seguridad, por su parte, dio a conocer la adquisición de 2 mil copas para las mujeres de las fuerzas federales, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social informó sobre la implementación de "una línea específica de gestión menstrual dentro del Programa Inclusión Joven y una línea de financiamiento para experiencias cooperativas por parte de los gobiernos locales".

En tanto, representantes de la Red Federal de Concejalas de la FAM reflejaron algunas experiencias locales que van desde distintas iniciativas legislativas hasta la compra y distribución de productos gratuitos por parte de los municipios. 

El costo de menstruar

Uno de los principales factores de exclusión para las personas menstruantes es el costo de los productos que se deben adquirir. Según un informe realizado en 2019 por el colectivo Economía Femini(s)ta en el marco de la campaña “MenstruAcción”, las personas que menstrúan destinan el 10% de sus ingresos a adquirir los elementos necesarios para la gestión del ciclo. 

Además, de acuerdo a los datos relevados por la Dirección de Economía, Igualdad y Género, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos que adquieren las personas menstruantes representa unos 328 millones de pesos de la recaudación nacional. Es por ello que las funcionarias del Ministerio de Economía remarcaron la importancia de hacer cambios en el sistema impositivo para que sea más progresivo y equitativo. 

También con el objetivo de resolver las desigualdades a las que se enfrentan las personas menstruantes, explicaron durante el encuentro varias legisladoras nacionales, hay 19 proyectos presentados en el Congreso referidas a la provisión de productos gratuitos para la gestión menstrual y la promoción de la gestión menstrual sustentable.

Otra de las iniciativas de vital importancia en este escenario, concluyeron las especialistas del foro, es el Programa Precios Cuidados, esencial para disminuir el costo de toallitas y en especial de los tampones, cuya caída respecto del mismo producto fuera de ese programa es del 78,55%.

Campañas e investigación

Por otro lado, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación anunció el inminente lanzamiento de tres concursos. 

El primero estará orientado al diseño de productos de gestión menstrual; el segundo a campañas de concientización del Gobierno Nacional; y el tercero a la investigación sobre el impacto ambiental, económico, de salud, entre otros.