Luego de que el presidente Luis Lacalle Pou anunciara el cierre de fronteras y limites para el derecho de reunión, sectores sindicales y del Frente Amplio (FA) salieron a criticar al gobierno. Por su parte, en la coalición de izquierda compartieron que era necesario frenar el avance del coronavirus. Sin embargo señalaron que faltan medidas de resguardo para la población vulnerable. Además manifestaron su preocupación por el intento del Ejecutivo de limitar las marchas y movilizaciones. Desde el sindicato Pit-Cnt pidieron al presidente que considere la situación de más de 200 mil uruguayos sin empleo en el marco de la pandemia. Uruguay, que había sido señalado como país modelo por su manejo de la pandemia, desde principios de diciembre viene experimentando un aumento sostenido de casos. En la última semana promedió 450 positivos diarios, cuando durante meses no había superado la veintena.
Los anuncios de Lacalle Pou
La polémica se encendió ante los anuncios realizados el miércoles a la noche por el presidente para intentar frenar el avance de la covid-19. Entre las medidas tomadas en el marco de la crisis sanitaria, está el cierre de fronteras desde el 21 de diciembre al 10 de enero. “Esta es una medida que nos cuesta mucho, porque sabemos que hay miles de uruguayos que en las fiestas retornan al país a visitar a sus familias”, había señalado el líder de la Coalición Multicolor. Sin embargo informó que quedarían exceptuados de la norma aquellos que al día del anuncio ya hubiera comprado su pasaje.
Luego el presidente dijo que enviaría al Congreso un proyecto de ley para reglamentar el artículo 18 de la Constitución que refiere “al derecho de reunión”. El mandatario dijo que limitarían esa norma cuando se esté atentando contra la salud. “Este mismo proyecto de ley va a definir legalmente el concepto de aglomeración, que ha sido muy discutido y queremos que específicamente se defina y que todos tengamos claro las reglas a aplicar”, subrayó el mandatario. Luego indicó que no sería fácil dejar contento a todo el mundo. “Es muy difícil ser 100 por ciento justo en estos casos, cuando uno tiene que elegir entre derechos a proteger. De otra manera sería muy simple. Entre el mal y el bien es simple, pero cuando la actividad de gobierno sugiere retacear algunos derechos es donde uno tiene que apelar a sus más íntimas convicciones”, indicó el político integrante del Partido Nacional. A su vez dijo que no podían seguir permitiendo las grandes reuniones. “Hasta el momento contábamos con la facultad de convencer; ahora, de disuadir y, eventualmente, disolver estas reuniones”, sostuvo el presidente.
Otras de las medidas tomadas por el Ejecutivo fue reducir al 50 por ciento la capacidad del transporte interdepartamental que sale de Montevideo. El presidente adelantó que se subsidiarán las pérdidas que eventualmente puedan tener las empresas del rubro. A su vez suspenderán los espectáculos públicos de toda índole. También ordenó que se adelanten las vacaciones del personal de la administración pública. Este sector sólo trabajará de manera presencial salvo en los casos considerados esenciales. Además instó al sector privado a propiciar el trabajo a distancia. Respecto a los centros comerciales, extenderán su horario de atención para evitar aglomeraciones. Bares y restaurantes no podrán estar abiertos más allá de la medianoche, algo que viene ocurriendo desde el primero de diciembre. Todas estas medidas regirán, en un primer momento hasta el 10 de enero.
Ni murga, ni carnaval
Una vez conocida la noticia la intendencia de Montevideo informó que, en línea con las directivas de la presidencia, suspendían el Carnaval 2021. A fines de noviembre, la capital uruguaya ya había decidido cancelar el desfile de Carnaval, que se realiza todos los años en enero por la avenida 18 de julio, la principal de la ciudad. Ahora, finalmente todo el evento fue suspendido. También las denominadas “Llamadas”, una fiesta popular de candombe que se celebra en febrero, fueron levantadas en Montevideo.
Ante los anuncios del Ejecutivo, la intendenta frenteamplista de la capital Carolina Cosse había manifestado su apoyo pero con reparos. “Es muy necesario cambiar el rumbo para obtener resultados distintos. Aún así, debemos ser MUY cuidadosos/as con temas profundos de la Democracia. El Parlamento deberá estudiar muy bien la propuesta de reglamentar el art. 38 de la Constitución”, dijo la intendenta que asumió a fines de noviembre. La coalición de izquierda anunció que se reunirán el viernes en el Congreso para evaluar la iniciativa que ese mismo día presentará el presidente.
Por su parte el senador Alejandro Sánchez del FA llamó a restringir la movilidad pero pidió al gobierno considerar la situación de los miles que no puedan hacerlo. “Sin medidas sociales y económicas exponemos a los más vulnerables”, dijo Sánchez. Por su parte la diputada Lilián Galán también pidió medidas reparatorias en un contexto de aumento del desempleo y la pobreza. “NO anuncia una sola medida para mitigar los efectos de esta crisis. ¡Renta Básica de Emergencia YA!”, indicó Galán del FA en su cuenta de Twitter.
El reclamo por un ingreso universal también fue realizado por Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt. “No vemos en las propuestas el ingreso básico de emergencia (salario mínimo), incluso cuando ya se ve el horizonte con la llegada de la vacuna", manifestó el sindicalista al diario uruguayo El País. A su vez indicó que los anuncios de la presidencia no alcanzaban para contener la situación social. “Más de 200.000 uruguayos sin empleo dan cuenta de un problema muy grande, sumados a los problemas sociales que se van a suscitar a partir de la aplicación de las nuevas medidas”, indicó Pereira. También manifestó dudas respecto a la decisión del gobierno de reglamentar el derecho a reunión. "No las vamos a juzgar hasta leer el contenido, pero por principio defiendo la libertad como parte fundamental de la convivencia democrática", sostuvo el líder del Pit-Cnt.