A tres años del hundimiento del ARA San Juan, se ratificó que el submarino fue enviado a su misión final en un estado de precariedad inconcebible. Ahora, por si fuera poco, se denunció que sus 44 tripulantes bajaron a las profundidades del Atlántico sin contar con la protección obligatoria de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). Por esa razón, sus familias ni siquiera pueden cobrar la indemnización de ley por los fallecimientos. El ex ministro de Defensa Oscar Aguad fue denunciado por “abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El ex funcionario, que junto con el ex presidente Mauricio Macri y el ex titular de la Armada Marcelo Srur, serán investigados por las causas profundas del naufragio, ahora sumó una nueva acusación. La denuncia, a la que tuvo acceso Página/12, fue presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional 3 de CABA. La abogada Valeria Carreras, en representación de la viuda de Luis Esteban García, uno de los 44 tripulantes, sostuvo que en 2017 “ningún miembnro de la Armada, con rango militar, tenía ART”, mientras que sí lo tenían los empleados civiles de la fuerza.

La presentación se debe a que el ex funcionario dejó “sin cobertura de Riesgos de Trabajo al personal de la Armada Argentina” y “en especial a la tripulación del Submarino ARA San Juan”. La imputación es por “los delitos previstos en el artículo 248 del Código Penal”.

Tras recordar que Aguad era el responsable del “control y mando de las Fuerzas Armadas”, se señaló que cuando se produjo la desaparición del submarino, el 15 de noviembre de 2017 “provocando la muerte de la tripulación completa (,,,), entre la que estaba el marido” de la denunciante, Aguad “no cumplió con los deberes a su cargo”.

En el escrito se puntualizó que “no solo no contrató una cobertura en riesgos de trabajo como marca la ley 24557” sino que “tampoco realizó la gestión ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo” para que la Armada fuera “Empleadora Autoasegurada”. La omisión cometida por el ex ministro macrista “en principio, ha privado a los miembros de la Armada y especialmente a los tripulantes” del submarino “de los beneficios que la ley citada procura”.

Uno de ellos es “el Sistema de Seguridad Social Argentino que tiene como objetivos prevenir los riesgos derivados de la actividad laboral y reparar, en tiempo y forma, los daños ocasionados por accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales”.

En consecuencia, los tripulantes del San Juan “no tuvieron las medidas de prevención para evitar o acotar riesgos”, En la denuncia se sostuvo que de haber tenido la asistencia de la ART, se podrían haber realizado “inspecciones del lugar de trabajo” y esto podría haber “evitado el final”, que era previsible dado el estado de precariedad en el que se encontraba la nave, antes de partir hacia la que fue su última misión.

Como resultado de la omisión que se le adjudica al ex ministro Aguad, la viuda del tripulante “tampoco accedió a la prestación/ indemnización por fallecimiento de su esposo en ocasión de realizar su tarea habitual” en su lugar de trabajo.

Los tripulantes y todo el personal de la Armada “debían contar con dicho seguro” porque es obligatorio, tanto para funcionarios como para los empleados de la administración pública nacional, de las provincias y sus municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La obligatoriedad comprende también a trabajadorxs de empresas privadas que estén en relación de dependencia, a trabajadorxs de casas particulares, pasantes y personas obligadas a prestar un servicio de carga pública.

En la denuncia se señaló que también se constató que la Armada “no era (…) una empresa autoasegurada”. La comprobación surge de “la copia del acta notarial realizada en la página de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación”.

El sistema “permite que los empleadores se autoaseguren en vez de afiliarse a una ART”, luego de cumplir una serie de requisitos técnicos y financieros que les permitan brindar la asistencia médica necesaria para sus empleados.

Durante largos meses, a la denunciante se le dijo, falsamente, que la Armada era una empresa autoasegurada que cumpliría con sus obligaciones. En el escrito se dijo, además, que el monto indemnizatorio es “exiguo en esta circunstancia especial” porque en el hecho “hubo culpa de los altos mandos” de la fuerza, tal como lo ratificó el mes pasado la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

En la denuncia se afirmó que, a diferencia del personal militar de la Armada, los empleados civiles sí tienen cobertura de ART. La cobertura de riesgos incluye la capacitación de los trabajadores sobre cómo evitar riesgos y recibir “Elementos de Protección Personal (EPP) según su trabajo”, entre muchas otras cuestiones con las que no contaban los 44 tripulantes del ARA San Juan.

Se argumentó que corresponde la imputación contra el ex ministro “porque ha generado un daño concreto: privar de la baja de siniestralidad en el trabajo y privar a su familia de percibir las prestaciones por fallecimiento previstas por la ley 24557”.

El artículo 248 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales”. La abogada Carreras pidió que se tome en cuenta el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que ordenó a la jueza de Caleta Olivia investigar a Macri, Aguad y Srur por enviar a una misión a una nave que no estaba en condiciones de realizar esa travesía.