Por el desabastecimiento de agua en el norte santafesino, la diputada nacional Ximena García (UCR) presentó un pedido de informes por los incumplimientos de Santiago del Estero a la cuota hídrica del río Salado. Esta situación, dijo la legisladora, se debe a la bajante provocada por la retención de aguas arriba en el azud de Colonia Dora (Santiago del Estero) y la extracción por bombas clandestinas a lo largo del cauce hasta el límite con Santa Fe, según constató el gobierno provincial, todo esto agravado por la falta de lluvias en la zona. "El norte santafesino está en peligro ya que existe el riesgo de que se produzca un agotamiento de la reserva de agua para tratamiento en el Departamento 9 de Julio", advirtió la diputada.
A través de un convenio que rige desde 1998, el Comité de la Cuenca del Río Juramento–Salado, cuyo rol primordial radica en la distribución de los caudales entre las provincias de Salta, Santiago del Estero y Santa Fe, determinó que la provincia no puede recibir menos de 3 m³/s, cuantía a la que hoy no se está llegando, por presuntos incumplimientos de las otras provincias que integran el Comité. A mediados de noviembre, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica nacional realizó mediciones constatando un aumento de los caudales en el límite de Salta y Santiago del Estero, y una importante reducción de caudales en el tramo del río Salado.
"En el límite interprovincial entre Santiago del Estero y Santa Fe se registraron caudales de 1,02 m³/s, y de 0,68 m³/s aguas abajo del Azud de Tostado. Estos niveles provocados en gran parte por presencia de una bomba de extracción de alta potencia, y alrededor de 44 tomas puntuales, según constató el gobierno de Santa Fe, dificultan la preservación de los recursos naturales de la región, y ponen en peligro el abastecimiento de agua potable para la población”, señaló García.
En el pedido de informes, la diputada pregunta al Ejecutivo nacional qué intervención tuvo la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, miembro del Comité, en los reiterados y sistemáticos conflictos generados por la merma unilateral e intencional que la provincia de Santiago del Estero provoca sobre el caudal del río Salado, y qué medidas ha tomado o tomará ante el conflicto actual. Además, quiere saber si se están realizando las mediciones de control necesarias a fin de garantizar el cumplimiento del Convenio interprovincial que exige que se registre un caudal de 3 m³/s en el límite entre Santiago del Estero y Santa Fe.
La diputada pide conocer qué sanciones se han aplicado, o se prevé aplicar, a las provincias que por si, o a través de sus vecinos, incumplen el convenio sobre caudales, y en qué estado se encuentra la reglamentación de la Ley 28.688 - de Gestión Ambiental del Agua - sancionada en 2002. "Santiago del Estero debe cumplir con sus compromisos asumidos de entrega de agua y no afectar las necesidades básicas de la ciudadanía santafesina", planteó García.
