El ex jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, suma ahora una nueva imputación: no avanzar en la investigación por contaminación contra una ex petroquímica del cordón industrial santafesino.  Ahora Serjal es acusado de "proteger" a la ex petroquímica Electroclor de Capitán Bermúdez y será oficialmente imputado en una audiencia fijada para el 23 de diciembre a las 10.30 en San Lorenzo.

"Esto surge a partir de una investigación que se hizo por pedido de una Fiscalía de Santa Fe sobre una irregularidad que ya se había advertido en un decreto que había dictado Serjal que tenía unos numeración bis y que fue la famosa causa de los Toyota", explicó ayer la fiscal regional María Eugenia Iribarren. "A partir de allí se nos pidió un informe sobre si era común esa numeración por lo cual nosotros hicimos una revisión del protocolo de resoluciones y detectamos otra resolución que tenía un número bis . En este caso es precisamente donde el fiscal regional le da una instrucción particular a un fiscal para que aplique un criterio de oportunidad en una causa en donde había contaminación ambiental, que es de interés público, por lo cual no sería de aplicación este criterio" profundizó Iribarren.

"Entonces se empezó una investigación que tiene asignada a los mismos Fiscales que están investigando a Serjal y en base a eso es la nueva imputación que implica poner una numeración bis a un decreto lo que genera una sospecha porque no se siguió una numeración correlativa. No hay explicación de porqué no se insertó una resolución de la misma manera que son todas las otras, y  ésta era una resolución que al igual que la otra llamaba la atención. Más aún cuando uno analiza el contenido de esa resolución, donde un fiscal regional le da a un fiscal de grado a cargo una causa de las características una orden, cuando la relevancia la tiene la contaminación ambiental, se empezó detectar que era irregular esa situación de numeración bis, y fue una alerta, un llamado atención para que nosotros pudiéramos analizar el contenido de esa resolución", explicó la fiscal regional.

En rigor al ex jefe de los fiscales, lo investiga otra vez la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que cita además a los empresarios Sergio Tasselli y Matías Gallegos, por la petroquímica.

Sospechan que Serjal habría ordenado al fiscal Juan Carlos Ledesma que archive la causa contra Electroclor, a pesar de la prueba colectada. Los problemas ambientales que habría generado la ex Electroclor datan de largo tiempo, al menos desde 2006. Pero en 2018 se generó un antecedente de peso tras el allanamiento en septiembre del predio, cerrado en 2013, por presunto daño ambiental.

En la provincia de Santa Fe, Taselli tiene presencia en la Usina Sorrento y cerró la Petroquímica Bermúdez y el molino harinero Bruning en San Jorge; pero además se quedó con algunas de las privatizaciones menemistas que terminaron invariablemente mal.

Taselli marchó preso en agosto de 2018 en la llamada causa de los cuadernos, por las supuestas coimas de la obra pública. Y recuperó la libertad a fines del mes siguiente.

El empresario adquirió a fines de los 90 la ex Electrocolor, empresa que cerró durante las penurias de la década menemista, y la rebautizó como Petroquímica Bermúdez. Otra vez se repitió la misma mecánica, arreglando lo mínimo e indispensable de la planta de Capitán Bermúdez, retomó la producción hasta que la seguridad fue insostenible, con lo que clausuró la fábrica en 2013.

El detalle de este caso fue el accionar mafioso contra los trabajadores que resistían la quiebra. Mientras los obreros ocupaban la fábrica, un grupo de desconocidos incendió un sector de la empresa, vandalizó oficinas e incluso descargó una feroz balacera contra la industria. Hoy la planta está abandonada y son recurrentes los informes que advierten del peligro ambiental que genera la falta de mantenimiento ya que quedaron químicos en los tanques, tubos y cañerías de la petroquímica.

En 2019 Serjal quedó en la mira de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura cuando archivó una causa contra un empresario al que luego le compró dos autos cero kilómetro por dos millones de pesos, en una causa investigada por la Unidad de Delitos Económicos.

La pesquisa se inició por una denuncia del empresario Omar Santero, de Carrocera Sudamericana, contra Rómulo González, titular de la concesionaria Auto Rosario por los delitos de retención indebida, fraude y administración infiel. En abril de 2019 los fiscales del caso Natalia Benvenuto y David Carizza desestimaron la denuncia y Serjal confirmó el archivo en junio de ese año. Menos de un mes después del archivo Serjal compró dos autos Toyota cero kilómetro en esa concesionaria.