El Juzgado Federal 1 de Salta procesó al empresario Marcos Levín como “instigador” de secuestros y torturas en perjuicio de 17 de sus empleados en La Veloz del Norte. La resolución del juez Julio Bavio alcanzó también al ex jefe de Personal de la empresa José Antonio Grueso, al comisario Víctor Hugo Almirón y al oficial auxiliar Enrique Víctor Cardozo, que actuaron en la Comisaría 4ª de la capital provincial.

En coincidencia con lo requerido por el fiscal Carlos Martín Amad, el juez entendió que Grueso debía responder por los mismos delitos, pero en calidad de “partícipe necesario”, Cardozo como “coautor” y Almirón en carácter de “autor mediato”. También impuso un embargo para Levín por la suma de 1.200.000 pesos y para el resto la mitad de esa suma. Levín suma así su tercer procesamiento por delitos de lesa humanidad, con una condena de 12 años de prisión en la primera causa.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, lo dispuesto por el juez Bavio surge de una investigación que se desprendió de la primera causa penal seguida contra Levín, Almirón, Cardozo y otro ex jefe policial, elevada a juicio el 19 de marzo de 2014 por los mismos delitos. En ese tramo de la investigación, en el que se juzgó el caso de un ex delegado gremial de la empresa de transporte, el Tribunal Oral Federal 1 condenó a Levin a doce años de prisión. En ese juicio, se produjeron pruebas claves que posteriormente fueron incorporadas a la investigación de los hechos cometidos en perjuicio de los restantes ex trabajadores de La Veloz del Norte.

A partir de la presentación de testimonios, el juez entendió que Levín junto a Grueso, Almirón y Cardozo había montado una maquinaria para perseguir y someter a torturas a los empleados que demostraban simpatía con el delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), quien era, en ese entonces, la cabeza visible del reclamo de los trabajadores de su empresa.

Mediante este “modus operandi” se confeccionaban listas de choferes y otros trabajadores, quienes eran detenidos ilegalmente, para luego confluir en las instalaciones de la ex Comisaría 4ª, donde eran sometidos a todo tipo de torturas, con lo cual buscaban amedrentarlos para que dejen de apoyar los reclamos gremiales, o bien, los obligaban a confesar supuestos robos o fraudes cometidos en contra de la empresa.

Los hechos sucedieron en 1977 y fueron enmarcados por el juez como delitos de lesa humanidad perpetrados en el marco del terrorismo de Estado.