Como estaba previsto, los senadores aprobaron el proyecto enviado por el Ejecutivo, y que venía con media sanción de Diputados, que reforma la ley 6294, de regalías mineras de la provincia, a pesar de la oposición de los pueblos del departamento de Los Andes.

En un extenso debate en el recinto, con declaraciones en contra y un dictamen en minoría presentado por el senador de Los Andes, Martín Arjona. La Cámara alta decidió avanzar con su aprobación apremiada por los tiempos del Ejecutivo provincial, que conformó el presupuesto en base a los porcentajes de regalías que aún no estaban vigentes.

De hecho, el miércoles el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas del gobierno provincial, Pablo Outes, se había presentado ante los legisladores para dar explicaciones, pero una semana antes, la comisión de minería había recibido a los representantes de los pueblos Atacama y Kolla, quienes entregaron un petitorio solicitando que no se apruebe la ley por considerar que les quitarán los recursos económicos, sumados a la destrucción de los recursos naturales que provoca la minería.

El senador José Ibarra, que defendió la reforma de la ley, reconoció que llegó hace apenas dos semanas desde Diputados y que reduce el índice de las regalías de los municipios productores del 50% al 11,25% y al 6,25% para las localidades del departamento sin yacimientos. Pero lo defendió en cuanto “se hace para regular y controlar mejor el negocio”, que crecerá a partir del año que viene, ya que las empresas pasaron de la etapa de exploración a la de extracción y producción.

También sostuvo que de esa manera, el Ejecutivo provincial garantizará obras de infraestructura en la zona y generará desarrollo en toda la provincia al estar contemplado un 2,5% para los municipios de departamentos no productores.

Martín Arjona, claramente disgustado, se opuso a la propuesta al indicar que no tuvo el análisis suficiente para su implementación a futuro, ya que afectará a “todos los habitantes de esos pueblos”. Y solicitó que el proyecto junto a su dictamen de minoría vuelvan a comisión para ser tratados con mayor profundidad y afirmó que un proyecto de esa envergadura debe ser debatido por legisladores, intendentes, organizaciones sociales y, principalmente, los pueblos originarios, “que son los que ancestralmente vivieron allí y siempre fueron los más afectados y postergados”.

El representante por Los Andes, a su vez, subrayó que se debería también avanzar en regular las condiciones laborales de los trabajadores tercerizados, “que no están encuadrados en el régimen de minería” y añadió que es menester sancionar una Ley de Reparación Histórica de la Puna, que reconozca los daños que produce ese tipo de explotación al agua y el suelo.

Por último, lamentó que no se cumplió con la Consulta Previa, Libre e Informada que indica la Constitución y los tratados internacionales que firmó la Argentina, y explicó que su proyecto propone otro esquema de reparto de las regalías, con un 35% para los municipios de los cuales el 18% sea para las localidades productoras, el 7,5% para aquellas no productoras del departamento y del 6,5% para las poblaciones de departamentos no productores. Y se destinaría un 2,5% para un Fondo de Fortalecimiento de las Comunidades y se mantendría el 10% para el Fondo Especial de Promoción Minera, con lo que a las arcas provinciales llegaría el 55% y no el 70% como establece la ley que en definitiva se sancionó.

En tanto que el senador por Rosario de Lerma, Sergio Ramos, reclamó que se debía incluir a Campo Quijano entre los municipios que reciben al menos el 6,25% por ser uno de los afectados por esa explotación. “Allí lavan los camiones en los ríos y tiran los desechos en el camino”, denunció.

También se sumó a lo expuesto por Arjona en cuanto a los tiempos que se dio al proyecto para debatirlo, “llegó casi sin debate y a fin de año con apuro para aprobarlo”, lamentó.

El único en expresar su apoyo al senador por el departamento los Andes fue su par de Rosario de la Frontera, Javier Mónico, quien argumentó a favor de la autonomía de los pueblos a la hora de decidir sobre sus riquezas y por lo tanto se inclinó a favor del dictamen de minoría que de todas maneras no avanzó.

Tras sancionarse la reforma, Arjona presentó un proyecto de Declaración que fue aprobado por unanimidad solicitando al Poder Ejecutivo que realice las tareas de mantenimiento y mejora de las rutas del departamento.

Y al finalizar la sesión, pidió la palabra para aclararle al presidente de la Cámara, Antonio Marocco, y a sus pares, que las comunidades de pueblos originarios de su región “están muy dolidas por la decisión tomada hoy”, y repudió al fiscal de turno por enviar a Infantería al corte de ruta y prohibir que se manifiesten, “los están tratando como a delincuentes, pero están reclamando por algo justo, estoy con ellos y les mando mi solidaridad desde acá”, concluyó emocionado.

A la justicia

Los referentes de las comunidades Kolla y Atacama denunciaron que Infantería les impidió realizar el corte de ruta que habían anunciado un día antes como medida de protesta al no ser escuchados por los representantes de la Legislatura, y aseguraron que realizarán una denuncia a la Justicia Federal y a organismos internacionales al interpretar que no se respetó su derecho a dar su consentimiento y a la consulta previa e informada que les otorga la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al que adhirió el país.