¿Es viable un país que ofrece más de 90 exenciones impositivas nacionales, provinciales y municipales, 32 regímenes fiscales de promoción, planes de facilidades de pago para los deudores y transferencias al sector privado durante 2021 por una suma equivalente a 4 puntos del PIB? Enumerar linealmente los programas y beneficios tributarios resulta casi tan ridículo como la sumatoria de los impuestos y tasas realizado y difunde el Instituto Argentino de Analisis Fiscal (IARAF), el emprendimiento del economista ultraortodoxo Nadin Argañaraz.

La medición que sostiene que existen 165 impuestos tiene un solo objetivo: deslegitimar y horadar la capacidad redistributiva del Estado argentino. La ignorancia obstinada suele ser una manifestación de las motivaciones políticas subyacentes. A continuación se detallan algunas de las debilidades y errores más evidentes del relevamiento elaborado por el IARAF.

En primer lugar debe mencionarse que cantidad de impuestos es una medida muy poco adecuada para sacar conclusiones. Así como en algunos casos es deseable tener tributos transversales, en otras situaciones se pretende acotar el hecho imponible a cuestiones específicas (como, por ejemplo, los impuestos a los cigarrillos o las apuestas).

¿Alguien estaría de acuerdo con eliminar el impuesto al tabaco -que se destina íntegramente a subsidiar la producción tabacalera y actividades relacionadas- para reducir el precio de los cigarrillos y tomar recursos de otras fuentes para constituir el Fondo del Tabaco? Sin dudas permitiría que algunos sectores celebraran un recorte en el listado de impuestos pero implicaría dinamitar consensos y poner en riesgo miles de empleos. Lo mismo sucede con las bebidas alcohólicas que, por cierto, están contabilizadas dos veces en el informe del IARAF. La escasa rigurosidad se relaja aún más para abultar el listado al contemplar como impuestos diferentes a Ganancias sobre las personas humanas y sobre las personas jurídicas.

En segundo lugar, vale aclarar, que el “peso” de la mayoría de los impuestos es muy acotado. El 90 por ciento de la recaudación tributaria proviene de 10 impuestos: IVA, Seguridad Social (aportes y contribuciones se contabilizan por separado), Ganancias, Ingresos Brutos, Derechos de exportación, débitos y créditos, combustibles y tasa de seguridad e higiene. Todos son impuestos nacionales a excepción de ingresos brutos (provincial) y tasa de seguridad e higiene (municipal).

En ese sentido, el rasgo que sobresale del informe de IARAF es la ausencia (siempre intencional y funcional a la deslegitimación potencial redistributivo del Estado) de instrumentos para ponderar la incidencia de las tasas e impuestos: 11 de los 24 impuestos/tasas provinciales que enumera (y suma sin criterio alguno), se cobran solo en una provincia y la mayoría de ellos son sobre algunas actividades específicas como: actividades de hipódromos, productos forestales, tasa por depósito de mercadería en infracción, tasa de limpieza de ferias. Sin embargo, para este informe, todos valen uno.

Del mismo modo sucede con los municipales: solo 5 de las 85 tasas que forman parte del listado son de cobro generalizado mientras que 34 de ellas se cobran solo en un municipio y generalmente recae sobre alguna actividad específica como la tasa por desagote de pozos ciegos, contribución por uso del vertedero municipal, contribución por el uso de playas y riberas, etc.

Por último, no tiene sentido sumar los impuestos que recaen sobre poblaciones excluyentes: si uno paga la tasa de alumbrado público en San Salvador de Jujuy, en qué cambia que un municipio de Córdoba cree uno sobre la señalética o incluso el denominado “impuesto al viento” de Puerto Madryn

El informe del IARAF es un insumo que apalanca el reclamo permanente de reducción en la presión tributaria, una demanda ideológica que tampoco resiste demasiado análisis. No existe evidencia de que una rebaja de impuestos redunde en mayor crecimiento ni en el fortalecimiento del entramado empresarial ni productivo. La pandemia volvió a poner de manifiesto, para quienes no es esencial, la importancia de contar con un Estado activo y presente. Se requiere una rápida capacidad de respuesta tanto en materia de asistencia económica y social, como en el plano sanitario para hacer frente a los desafíos que este contexto impone. La obtención y asignación de los recursos es un aspecto fundamental. 

* Contadora.