El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y otros ocho querellantes en la causa por espionaje ilegal que se instruye en Lomas de Zamora se presentaron ante el juez Juan Pablo Augé pidiendo el procesamiento de Juan Sebastián De Stéfano, la cabeza de la Dirección de Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En pocas oportunidades se produce tal coincidencia de querellantes, además encabezados por el Colegio. Y el paso es de máxima importancia porque De Stéfano se presentó ante el juez, sostuvo que es incompetente y se negó a declarar alegando que no entendía los cargos que se le formulaban.

Entre los querellantes que firmaron el pedido de procesamiento están Eduardo Awad del CPACF, representado por Mario Filosof y Darío Busso; Daniel Llermanos, en representación de Pablo y Hugo Moyano; Alejandro Rúa, por Amado Boudou, Roberto Baratta y José María Nuñez Carmona; Rafael Resnick Brenner y Jorge Chueco, que fueron espiados en el penal de Ezeiza; Adrián Albor, por Luis D’Elía y Javier Raidan por el entonces intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Lo que sostienen los querellantes es que De Stéfano puso por delante el conflicto de competencia para dilatar la causa y que, a diferencia de los otros imputados, que plantearon la cuestión de la competencia, se negó a prestar la declaración indagatoria alegando que no se entienden las imputaciones. El razonamiento de los querellantes es que resulta difícil de creer que el titular de Jurídicos de la AFI no entienda y que sí entiendan los demás que prestaron declaración indagatoria.

“La detallada prueba es más que suficiente y por ahora nos remitimos a la misma -señalan los querellantes-, ya por la etapa en que se encuentra el expediente, ya porque el abogado De Stéfano no ha brindado ni una palabra que permita descartar lo que hasta aquí es un cúmulo de elementos cargosos, que imponen el avance de la instrucción con el dictado del correspondiente PROCESAMIENTO”.

De acuerdo a la evidencia de la causa, De Stéfano fue una pieza clave en el andamiaje de espionaje ilegal, porque la Dirección de Jurídicos de la AFI fue acumulando más competencias dentro de la Agencia, ocupando más espacios y más personal, en línea con la ofensiva lanzada contra los opositores también a través de la justicia.